Nueva Sociedad
| Si al gabinete de Temer le faltan mujeres y negros, puede decirse que le sobran condenados, procesados e investigados |
Ninguna imagen podría
reflejar mejor lo que está sucediendo en Brasil que la primera foto de
familia del presidente interino Michel Temer con su gabinete: recién
salida del túnel del tiempo, la imagen es el retrato perfecto de la
«casa grande», de la vieja oligarquía que festejaba la recuperación
absoluta de un poder del que nunca fue desplazada del todo pero que
ahora no deberá compartir con nadie. Por primera vez desde la dictadura
militar, no había ninguna mujer, ninguna persona de piel negra, ningún
trabajador. Los nuevos ministros forman un grupo homogéneo de señores
mayores, ricos, blancos, cristianos, conservadores, terratenientes,
gerentes de bancos y empresarios con pocos cabellos, casi ninguna barba,
algunos pocos bigotes de estilo militar, varias causas por corrupción,
trajes caros y muchas corbatas repetidas.
Teniendo en cuenta los
datos del último censo, el economista Bruno Mandelli calculó que la
probabilidad estadística de seleccionar aleatoriamente 23 ciudadanos
brasileños (el número de ministros designados en su primer día de
gobierno por Temer) y que todos sean varones es de una en ocho millones.
Que todos sean varones y blancos, una en 64 billones. Pero en Brasil
pasan esas cosas: el diputado Fernando Lúcio Giacobo, del evangélico
Partido de la República, que ocupa la vicepresidencia de la Cámara y
votó a favor del impeachment de Dilma Rousseff, dice que ganó la
lotería 12 veces seguidas. Giacobo ascendió a vicepresidente cuando
Waldir Maranhão (otro con más prontuario que currículum), tuvo que
ocupar la presidencia porque el anterior presidente, Eduardo Cunha,
aliado de Temer («Las tareas difíciles se las encargo a Cunha», había
declarado el presidente interino) y principal impulsor del juicio
político a Rousseff fue apartado del cargo por decisión unánime de la
Corte Suprema. Cunha está procesado por corrupción pasiva, lavado de
dinero y evasión fiscal, y la justicia suiza informó a la brasileña que
tenía cuentas bancarias no declaradas en ese país con millones de
dólares que no puede explicar de dónde salieron. Delatores de la
operación «Lava jato» lo acusaron de haber recibido 52 millones de
reales (casi 15 millones de dólares) de coimas en 36 cuotas en apenas
uno de los casos en los que está siendo investigado. Cunha llegó a la
presidencia de la Cámara derrotando a los candidatos del oficialismo y
la oposición de derecha, apoyado por el «bajo clero» parlamentario y los
bloques evangélico, ruralista y de la «mano dura», gracias a las
generosas donaciones de campaña que negociaba para diputados de
diferentes partidos como lobista de empresas y corporaciones. El lavado
de dinero de la corrupción lo hacía a través de iglesias evangélicas y
empresas off shore en paraísos fiscales. Llegó a la cima
del poder en los años 90 con PC Farias, el cajero de Collor de Melo, fue
el principal arquitecto político del golpe contra Dilma y ahora está a
un paso de ir preso.
Si al gabinete de Temer le faltan mujeres y
negros, puede decirse que le sobran condenados, procesados e
investigados. Siete de los veintitrés están citados en el expediente
Lava jato, sospechados de haber recibido coimas de empresas
constructoras. No alcanzan los caracteres de esta nota para detallar el
prontuario completo del equipo del presidente interino, así que daremos
apenas algunos ejemplos.
El jefe de gabinete, Eliseu Padilha, está
acusado por el Ministerio Público por ordenar pagos por dos millones de
reales (560.000 dólares) con sobreprecios a una empresa cuando fue
ministro de Transportes de Fernando Henrique Cardoso. «Tratamos de
buscar mujeres para el gabinete, pero no fue posible», fue una de sus
primeras declaraciones a la prensa tras asumir su nuevo cargo. El
ministro de Turismo, Henrique Eduardo Alves, aparece en conversaciones
telefónicas de Cunha con el presidente de la constructora OAS, grabadas
por la justicia, mencionado como beneficiario de coimas y también fue
delatado por el «arrepentido» Paulo Roberto Costa, exdirectivo de
Petrobrás, con quien se reunió varias veces según los registros de la
empresa. A fines del año pasado, la Policía Federal allanó su vivienda.
Investigado
por la Corte a pedido de la Procuración General de la República, el
ministro de Planificación, Romero Jucá, uno de los hombres más cercanos a
Temer, fue acusado por el presidente de la constructora UTC de haber
pedido a la empresa un millón y medio de reales (unos 420.000 dólares)
por la adjudicación de la construcción de una usina nuclear. También
está acusado de recibir otros quince millones de reales (4.200.000
dólares) de coima en otro caso, investigado en el marco de la operación
«Zelotes» de la Policía Federal. Pero a poco de asumir, Jucá tuvo que
renunciar por una grabación divulgada por la Folha de São Paulo en la que se lo escucha negociando, antes de la votación del impeachment de Rousseff, un acuerdo para acabar con las investigaciones del petrolão:
«Hay que cambiar el gobierno y parar esta sangría», dice claramente. En
otra parte del diálogo con un exdirectivo de Petrobras, Jucá asegura
que conversó con jueces de la Corte, con generales de las Fuerzas
Armadas y con Temer y que la única forma de parar las investigaciones
era destituyendo a la Presidenta y haciendo un «pacto nacional» para
«parar todo». Y agrega: «Mientras Dilma esté ahí, esta porra no
termina nunca». Se acusaba a la presidenta suspendida de no presionar a
la policía y a los fiscales y permitir que investiguen a la clase
política. El acuerdo era poner a Temer en su lugar y proteger a todos
los políticos investigados.
Al flamante secretario de Gobierno de
la Presidencia, Geddel Vieira Lima, la Policía Federal lo investiga por
negociar coimas con la constructora OAS. En el celular de un directivo
de la empresa que está detenido aparecen varios mensajes de texto
intercambiados con el ministro negociando contratos y comisiones. Bruno
Araújo, el diputado del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB,
centroderecha) que dio el voto número 342, decisivo para el inicio del
juicio político a Dilma, fue premiado por Temer con el Ministerio de las
Ciudades. Y también está siendo investigado: su nombre aparece en la
planilla que la «gerencia de coimas» de la constructora Odebrecht usaba
para registrar los pagos a políticos, secuestrada en un allanamiento en
la sede de la compañía. También aparece en esa lista el nuevo ministro
de Salud, Ricardo Barros, condenado en 2001 por la justicia por fraude
al Estado cuando era intendente de su ciudad. Y también el nuevo
Ministro de Educación, Mendonça Filho, exdiputado del derechista
Demócratas (DEM), partido heredero del viejo Alianza Renovadora Nacional
(ARENA), fundado por los partidarios de la última dictadura militar. En
2009, Mendonça Filho fue investigado en el marco de la operación
«Castelo de Areia» de la Policía Federal por haber recibido 100.000
reales (28.000 dólares) de la constructora Camargo Corrêa. Condenado por
el desvío de 133 millones de reales (37 millones de dólares) de los
comedores escolares de Alagoas cuando era ministro de Educación de ese
estado, Mauricio Quintella fue elegido por Temer para el Ministerio de
Transportes. La lista podría seguir.
Pero el género, el color
de piel y la corrupción no son los únicos denominadores comunes del
gobierno «interino» de Temer: su gabinete es el más conservador,
elitista y derechista desde la época de la dictadura. El ministro de
Agricultura, Blairo Maggi, «premiado» por Greenpeace con los títulos
«motosierra de oro» y «enemigo público número uno del medio ambiente» en
2006, es uno de los herederos del Grupo André Maggi, uno de los mayores
productores de soja del mundo, y representa los intereses del
agronegocio en el nuevo gobierno (que también estaban muy bien
representados en el anterior por la exministra de Dilma, Kátia Abreu).
El ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, simboliza como pocos la
política de mano dura y represión contra movimientos sociales; fue
responsable por la represión a los estudiantes secundarios en San Pablo,
está acusado de falsificar las estadísticas de homicidios cometidos por
la policía de ese estado y fue abogado de cooperativas vinculadas al
Primer Comando de la Capital (PCC), una de las más poderosas
organizaciones criminales del país. El ministro de Desarrollo Social,
Osmar Terra, es el principal defensor de la política de internación
compulsiva de usuarios de drogas y enemigo de la legalización de la
marihuana. El ministro de Salud, Ricardo Barros, usaba sus spots de TV
cuando fue candidato a diputado para hacer campaña contra el matrimonio
gay y el aborto y, cuando fue relator del presupuesto en el Congreso,
quiso recortar los fondos del programa social «Bolsa Familia». El
ministro de Industria y Comercio, Marcos Pereira, es obispo de la
Iglesia Universal del Reino de Dios (la mafia internacional fundada por
Edir Macedo), ultra homofóbico y defensor del «creacionismo». El
ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira, es pastor de la Asamblea de Dios y
defensor de un proyecto de ley impulsado por otro aliado de Temer que
pretende obligar al Colegio Federal de Psicólogos a aceptar tratamientos
para «curar» la homosexualidad. El ministro jefe del Gabinete de
Seguridad Institucional, general Sérgio Etchegoyen, es hijo de un
represor de la última dictadura y fue el primer general en actividad de
las Fuerzas Armadas que atacó públicamente las investigaciones de la
Comisión Nacional de la Verdad, creada por Dilma para investigar los
crímenes del gobierno militar. El ministro de Educación Mendonça Filho
milita en el partido que fue a la Corte para tratar (sin éxito) de
acabar con las políticas afirmativas para el ingreso de negros a la
universidad. Otra vez: la lista podría seguir.
En apenas una
semana, el nuevo gobierno ya dejó en claro a qué viene. Las medidas que
comenzaron a ser anunciadas por ese gabinete digno de una película de
terror con guión de Stephen King explicitaron rápidamente un proyecto
radical de restauración conservadora. Y es ahí donde la palabra «golpe»
adquiera su sentido más profundo.
Mucho se ha discutido sobre el
proceso de juicio político de la presidenta Dilma Rousseff, y voy a
repetir aquí lo que ya escribí en una columna para la web de Todo Noticias:
No
hay tanques de guerra en la calle, ni militares sublevados, pero todos
los nostálgicos de la dictadura están festejando. (…) Una presidenta
electa por el pueblo y que no cometió ningún delito (ni siquiera los que
promueven el impeachment consiguieron acusarla de alguno) fue
derrocada por una conspiración de adversarios y exaliados junto a un
vicepresidente que ofreció cargos en el gobierno para conseguir los
votos en el Senado, y fue destituida sin motivos constitucionales, luego
de un proceso lleno de irregularidades y escándalos conducido por un
delincuente que está a punto de ir preso. Los que perdieron las
elecciones pasarán a gobernar y los que las ganaron irán a la oposición
sin que el pueblo lo decida. (…) A esto que pasa podemos llamarle golpe,
conspiración, asalto al poder, farsa o la palabra que quieran, pero
democracia no es.
Muchas páginas se han escrito sobre las
irregularidades y mamarrachos jurídicos que se cometieron para sacar a
la presidenta del cargo, sobre los motivos espurios de Cunha, sobre las
negociaciones obscenas de Temer con la oposición, sobre la falta de
motivos legales para el juicio político y sobre el circo de horrores que
fue la votación en el Congreso, con votos dedicados a familiares, a
Dios y a un torturador de la dictadura. Quien quiera entender mejor los
aspectos jurídicos del proceso puede leer la brillante defensa
presentada al Congreso por el abogado general de la Unión, José Eduardo
Cardozo, y quien quiera saber más sobre las negociaciones políticas que
permitieron el impeachment puede revisar las crónicas periodísticas.
Pero
hay algo de lo que poco se ha hablado y que, en mi opinión, le da
sentido a la palabra golpe: lo que sucedió no fue apenas la sustitución
de una presidenta por su vice, sino un cambio de gobierno y de programa,
con el giro a la derecha más violento desde 1964. Supongamos, por un
instante, que todo el proceso hubiese sido absolutamente legal,
transparente, honesto y motivado por justificadas razones legales y
constitucionales. Si así fuera –yo no lo creo, pero supongamos–, el
vicepresidente está asumiendo, interinamente, por 180 días, mientras el
Senado desarrolla el juicio político y decide si Dilma vuelve al cargo o
es destituida, de modo que no es un nuevo gobierno, sino una
continuidad del mismo. La pregunta, entonces, es muy sencilla: ¿puede un
«interino» hacer un giro de 180 grados en todas las políticas de
gobierno? ¿Puede cambiar radicalmente el programa con el que fue electo
como vice de Dilma, reemplazándolo por otro absolutamente diferente?
¿Puede formar un gabinete de ministros con los partidos que perdieron
las últimas elecciones? Y no una, sino varias: el nuevo canciller, José
Serra, perdió dos elecciones presidenciales, una con Lula y otra con
Dilma. Y su partido, el PSDB, aliado al DEM, fue derrotado en los
comicios de 2002, 2006, 2010 y 2014. Cuatro elecciones presidenciales
perdidas y ahora, por arte de magia, son gobierno y ocupan varios
ministerios y secretarías. La oposición ahora es oficialismo y el
oficialismo ahora es oposición, sin que el pueblo lo haya decidido.
En
ese contexto, los anuncios de la primera semana de gobierno de Temer
señalan un programa que nadie votó y que, si fuera propuesto en campaña,
no podría jamás vencer una elección: reforma previsional neoliberal,
recorte de programas sociales, fin de la cobertura universal de salud
(el nuevo ministro del área, que cuando fue candidato a diputado tuvo su
campaña financiada por empresarios de la salud privada, dijo a los
medios que había que hacer un «nuevo pacto» porque el Estado no puede
más pagar salud gratis para todos y la gente debería acostumbrarse a
contratar una prepaga), más impuestos, recorte de los fondos para la
educación, eliminación de los ministerios de Cultura y Derechos Humanos
(con el de Cultura dieron marcha atrás por el enorme repudio que la
decisión generó, con ocupación de todas las sedes del ministerio y hasta
un concierto gratuito en el que Caetano Veloso coreó con una multitud
la canción Odeio você dedicada a Temer) y una radicalización del
discurso conservador contra los derechos de las mujeres, la población
LGBT, negros y negras y otras minorías. Temer llegó a convocar a la
«bancada evangélica» para rezar con él y se reunió con el pastor
Malafaia, líder del Ku Klux Klan antigay, quien luego de la audiencia
grabó un video triunfalista y amenazador anunciando que ahora sí, el
poder es todo de ellos.
El gobierno de Dilma –un pésimo gobierno,
sin dudas– fracasó, entre otros motivos, porque no cumplió con lo que
prometió en la campaña –y porque creyó, como Cersei Lannister en la
serie Game of Thrones, que podía negociar con la mafia evangélica
y esperar que cumplan los acuerdos–, pero ahora Temer se propone hacer
exactamente lo contrario de lo que ambos defendieron cuando eran
candidatos. Un presidente interino que llega al poder por una
conspiración palaciega se propone gobernar con los partidos que
perdieron las elecciones y los políticos corruptos que traicionaron con
él a Dilma, ejecutando un programa con el que jamás podrían ganarlas.
Las encuestas le dan un apoyo cercano al 2%, pero los mercados –esa
entidad fantasmagórica que representa los intereses de los dueños del
dinero– están eufóricos, al igual que los ultraconservadores y enemigos
de los derechos humanos que ayudaron a formar mayoría en el Congreso.
Si
antes había un gobierno de conciliación de clases que negociaba con los
mercados y con la política tradicional, cediendo cada vez más y más
para mantenerse en el poder (que Temer haya sido vice de Dilma y Cunha
haya sido electo en alianza con el PT es una prueba de ello), ahora la
mafia política y los mercados decidieron desplazarlo y tomar el mando,
aprovechando el desgaste del ciclo petista que ellos mismos ayudaron a
producir. Las elecciones de 2014 fueron anuladas de hecho, no solo
porque fue anulada la elección de una presidenta, vencedora con 54
millones de votos, sino también porque fue anulado el programa de
gobierno votado por la mayoría y se impone ahora una política sin la
menor legitimidad democrática, aunque todo ello se haya hecho con un
cierto disfraz de legalidad. El gobierno anterior es, en gran medida,
responsable de que ello haya sido posible, pero ello no disminuye el
carácter golpista de la presidencia de facto de Michel Temer.
Fuente: http://nuso.org/articulo/brasil-la-mafia-al-gobierno-el-mercado-al-poder/ 
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