En Venezuela las leyes se dictan o promulgan en la Asamblea Nacional, esa instancia que hoy está en manos de los poderes proempresariales y prohegemónicos. Los revolucionarios de este país deberíamos estarnos preparando para analizar esas eventuales leyes y desconocerlas, en caso de que superen el filtro de la aprobación presidencial.
Sería incongruente y trágico aceptar dócilmente una legalidad que nos hiciera regresar a la ignominia de la Cuarta República, ese mamotreto de la historia que puede quedar superado en perversidad y decadencia por un engendro en proyecto: la Sexta República.
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Aquí arriba se dijo: "en caso de que (las leyes que vienen) superen el filtro de la aprobación presidencial", porque la cosa es así. La Asamblea emite leyes y las envía al Poder Ejecutivo. Éste las devuelve aprobadas o con observaciones. De la misma manera, el Ejecutivo debe solicitar el visto bueno de la Asamblea para poder ejecutar algunas acciones de Gobierno. Si cada una de esas instancias del Estado se mantiene firme en su decisión de no permitirle a la otra cumplir su rol, en Venezuela será técnica y procedimentalmente imposible legislar (misión de la Asamblea) y gobernar (misión del Ejecutivo). Estaremos entonces a las puertas de una situación en la que el tercer actor, el más importante y decisivo de los factores del Estado (el Poder Popular, los ciudadanos, usted y yo) deberá fijar posición respecto a la legitimidad de las acciones de sus mandatarios.