martes, 4 de junio de 2013


04-06-2013

Proclama de movimientos sociales y organizaciones sobre las propuestas de la I Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos afectados por intereses transnacionales
Entidades sociales contra los Tratados Bilatarales de Inversión

Minga Informativa


Como movimientos y organizaciones sociales consideramos que los Acuerdos Internacionales de Inversiones (AII) –como son los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y los capítulos de inversiones en los Tratados de Libre Comercio (TLC) y otros tipos de acuerdos similares llamados de “asociación”– son parte de la arquitectura de impunidad de las empresas transnacionales. Como tal amenazan los derechos de los pueblos y de la naturaleza, la soberanía y constituciones de las naciones, la democracia y el interés público.

Estos acuerdos consolidan aún más la asimetría de la ley donde los derechos y el poder de las corporaciones están protegidos por una "ley dura" y priman sobre los derechos de los pueblos y comunidades. Creemos que los Estados nacionales deben tener no sólo la obligación sino también la plena libertad de establecer y aplicar legislaciones y políticas públicas a favor de los pueblos y el medio ambiente y en cumplimiento de sus responsabilidades en materia de derechos humanos, sin la amenaza de coacciones y demandas del capital transnacional.

Por eso, desde hace muchos años impulsamos y formamos parte de campañas a nivel nacional, regional e internacional como las luchas contra el Acuerdo Multilateral de Inversiones, el ALCA, la OMC y su ampliación, los TBI y los TLC de la Unión Europea, los Estados Unidos y Canadá con países llamados en vías de desarrollo; el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPPA, por su siglas en inglés); la Alianza Trasatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por su sigla en inglés). Asimismo, formamos parte de la Campaña continental contra los TBI y por una nueva arquitectura financiera y comercial, y de la Campaña global contra el poder corporativo, entre otras.

En este sentido, proponemos el avance de un marco legal de relaciones económicas internacionales alternativo, basado en principios democráticos, de solidaridad y justicia, y que priorice los derechos humanos y de la naturaleza sobre los intereses y las ganancias privadas. Este marco debe incluir obligaciones vinculantes para las empresas privadas y públicas respecto a los derechos humanos, económicos, laborales, sociales, y de respeto a la naturaleza. Se debe garantizar a los Estados sus derechos a la soberanía y la autodeterminación, incluyendo la posibilidad de implementar políticas públicas para la realización de esos derechos. En este contexto, cualquier acuerdo de inversiones también debe incluir a nivel interno de los Estados un mecanismo de participación pública y discusión democrática con representación de los sectores sociales involucrados.

Por tanto, las organizaciones firmantes:

• Expresamos nuestra solidaridad con los pueblos que sufren a diario los impactos y consecuencias de la acción de las empresas transnacionales privadas y públicas. Asimismo, reconocemos el esfuerzo de pueblos y gobiernos que han emprendido acciones concretas para impedir inversiones dañinas de empresas y asegurar que sea respetada su soberanía, su autodeterminación y los derechos de los pueblos.

• Manifestamos nuestro rechazo a las demandas de inversionistas y empresas transnacionales en tribunales internacionales, y particularmente a los fallos arbitrales multimillonarios en contra de los Estados; tribunales que en su inmensa mayoría sólo velan por los intereses del capital transnacional por sobre los intereses de los pueblos de los países demandados. Reiteramos nuestra solidaridad con los pueblos y países afectados, junto a nuestro reclamo de que los Estados anulen, denuncien y dejen de firmar o renovar los diversos acuerdos y tratados que los someten ilegítimamente a jurisdicciones extranjeras o a imposiciones que conculcan derechos.

• En ese mismo espíritu, saludamos la realización de la I Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos afectados por los intereses transnacionales, realizada en Guayaquil, Ecuador, el 22 de abril pasado, y mantenemos la esperanza de que sea una iniciativa que prospere en función de la necesidad urgente de poner fin a las inversiones transnacionales de capitales privados o públicos que no contribuyan al buen vivir de los pueblos y de la naturaleza.

• Tomamos nota de las diversas propuestas incluidas en la Declaración final de esa Conferencia, y respaldamos entre ellas la creación de un Observatorio Internacional sobre litigios en materia de inversiones, la constitución de la Conferencia permanente de Estados Latinoamericanos afectados por intereses transnacionales, y la búsqueda de acuerdos globales entre los países del Sur que refuercen la defensa de nuestros pueblos y países frente a la acción de las empresas transnacionales; y nos comprometemos a contribuir a este proceso con nuestra experiencia, observaciones y recomendaciones.

Nos mantendremos vigilantes para que esto se concrete, aspirando a que esta iniciativa no se limite a corporaciones transnacionales privadas, sino que abarque también a las empresas transnacionales estatales, así como un mecanismo de reparación integral para con los pueblos y la naturaleza.

• Tomamos nota en particular que la Declaración hace referencia a la necesidad de crear mecanismos permanentes de interlocución con las organizaciones y movimientos sociales. Consideramos que tales mecanismos puedan ser un paso propicio hacia la creación y consolidación de un proceso de participación directa de los pueblos y movimientos, y ofrecemos el conocimiento y capacidad de nuestros movimientos y organizaciones acumulado durante décadas de trabajo para contribuir en la tarea planteada. Quedamos pendientes de la convocatoria a un diálogo inicial sobre cómo avanzar en la concreción de estos mecanismos.

• En ese mismo contexto de interlocución, solicitamos puntualmente se nos facilite la información relacionada con las propuestas que se están avanzando, como el mecanismo regional de solución de disputas inversor-Estado actualmente en negociación en la UNASUR, para así poder tener una participación sustantiva al respecto.

Véase las firmas de más de 120 redes, plataformas y organizaciones de cinco continentes en: http://www.enlazandoalternativas.org/IMG/pdf/Proclama_sobre_Reunion_Ministros_Guayaquil.

Implicaciones geopolíticas del ingreso de Colombia a la OTAN







Implicaciones geopolíticas del ingreso de Colombia a la OTAN

Atilio Boron

ALAI AMLATINA, 04/06/2013.- El anuncio del presidente de Colombia Juan Manuel Santos de que “durante este mes de Junio suscribirá un acuerdo de cooperación con la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) para mostrar su disposición de ingresar a ella” ha causado una previsible conmoción en Nuestra América. Lo pronunció en un acto de ascensos a miembros de la Armada realizado en Bogotá, ocasión en la cual Santos señaló que Colombia tiene derecho a "pensar en grande", y que él va a buscar ser de los mejores "ya no de la región, sino del mundo entero". Continuó luego diciendo que "si logramos esa paz –refiriéndose a las conversaciones de paz que están en curso en Cuba, con el aval de los anfitriones, Noruega y Venezuela- nuestro Ejército está en la mejor posición para poder distinguirse también a nivel internacional. Ya lo estamos haciendo en muchos frentes", aseguró Santos. Y piensa hacerlo nada menos que asociándose a la OTAN, una organización sobre la cual pesan innumerables crímenes de todo tipo perpetrados en la propia Europa (recordar el bombardeo a la ex Yugoslavia), a Libia y ahora su colaboración con los terroristas que han tomado a Siria por asalto.

Jacobo David Blinder, ensayista y periodista brasileño, fue uno de los primeros en alarmarse ante esta decisión del colombiano. Hasta ahora el único país de América Latina “aliado extra OTAN” era la Argentina, que obtuvo ese deshonroso status durante los nefastos años de Menem, y más específicamente en 1998, luego de participar en la Primera Guerra del Golfo (1991-1992) y aceptar todas las imposiciones impuestas por Washington en muchas áreas de la política pública, como por ejemplo desmantelar el proyecto del misil Cóndor y congelar el programa nuclear que durante décadas venía desarrollándose en la Argentina. Dos gravísimos atentados que suman poco más de un centenar de muertos –a la Embajada de Israel y a la AMIA- fue el saldo que dejó en la Argentina la represalia por haberse sumado a la organización terrorista noratlántica.

El status de “aliado extra OTAN” fue creado en 1989 por el Congreso de los Estados Unidos –no por la organización- como un mecanismo para reforzar los lazos militares con países situados fuera del área del Atlántico Norte pero que podrían ser de alguna ayuda en las numerosas guerras y procesos de desestabilización política que Estados Unidos despliega en los más apartados rincones del planeta. Australia, Egipto, Israel, Japón y Corea del Sur fueron los primeros en ingresar, y poco después lo hizo la Argentina, y ahora aspira a lograrlo Colombia. El sentido de esta iniciativa del Congreso norteamericano salta a la vista: se trata de legitimar y robustecer sus incesantes aventuras militares -inevitables durante los próximos treinta años, si leemos los documentos del Pentágono sobre futuros escenarios internacionales- con un aura de “consenso multilateral” que en realidad no tienen. Esta incorporación de los aliados extra-regionales de la OTAN, que está siendo promovida en los demás continentes, refleja la exigencia impuesta por la transformación de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en su tránsito desde un ejército preparado para librar guerras en territorios acotados a una legión imperial que con sus bases militares de distinto tipo (más de mil en todo el planeta), sus fuerzas regulares, sus unidades de “despliegue rápido” y el creciente ejército de “contratistas” (vulgo: mercenarios) quiere estar preparada para intervenir en pocas horas para defender los intereses estadounidenses en cualquier punto caliente del planeta. Con su decisión Santos se pone al servicio de tan funesto proyecto.

A diferencia de la Argentina (que por supuesto debería renunciar sin más demora a su status en una organización criminal como la OTAN), el caso colombiano es muy especial, porque desde hace décadas recibe, en el marco del Plan Colombia, un muy importante apoyo económico y militar de Estados Unidos –de lejos el mayor de los países del área- y sólo superado por los desembolsos realizados en favor de Israel, Egipto, Irak y Corea del Sur y algún que otro aliado estratégico de Washington. Cuando Santos declara su vocación de proyectarse sobre el “mundo entero” lo que esto significa es su disposición para convertirse en cómplice de Washington, para movilizar sus bien pertrechadas fuerzas más allá del territorio colombiano y para intervenir en los países que el imperio procura desestabilizar, en primer lugar Venezuela. Es poco probable que su anuncio signifique que está dispuesto a enviar tropas a Afganistán u a otros teatros de guerra. La pretensión de la derecha colombiana, en el poder desde siempre, ha sido convertirse, especialmente a partir de la presidencia del narcopolítico Álvaro Uribe Vélez, en la “Israel de América Latina” erigiéndose, con el respaldo de la OTAN, en el gendarme regional del área para agredir a vecinos como Venezuela, Ecuador y otros -¿Bolivia, Nicaragua, Cuba?- que tengan la osadía de oponerse a los designios imperiales. Eso y no otra cosa es lo que significa su declaración.

Pero hay algo más: con su decisión Santos también pone irresponsablemente en entredicho la marcha de las conversaciones de paz con las FARC en La Habana (uno de cuyos avales es precisamente Venezuela), asestando un duro golpe a las expectativas de colombianas y colombianos que desde hace décadas quieren poner fin al conflicto armado que tan indecibles sufrimientos deparó para su pueblo. ¿Cómo podrían confiar los guerrilleros colombianos en un gobierno que no cesa de proclamar su vocación injerencista y militarista, ahora potenciada por su pretendida alianza con una organización de tintes tan delictivos como la OTAN? Por otra parte, esta decisión no puede sino debilitar –premeditadamente, por supuesto- los procesos de integración y unificación supranacional en curso en América Latina y el Caribe. La tesis de los “caballos de Troya” del imperio, que repetidamente hemos planteado en nuestros escritos sobre el tema, asumen renovada actualidad con la decisión del mandatario colombiano. ¿Qué hará ahora la UNASUR y cómo podrá actuar el Consejo de Defensa Suramericano cuyo mandato conferido por los jefes y jefas de estado de nuestros países ha sido consolidar a nuestra región como una zona de paz, como un área libre de la presencia de armas nucleares o de destrucción masiva, como una contribución a la paz mundial para lo cual se requiere construir una política de defensa común y fortalecer la cooperación regional en ese campo?

Es indiscutible que detrás de esta decisión del presidente colombiano se encuentra la mano de Washington, que paulatinamente convirtió a la OTAN en una organización delictiva de alcance mundial, rebalsando con creces el perímetro del Atlántico Norte que era su límite original. También se advertía la mano de Obama al impulsar, poco después de lanzada la Alianza del Pacífico (tentativa de resucitar el ALCA con otro nombre), la provocadora recepción por parte de Santos del líder golpista venezolano Henrique Capriles. Lo mismo puede percibirse ahora, con todas las implicaciones geopolíticas que tiene esa iniciativa al tensar la cuerda de las relaciones colombo-venezolanas; amenazar a sus vecinos y precipitar el aumento del gasto militar entre sus vecinos; debilitar a la UNASUR y la CELAC; alinearse con Gran Bretaña en el diferendo con la Argentina por Las Malvinas, dado que esa es la postura oficial de la OTAN. Y quien menciona esta organización no puede sino recordar que, como dicen los especialistas en el tema, el nervio y músculo de la OTAN los aporta Estados Unidos y no los otros estados miembros, reducidos al triste papel de simples peones del mandamás imperial. En suma: una nueva vuelta de tuerca de la contraofensiva imperialista en Nuestra América, que sólo podrá ser rechazada por la masiva movilización de los pueblos y la enérgica respuesta de los gobiernos genuinamente democráticos de la región. Esa será una de las pruebas de fuego que tendrán que sobrellevar en las próximas semanas.

- Dr. Atilio Boron, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED), Buenos Aires, Argentina www.atilioboron.com.ar
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FUENTES: http://alainet.org/active/6447
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