“No son casos aislados, en todas partes cuecen habas”, ha afirmado
Joan Martínez Alier. Alier es el coordinador del Atlas de Justicia
Ambiental, un proyecto que nació en la Universidad Autónoma de Barcelona
con el que se pretende visualizar los diferentes conflictos sociales
desarrollados en torno al medio ambiente en todo el mundo.
Un “work in progress”, según ha señalado Alier, en el que se han
recopilado hasta ahora 1.729 conflictos repartidos por todo el mundo y
que en los próximos cinco años esperan que reúna hasta 3.000 casos
gracias a una subvención de 2 millones de euros del Consejo de
Investigación Europeo.
Extracción de minerales, de gas, de petróleo.
Pero también en relación con el transporte, el derecho al territorio,
las plantaciones de soja, la gestión de los residuos o las fumigaciones
con glifosato. “Hemos visto también las expresiones y vocabularios que
utilizan los movimientos, como la ‘sand mafia’ en India.
El atlas
permite, por el momento, búsquedas de conflictos por países, por la
mercancía o tema objeto del conflicto –el derecho al territorio es el
tema con más conflictos relacionados por todo el mundo, con 495 casos
mostrados en este mapa, seguido por el agua, con 300 casos–, o por
empresas –Shell, Nigerian Petroleum Corporation y Chevronson las que
aparecen con más conflictos relacionados–.
También está planeada
la publicación de mapas transversales sobre conflictos relacionados con
los residuos en el que se incluyan los casos sobre incineradoras de las
cementeras o casos como el de Bogotá, en donde las cooperativas de
recolectores de basura para reciclaje fueron sustituidos por una empresa
de servicios, hasta que, tras 10 años de lucha, consiguieron que la
Corte Constitucional les reconociera como proveedores de este servicio
público.
“En los tiempos que corren parece que no hay salida, pero este mapa muestra el empoderamiento de la sociedad y el papel que la sociedad civil
toma”, ha señalado Samuel Martín-Sosa, responsable del área
internacional de Ecologistas en Acción, una de las organizaciones que ha
colaborado en la recopilación de casos que recoge este atlas.
Martín Sosa ha recordado también a la activista medioambiental Berta Cáceres,
asesinada hace dos meses a raíz de su lucha contra la construcción de
una presa en Honduras. “Casos como éste pasan a diario”, ha lamentado el
activista.
España en el atlas
“En España, el movimiento
ecologista eclosionó, sobre todo, a partir de la transición”, explica
Amaranta Herrero, coordinadora de los casos españoles. En este momento,
el atlas muestra 59 conflictos en el Estado español.
“Son conflictos que cuentan historias, muestran a la sociedad civil
como un motor de cambio social y ambiental que contrarresta con tener
un gobierno anclado en concepciones anacrónicas”, señala Herrero, quien
explica que los casos recogidos en el atlas son un “botón de muestra”.
Dos
de los casos españoles mostrados en España, ambos en la Comunidad de
Madrid, son el del desdoblamiento de la carretera 501 y el de la
incineradora de Morata de Tajuña.
“El desdoblamiento de la
carretera 501 en una de las zonas más valiosas a nivel medioambiental es
uno de los casos más emblemáticos de la lucha ecologista”, explica
Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción. Nieto señala que el conflicto
se remonta al año 1996, cuando la Comunidad de Madrid decide desdoblar
esta vía. Aunque el proyecto fue bloqueado a nivel legal, en 2006.
“En
esos años, estábamos en pleno boom de la economía española. Las
infraestructuras se construían fueran necesarias o no”, recuerda Nieto,
quien apunta que las personas que se opusieron al proyecto fueron
tachadas hasta de “asesinos”. “La presidenta de la Comunidad de Madrid
nos recriminó que nos importaran más los pajaritos que las vidas de las
personas, aportando datos falsos sobre accidentes en esa carretera”.
Cuando
en 2008, desde Ecologistas en Acción solicitaron la paralización de las
obras, el Tribunal Superior de Justicia les pidió una fianza de cerca
de 500.000 euros. “Hicimos una recogida de dinero, pero la Comunidad de
Madrid aceleró las obras y éstas terminaron antes de que reuniéramos el
medio millón de euros. Nos encontramos en una situación de victoria
moral: la carretera está construida y pedimos que se desmantele, que se
aplique la sentencia”.
El de la incineradora de Morata de Tajuña
es el otro caso expuesto durante la presentación del atlas. “La
cementera ya llevaba algún tiempo, pero desde 2002 aumentó la lucha
vecinal porque con el boom de la construcción las emisiones habían
aumentado. También se supo de la intención de instalar una central térmica”, explica Nieto.
Cuando
en 2013 cayó la construcción, la central de Portland Valderribas (FCC)
bajó su producción de cemento. Para reducir su gasto en combustible, lo
sustituyó por la quema de residuos. “Es como los famosos neumáticos de Seseña, Cospedal dice que durante su gobierno se sacaron de ahí, pero porque fueron llevados a la cementera”.
A
pesar de que informes, como el Atlas de la Mortalidad, muestra cómo en
este municipio, las muertes relacionadas con problemas respiratorios son
mucho mayores que la media española, no se ha puesto freno a la quema
de residuos de todo tipo. “La sensación es de un total abandono”,
lamenta Nieto.
Ecoportal.net
El Diagonal
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