lunes, 2 de diciembre de 2013

Las leyes que privatizan y controlan el uso de las semillas, criminalizan las semillas criollas

¡Ya viene la nueva 970 recargada!


 
El debate sobre las semillas en Colombia se debe centrar en preguntas como: ¿Se puede aplicar sobre las semillas alguna forma de propiedad intelectual que permita privatizarlas mediante patentes o derechos de obtentores vegetales?, ¿qué se pretende con las leyes de semillas y quiénes se benefician o son afectados: las empresas o los agricultores?, ¿las normas de semillas realmente buscan mejorar su calidad y sanidad o el control monopólico del mercado?, ¿son las semillas certificadas y registradas las únicas semillas legales que pueden circular en el país? ¿Puede ser ilegal el uso y comercialización de semillas criollas?, ¿qué responsabilidad y papel juegan los gobiernos nacionales en la defensa de las semillas?, ¿qué impacto tienen las normas de semillas sobre los derechos de los agricultores, la soberanía y autonomía alimentaria de los pueblos?, ¿qué acciones debemos implementar desde la sociedad para lograr la libertad de las semillas?
El decomiso y destrucción de setenta toneladas de semillas' title='Más artículos acerca de "semillas"'>semillas realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) a los de pequeños agricultores de arroz de Campoalegre, Huila, presentado en el documental 9.70 de Victoria Solano, ha generado un fuerte debate público en los medios de comunicación y en las redes sociales e indignación de muchas agricultores y ciudadanos. El ICA determinó que los agricultores violaron la resolución 970 de 2010, que regula la producción, el uso y la comercialización de semillas en el país. Éste no ha sido un caso aislado, puesto que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) desde el año 2010 viene realizando brigadas por todo el país, en las cuales realiza decomisos e instaura procesos de judicialización a productores y comercializadores de semillas que usurpen los derechos de obtentores vegetales y que violen la resolución 970. Es así como entre 2010 y 2011 el ICA reportó el decomiso de mil 167 toneladas 225 kilogramos de semilla, la mayoría de arroz; pero también de papa, maíz, trigo pastos, frijol, entre otras. En el año 2012, el ICA rechazó 2 mil 793 toneladas 392 kilos de semilla de arroz por no cumplir con los requisitos exigidos. Los campesinos en todo el país están indignados con estos decomisos, los consideran ilegales y le han exigido al ICA la revocatoria de esta resolución.
Frente a este debate sobre la resolución 970, la gerente del ICA, Teresita Beltrán, ha querido desvirtuar y desviar el verdadero problema que actualmente se tiene en Colombia con las normas de semillas' title='Más artículos acerca de "semillas"'>semillas, haciendo las siguientes afirmaciones, que no se ajustan a la realidad:
La gerente del ICA dice que “es tendenciosa la afirmación que la resolución 970 es producto de la firma del TLC o que responde a intereses de particulares”; aunque el ICA reiterativamente insista que la resolución 970 no tiene nada que ver con las obligaciones suscritas por Colombia en el TLC, en realidad uno de los temas prioritarios para Estados Unidos para aprobar este tratado, es la adecuación de los sistemas de propiedad intelectual sobre la biodiversidad y especialmente sobre semillas' title='Más artículos acerca de "semillas"'>semillas, y explícitamente el país adquirió la obligación de suscribir el Convenio Internacional de UPOV 91, lo cual se hizo efectivo al aprobarse en 2012 la ley 1518. Con el TLC el país se comprometió también a garantizar la seguridad jurídica para que las empresas biotecnológicas y semilleras puedan proteger sus innovaciones tecnológicas y garantizar las condiciones para el mercado de las semillas de las empresas, lo que se materializó mediante la ley 1032 de 2006 y laresolución 970 de 2010.
El ICA asegura que “la resolución 970 no aplica para el control de las semillas' title='Más artículos acerca de "semillas"'>semillas tradicionales”. “No existe restricciones para que un pequeño agricultor pueda guardar y usar sus semillas criollas y para el caso de las semillas convencionales, los agricultores puede reservar un porcentaje de la cosecha para ser resembrada”. Aunque el ICA afirma que no se controla a las semillas criollas, actualmente existen instrumentos jurídicos para judicializar a los agricultores que posean semillas que presenten similitud o induzcan a confusión respecto variedades protegidas legalmente. Esto podría llevar a que los agricultores sean penalizados con multas y cárcel, simplemente por poseer o difundir semillas que se parezcan a las semillas protegidas legalmente que comercializan las empresas. Respecto a las restricciones que existen para que un pequeño agricultor pueda reservar semillas para sembrarlas nuevamente, esta reserva sólo podrá ejercerse por una sola vez y en un área máxima de cinco hectáreas y sólo puede utilizarla para su propio uso y no puede entregarla a terceros bajo ningún título; además debe demostrar que en la explotación en su último cultivo sólo ha usado semilla legal, certificada o seleccionada.
También la gerente del ICA afirma que “en el país se producen 66 mil toneladas de semillas certificadas, 85% por empresas nacionales y 15% por empresas internacionales”. El hecho que en el país la mayor parte de las semillas certificadas sean producidas mediante franquicias por empresas nacionales no significa que el sistema de semillas sea controlado por productores nacionales, puesto que actualmente la mayoría de las semillas certificadas y todas las transgénicas son propiedad de unas pocas empresas transnacionales; esto sucede con especies como: maíz, arroz, algodón, caña de azúcar y hortalizas.
Para entender la dimensión y alcance de lo que está pasando con las semillas y especialmente como afectan a millones de pequeños agricultores en el país, es necesario analizar el transfondo e implicaciones que conllevan las leyes de semillas. Desde épocas ancestrales los campesinos han sido los creadores y mejoradores de las semillas que sustentan la agricultura y la alimentación en el mundo; es por ello que las semillas libres de propiedad intelectual son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, lo que ha permitido garantizar la soberanía y la autonomía alimentaria de las comunidades rurales. Los agricultores han tenido el derecho al libre acceso, a la producción, a guardar, intercambiar y vender las semillas; es por ello que no es aceptable que se pretenda imponer normas que privaticen las semillas y que le quiten a los agricultores su control. Los países industrializados han presionando a los países del Sur, para que adopten leyes de patentes sobre la materia viva y normas de derechos de obtentores vegetales sobre las semillas, que pretenden entregarle a las empresas semilleras el control de todo el sistema de semillas; definen quiénes son los dueños de las semillas y cuáles se pueden vender y cuáles no, desconocen los derechos de los países de origen de la biodiversidad y especialmente los derechos de los agricultores sobre sus semillas. Hoy, 82% de las semillas comercializadas en el mundo está patentado y sólo diez empresas controlan 77% del mercado; de éstas sólo tres —Monsanto, Dupont y Syngenta—, controlan el 47% del comercio. Estas normas buscan volver obligatorios el registro y la certificación para la comercialización de semillas en manos de unas pocas empresas, lo que ha generado la pérdida de las semillas campesinas e indígenas y criminalizan la libre circulación de las semillas campesinas.
Las normas de semillas en Colombia. En los últimos años en Colombia se vienen realizando cambios y ajustes en las políticas y leyes sobre biodiversidad y semillas, ajustándose a los lineamientos y compromisos adquiridos en los Tratados de Libre Comercio suscritos por el país. Entre estas normas se destacan:
1. Artículo 4 de la ley 1032 de 2006, (Código Penal), dice “El que, fraudulentamente, usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 26.6 a 1 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Esta norma penaliza el uso sin permiso de semillas protegidas por las empresas, pero en realidad lo que pretende es llevar a que todos los agricultores sólo utilicen semillas registradas y certificadas. El aspecto más crítico de esta norma es que puede ser penalizado y judicializado el uso de semillas criollas que sea “similarmente confundible” con una protegida legalmente; es decir, se podría criminalizar a los agricultores que posean semillas criollas que se parezcan a las semillas que son propiedad de las empresas. Pero ¿quién determinará qué es confundible?, ¿Confundible para quién?; más aún, qué base puede esgrimirse para penalizar una similitud, especialmente cuando aquello a lo que se castiga por ser parecido ha existido con anterioridad a aquello con lo que se le compara?
2. La Resolución 970 del ICA, de 2010, controla producción, almacenamiento comercialización y la transferencia a título gratuito y/o uso de semillas, en el país. Aunque el ICA insistentemente asegura que esta norma no aplica para las semillas criollas, en el ámbito de aplicación no existe ninguna excepción de estas semillas, por lo que sí las afecta. Bajo la premisa de mejorar la calidad y la sanidad de las semillas, lo que en verdad pretende esta norma es entregarle el control total a las empresas dueñas de semillas privadas. Las evidencias científicas en el mundo, muestran que las semillas “mejoradas” certificadas y registradas, son homogéneas y están amarradas al uso de los paquetes tecnológicos de pesticidas y en general han sido las culpables de los graves problemas sanitarios, que nos han llevado a semillas resistentes a plagas y enfermedades dependientes del uso incontrolado de agroquímicos. Por el contrario las semillas criollas, por estar adaptadas a las condiciones ambientales y socioeconómicas de las comunidades locales, presentan menos problemas de plagas y enfermedades y son nuestro seguro frente a los cambios climáticos.
La resolución 970, define que en el país sólo pueden comercializarse semillas “legales” que sean registradas o seleccionadas, y son protegidas legalmente mediante el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, conocido como UPOV; para poder registrar estas semillas, se deben cumplir los requisitos de nueva, homogénea, estable y distinguible; pero evidentemente las semillas criollas no cumplen estos requisitos y no se pueden proteger por el sistema UPOV. Es por esta razón que el ICA considera que las semillas criollas sólo pueden ser utilizadas por los agricultores en sus parcelas, pero no pueden ser comercializadas. Para ejercer el control de todas las semillas en el país, el ICA puede ingresar a cualquier inmueble o parcela agrícola, y realizar inspecciones, decomisos, destrucción de semillas y judicialización a los agricultores de semillas, en el caso que encuentre semillas protegidas “ilegales” o semillas criollas que no estén certificadas para ser comercializadas o incluso productos alimentarios como arroz, maíz, frijol o papa que eventualmente se puedan utilizar como semillas.
Actualmente el ICA continúa ejerciendo el control del uso de semillas, y ahora pretende profundizar la judicialización a los poseedores de semillas “ilegales” mediante el nuevo Estatuto General de Proceso, Ley 1564 de 2012, que le otorga ICA funciones jurisdiccionales para resolver la usurpación de los Derechos de Propiedad Intelectual a Obtentores Vegetales. Adicionalmente el ICA ha sido dotado de mayores recursos económicos que se aplicará en la contratación de personal calificado para realizar las brigadas que “contrarresten el flagelo de la ilegalidad, que pone en jaque a la sanidad vegetal nacional”, como lo anunció recientemente en la asamblea de Acosemillas, la señora Ana Luisa Diaz, directora técnica de semillas del ICA.
3. ¿La nueva norma de semillas? (Aunque la mona se vista de seda, mona se queda). Luego del enorme rechazo que ha generado en todo el país de la resolución 970 sobre semillas, el ICA ahora pretende derogar esta norma y expedir una nueva; es así como ha difundido el borrador de la resolución a través de internet, por un periodo de sesenta días, con el fin de hacer una consulta con el público. Es evidente que este procedimiento de consulta para expedir una nueva norma de semillas que puede afectar a las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, no es válida, de la misma forma como la Corte Constitucional definió que la ley que aprobó UPOV 91, no fue consultada con estas comunidades étnicas. Por lo tanto no reconocemos el supuesto proceso de consulta que el ICA está haciendo mediante internet, de la nueva resolución que reemplaza la 970.
La diferencia de fondo de este nuevo borrador, con respecto a la 970 es que se incluye un párrafo adicional que dice; “Se excluye del ámbito de aplicación de la presente resolución, aquellas semillas de variedades locales, cuyo fin no sea la comercialización”. Este cambio en la norma efectivamente demuestra que el ICA lo que pretende es controlar y prohibir que las semillas criollas puedan ser usadas, intercambiadas o comercializadas por los agricultores. Adicionalmente el texto de la nueva norma, fue “limpiado” de algún lenguaje que pueda generar reacciones en el público; pero en el fondo el espíritu y la pretensión es el mismo de la 970 y de las demás leyes de semillas vigentes en el país.
En medio del calor del paro agrario que tuvo paralizado gran parte del país rural y urbano, y ante la presión de los campesinos en la mesa de negociación con el gobierno nacional, sobre el tema sobre las leyes de semillas, el Presidente Santos hizo el anuncio que “se congela” la resolución 970; “el gobierno nacional se compromete a no aplicar la resolución 970 a las semillas nacionales, y a trabajar en una mesa técnica el tema de semillas, y en la estructuración de una nueva propuesta sobres semillas certificadas que no afecten a productor agropecuario”. Este anuncio del gobierno, genera confusión y desinformación, porque en realidad no existe jurídicamente la figura de no aplicación de una norma, puesto que, o las normas están vigentes o son derogadas, pero no “congeladas”; además no existe ningún documento oficial que haya adoptado la decisión de no aplicar la resolución 970; pero este anuncio le ha permitido al gobierno aplacar los ánimos de los campesinos y bajar la presión sobre este tema, y mientras tanto sigue el ICA con la intención de modificar esta norma a través del nuevo borrador de resolución mencionado anteriormente.
Lo más relevante de este debate es que el tema de las normas de semillas ha sido puesto en la agenda de negociación entre el gobierno nacional y los campesinos; y se espera que los cambios que se logren vayan mas allá de simplemente hacer unos cambios de la resolución 970, porque si verdaderamente se quiere proteger las semillas, se deben derogar todas las normas que permiten aplicar propiedad intelectual a las semillas y las normas que penalizan el libre uso de las semillas por todos los agricultores.
4. La ley 1518, de abril de 2012, por la cual se aprueba el “Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales-UPOV 91. Esta ley fue aprobada en el marco de los compromisos adquiridos por el gobierno nacional para la aprobación y entrada en vigencia al TLC con Estados Unidos. La Corte Constitucional procedió a revisar la constitucionalidad de esta ley, y en este proceso muchas personas y organizaciones de todo el país y del exterior, enviaron a la Corte documentos que prueban los efectos nocivos que tiene para el país UPOV 91. La Corte declaró esta ley inexequible en diciembre de 2012, “por no haber sido consultada previamente a las comunidades indígenas y afrocolombianas”. Además la Corte señala que la aplicación de propiedad intelectual sobre las semillas mediante UPOV 91, podría afectar la biodiversidad, la cultura y los territorios de los pueblos y considera la posibilidad que “la consulta podría llevar a la necesidad de renegociar el Tratado”.
Aunque la Corte declaró inexequible UPOV 91, es fundamental tener en cuenta que muchos de los aspectos lesivos antes señalados, están incorporados en otras normas de propiedad intelectual y de semillas que se aplican en el país, como es el caso de la versión de UPOV 1978 que rige actualmente en la legislación nacional, en la ley 1032 de 2006 y en la resolución 970 del ICA. Es por ello que el conjunto de normas de propiedad intelectual y de semillas, son las reales amenazas a todo el sistema de semillas, a los derechos de las comunidades locales y a la soberanía alimentaria del país.
¿Qué hacer frente a estas normas de semillas?
Para enfrentar estas normas regresivas que quieren acabar con nuestras semillas debemos fortalecer los procesos de recuperación y uso de las semillas criollas y los sistemas tradicionales basados en el manejo de la biodiversidad, que permiten que las semillas se mantengan vivas y caminando.
Debemos conformar alianzas entre los diferentes sectores sociales, para realizar acciones de resistencia frente a estas leyes, movilización social de rechazo a los decomisos de semillas o a la obligatoriedad de solo utilizar semillas certificadas y a la introducción de semillas transgénicas. Podemos apoyar y participar en las campañas y redes que se han conformado en el país, como la Red de Semillas libres de Colombia, y apoyar e instaurar las acciones judiciales que buscan derogar el artículo 4 de la ley 1032 se 2006 (Código Penal), la resolución del ICA 970 de 2010 y las nuevas normas que se expidan que limite el libre uso de las semillas por los agricultores.
Es inaceptable que el ICA en vez de promover el desarrollo rural que garantice la protección de los patrimonios genéticos de la nación y de los derechos de millones de campesinos, indígenas y afrocolombianos, se convierta en una entidad policiaca que persigue, judicializa y castiga a los agricultores por realizar con dignidad el trabajo de mejorar, usar, guardar, intercambiar y comercializar semillas.
Los agricultores del país consideramos ilegales estas normas y no vamos a reconocer ninguna que pretenda privatizar y entregarle a las empresas transnacionales el control del uso de semillas, en el marco de las leyes vigentes del país. Estas normas violan los derechos sobre el patrimonio genético y cultural de los colombianos y especialmente los derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas sobre su biodiversidad y sus semillas. Consideramos que las únicas normas de semillas que deben implementarse en el país, deben ser para que el ICA ejerza un real y efectivo control de las semillas y de las tecnologías que puedan afectar el patrimonio genético de la nación y las semillas que aún protegen y utilizan las comunidades locales. l
Por cada semilla que nos decomisen, haremos que éstas germinen y florezcan de nuevo, se multipliquen, se esparzan y caminen libremente con los agricultores por los campos de Colombia.
Ecoportal.net
Revista Biodiversidad
Fuente:      : http://www.biodiversidadla.org/

No ares la tierra


 
Cuando cultivamos un huerto ecológico queremos conseguir los mejores alimentos en el mínimo espacio, disfrutar de la abundancia y la biodiversidad. Por ello tenemos que conseguir que nuestra tierra vaya convirtiéndose en una esponja repleta de agua y materia orgánica. Así que lo que hoy vamos a comentar parece un disparate tan grande que mucha gente no quiere ni pensarlo: la mejor manera de cultivar es no arar la tierra nunca. Hoy en día, gracias a los conocimientos e informaciones que tenemos, podemos afirmar rotundamente que la técnica más habitual de preparar la tierra de nuestros cultivos es la peor decisión que hemos tomado durante años.
¿Por qué no se debe arar la tierra?
Cuando aramos la tierra, la volteamos para eliminar malas hierbas y preparar el terreno. En ese momento notamos que la tierra que ponemos en superficie parece tener un color distinto, con una textura más húmeda y más rica. Esto se debe a la acción que provoca el Sol en el suelo es devastadora: perdemos humedad y microorganismos constantemente. La mayoría de microorganismos que convierten los deshechos en materia orgánica son incapaces de vivir con luz directa del Sol y por ello se pierden 3mm de tierra fértil cada año que aramos. Recuerdo una clase con Darren Doherty en la que dijo “el Sol hace más daño a la tierra que cualquier bomba nuclear que se tercie“. Quizá parece un poco exagerado, pero si nos paramos a pensar cuántos años hace que cultivamos sin proteger el suelo, quizá entendamos por qué necesitamos cada día más fertilizantes químicos y maquinaria.
Así pues, cuando aramos la tierra estamos provocando la muerte de todos los microorganismos que estaban en capas inferiores del suelo y que los exponemos directamente al Sol. Además, la tierra que estaba húmeda y tenía materia orgánica empieza a perder vida de nuevo y se reseca antes de lo que pensamos.
¿Y qué alternativas hay al arado?
Si queremos respetar nuestra tierra y conseguir mayor producción, necesitamos que nuestro suelo sea un campo de esponjas capaces de retener el agua y condensar la mayor cantidad de materia orgánica. No debemos pisar nunca nuestros bancales porque la tierra pierde capacidad de “respirar” gracias a los agujeros que van cavando los insectos y gusanos. Así que un buen acolchado es la mejor manera de proteger la tierra del Sol y de la pérdida de agua y humedad. Este mismo mecanismo es el que tiene la naturaleza para protegerse: los humedales, los bosques y los prados, nunca pierden su capa protectora vegetal.
A pequeña escala es más fácil ver los resultados de no arar: en lugar de perder fertilidad, cada año ganaremos en materia orgánica y producción si hacemos un correcto uso de las rotaciones y asociaciones.
A gran escala, la cosa ya es un poco más difícil. Cuando cultivamos cereales en grandes extensiones, es imposible trabajar con un acolchado manual. Por ello, debemos contar con la ayuda de la naturaleza; son los propios cultivos que se utilizan como acolchado. Masanobu Fukuoka, en su libro La revolución de una brizna de paja, presenta un método alternativo que propone la siembra conjunta de dos o más cultivos. Aunque hablaremos de ello más adelante, reproduzco algunos párrafos:
En el otoño el Sr. Fukuoka siembra el arroz, el trébol blanco y el cereal de invierno en el mismo campo y los cubre con una espesa capa de paja de arroz. El centeno o la cebada y el trébol brotan inmediatamente, pero las semillasde arroz permanecen latentes hasta la primavera.
Mientras el cereal de invierno está creciendo y madurando en los campos bajos, las laderas del vergel se convierten en el centro de la actividad. La cosecha de los cítricos dura desde mediados de noviembre hasta abril. El centeno y la cebada se siegan en mayo y se esparcen sobre el campo para que se sequen durante una semana o diez días. Entonces se trillan y se aventan, y se meten en sacos para su almacenamiento. Toda la paja se esparce sin triturar sobre los campos como acolchado. Los campos se mantienen inundados durante un corto periodo de tiempo durante las lluvias monzónicas de junio para debilitar el trébol y las malas hierbas y dar así al arroz la oportunidad de brotar a través de la capa vegetal que cubre el suelo.
Una vez que se ha drenado el campo el trébol se recupera y se extiende creciendo por debajo de las plantas de arroz en crecimiento. Desde entonces hasta la cosecha una época de pesado trabajo para el agricultor tradicional, las únicas labores en los campos de arroz del Sr. Fukuoka son las de conservación de los canales de drenaje y las de segar la hierba de los estrechos caminos entre los campos.
El arroz se cosecha en octubre. Las gavillas se cuelgan para que se sequen y luego son trilladas. La siembra de otoño se finaliza justo antes de que las variedades tempranas de mandarinas estén maduras y listas para su cosecha. El Sr. Fukuoka cosecha entre 4.900 5.800 Kg.de arroz por hectárea. Esta producción es aproximadamente la misma que se obtiene según el método tradicional o el método químico en su región. El rendimiento de su cosecha de cereal de invierno es frecuentemente mayor que el de los agricultores que emplean las técnicas tradicionales o las técnicas químicas utilizando ambas el método de cultivo a base de lomos y surcos. Los tres métodos (natural, tradicional y químico) dan rendimientos similares, pero difieren marcadamente en su efecto sobre el suelo. El suelo en los campos del Sr. Fukuoka mejora con cada estación. Durante los últimos 25 años, desde que dejó de labrar el suelo, sus campos han mejorado en fertilidad, estructura y en su habilidad de retener el agua.
Conclusiones
De nuevo nos encontramos en una dicotomía: ¿utilizar más información pero menos energía para producir más con el acolchado y el no arado o preferimos máxima producción y seguir perdiendo suelo en favor de nuestra comodidad?
Ecoportal.net
Sergi Caballero
http://www.sergicaballero.com/

Bayer, BASF, Hoechst: El pasado oscuro de las transnacionales alemanas

 
La transnacional alemana Bayer celebra 150 años desde su fundación con diversas actividades alrededor del mundo y describe su historia como una línea continua de innovaciones científicas que han mejorado la vida de personas y animales, pero guarda silencio sobre la contaminación del medio ambiente, la intoxicación por plaguicidas, las protestas de los trabajadores y la colaboración con el Tercer Reich que son simplemente ignorados, ofreciendo un retrato engañoso de su historia, señala la Coalición contra los peligros de Bayer.
Miembros de dicha coalición que son accionistas minoritarios de la Bayer presentaron una serie de contramociones en la reunión anual de accionistas de esta empresa en abril del 2013, que se publicaron en su página electrónica, donde enumeran algunos de los problemas ambientales y sociales creados por la corporación. Se cita por ejemplo, su contribución económica para que se derrotara la propuesta del etiquetado de los cultivos genéticamente modificados en California, que si acepta en Europa, aplicando un doble estándar en perjuicio de los consumidores; las muertes por ensayos clínicos de productos de la empresa en la India; las víctimas de píldoras anticonceptivas en Estados Unidos; las deformidades de una prueba hormonal en Alemania y Reino Unido; la experimentación animal con laboratorios y prácticas cuestionables, entre muchos otros problemas.
En la contramoción relativa a la celebración de su aniversario la Coalición contra los peligros de Bayer hace responsable al Consejo de Dirección de la trasnacional por el “retrato engañoso de la historia de la empresa en su año de aniversario” y señala algunos hechos criminales. Entre ellos, destacan los acuerdos con la SS para desarrollar experimentos con prisioneros del campo de concentración de Auschwitz cuando formaba parte del cartel I.G. Farben quien tuvo el campo de trabajo esclavo de Buna/Monowitz también en Auschwitz, durante la Segunda Guerra Mundial; hechos de los que profundizaremos en este artículo con la consulta de otras fuentes y que representan el lado más oscuro no solo de la historia de la Bayer sino también de la BASF y la extinta Hoechst.
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Biodiversidad en América Latina y El Caribe

Ataque de matones y represión de policías en córdoba Monsanto contamina el medio ambiente y también la democracia


La Arena

La última noticia relacionada con Monsanto procedió de Córdoba. Ocurrió este jueves 28, en la planta de tratamiento de semillas que la multinacional viene construyendo sin contar con el previo informe de impacto ambiental requerido por la ley de ambiente.
A las 8 de la mañana, 60 matones traídos por la UOCRA en dos colectivos y vehículos, atacó sin previo aviso a los vecinos y ambientalistas en su campamento de protesta. Las carpas están desde el 17 de setiembre pasado, cuando comenzó el acampe, motorizado por la “Asamblea Malvinas lucha por la Vida”. Jóvenes de ambos sexos y vecinos fueron golpeados con palos y piedras por la patota. La agresión tenía un objetivo preciso: que 7 camiones llegados desde la planta de Monsanto en Rojas, provincia de Buenos Aires, pudieran ingresar y descargar su material.
Hubo 20 heridos, a pesar que en el sitio estaban diez policías como custodia preventiva. Los uniformados no hicieron nada para impedir la agresión ni para separar a los violentos. Peor aún, tres horas más tarde, cuando habían recibido refuerzos de la Guardia de Infantería, en vez de antender los reclamos de los manifestantes, los reprimieron con balas de goma.
Los heridos fueron a declarar ante la fiscalía de Víctor Chiapero, quien dijo estar tratando de identificar a los intervinientes. Menuda tarea, aunque el fotógrafo Andrés Baissero, de Ecos Córdoba, le dio una interesante punta: uno de los vehículos que trasladó a la patota es una Iveco placa DZZ 611, con patente oficial del gobierno de Córdoba. Las fotos circularon por las redes sociales y fueron publicadas por La Mañana de Córdoba en su edición de ayer. Son seis fotografías y recién en las dos últimas el chofer logra pararse al frente de la unidad con la vana intención de tapar la patente.
Entre las heridas estuvo Sofía Gatica, emblemática integrante de Madres de Barrio Ituzaingó, que el año pasado logró llevar a juicio el primer caso de contaminación por fumigación de los sojeros de los suburbios. Ella fue golpeada en setiembre en el acampe y ayer nuevamente, siendo internada en el Hospital de Urgencias. En los días previos fue amenazada en un colectivo y luego golpeada por dos personas a la salida del trabajo. ¿Hay que ser mal pensados para sospechar que Monsanto movió los hilos de la UOCRA y represión policial?
Con gobiernos de turno
La multinacional con sede en Missouri, Estados Unidos, detenta una posición hegemónica en semillas transgénicas de soja y maíz. Logró tal hegemonía con una política comercial de anchas espaldas financieras y mucho apoyo de diversos gobiernos.
Su táctica sudamericana fue vender “libremente” las semillas, atadas al glifosato y todo un paquete tecnológico, para ir ganando mercados. Su estrella de esos años fue la RR Round Up, autorizada en los años '90 por Carlos Menem y especialmente su secretario de Agricultura, Felipe Solá (que luego recaló en el duhaldismo, el kirchnerismo y actualmente en el massismo).
Una vez que copó la parada, desde 2012, Monsanto hace firmar a los productores un contrato por el que los obliga a pagar regalías, a no utilizar semillas para la resiembra y a permitirle a la firma fiscalizar su uso. Según su propaganda, la apretada le ha reportado el “acuerdo” del 80 por ciento de sus clientes. Por las dudas, con el auspicio del último ministro del área, Norberto Yauhar, la multinacional impulsó un proyecto de ley de semillas que asegurará su negocio y el de otras multinacionales como Syngenta, Bayer, etc.
Lo bueno es que ese riesgo mortal para miles de pequeños propietarios rurales y pueblos originarios ha despertado la oposición de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Movimiento Campesino de Córdoba y otras entidades que defienden al verdadero “campo”.
Monsanto no descansa. En el suplemento de La Voz del Interior (6/9) hacía la propaganda a toda página de su novedad en semilla. En medio de la publicidad, una línea aclaraba lo obvio: “Para acceder a los beneficios de Intacta RR2 PRO deberás suscribir una licencia de uso con Monsanto”.
La justicia también...
El gobernador José M. de la Sota hace todo lo posible para concretar la polémica fábrica de Monsanto en Malvinas, a 16 km de la capital cordobesa, en un predio de 27 hectáreas contiguo a barrios y escuelas de esa localidad. Esto último fue denunciado desde el comienzo por los vecinos y las entidades ambientalistas que los apoyan, caso de “Médicos de Pueblos Fumigados” del médico Medardo Ávila Vázquez (querellante en el juicio por las fumigaciones en Barrio Ituzaingó), la fundación FUNAM del biólogo Raúl Montenegro y el Club del Derecho del abogado Federico Macciochi. Este espectro funciona y apoya a la “Asamblea Malvinas lucha por la Vida” donde hay varios referentes, entre ellos Gastón Mazzallay y la propia Gatica.
El anuncio sobre la “inversión” la dio, muy contenta, Cristina Fernández de Kirchner en junio de 2011 en su comparendo ante el Council of Americas reunido en Nueva York, con su anfitriona, la banquera Susan Segal. La presidenta manifestó que Monsanto ya había impreso un folleto y “cuando eso sucede -dijo- es porque la inversión ya está asegurada”.
Su adversario De la Sota también festejó la novedad. Y último en la cadena de mandos políticos, se sumó el intendente radical de Malvinas, Daniel Arzani.
Este terceto, en especial el dúo que vive en Córdoba (gobernador e intendente), se ha negado a dos de las peticiones de los manifestantes y ambientalistas: realizar una audiencia pública para escuchar las razones y sinrazones de las partes; y proceder a una consulta popular de la población de Malvinas, para saber si ésta está de acuerdo o no con la polémica instalación.
Supuestamente las ventajas de la inversión, por sus efectos económicos y puestos de trabajo, serían tantas e inobjetables, que el intendente y el gobernador no deberían tener ningún problema en ganar por goleada la votación. Sin embargo la niegan.
La corporación de Missouri ha colonizado la justicia mediterránea. Todos los recursos presentados por el abogado Macciochi han sido rechazados: ni audiencia pública, ni consulta popular ni informe de impacto ambiental previo a las obras.
La jueza Graciela Escudero de Fernández y luego el Tribunal Superior de Justicia (de Injusticia, se ironiza), fallaron en un sentido supuestamente salomónico: autorizaron el avance de las obras, pero dijeron que luego no se puede operar si no está el informe ambiental.
Contamina la democracia
Es obvio que hay una trampa. Nadie va a comprar un predio de tantas hectáreas y hacer una inversión millonaria, si no tiene asegurado que lo van a dejar producir. Y la inversión cordobesa produciría 60.000 toneladas de granos de maíz al año, habiendo sido presentada como la más grande en su tipo a nivel internacional de la compañía. Esas obras no se encaran si no hay suficientes garantías gubernamentales y judiciales.
En cambio donde a la firma no le ha ido bien fue en Río Cuarto. El intendente radical Juan Jure, con el apoyo de la Universidad Nacional, y la oposición de la Sociedad Rural y el Centro Empresario, resolvió rechazar la instalación de Monsanto. Lo hizo basándose en la evaluación de impacto ambiental de la Dirección de Zoonosis y Ambiente del Entre Descentralizado de Control Municipal y el dictamen jurídico de la Fiscalía Municipal.
En esa importante ciudad del sur provincial, la multinacional y su asociada Bio4, que ya está radicada en el Parque Industrial, tenían pensado instalar un centro de investigación y mejoramiento de variedades de soja e híbridos de maíz, con depósito de agroquímicos, según informó la Revista El Sur, n° 93, noviembre 2013 (“El rastro de Monsanto”).
Muy buen dato que Jure cerrara las puertas a la empresa sindicada como gran envenenadora mundial, por más que sus directivos sigan ganando premios internacionales. Robert Fraley, director de Tecnología de Monsanto, al recibir en octubre pasado el Premio Mundial de Alimentación 2013, aseguró que “treinta años de investigación han validado la seguridad de los productos biotecnológicos” (Infocampo, 1/9).
El vocero de la compañía en Córdoba, Adrián Vilaplana, en declaraciones a los medios volvió a negar de plano la consulta popular con el falaz argumento de que la sociedad necesita información y no política. Como si su información y su política empresaria no estuvieran contaminadas no sólo con glifosato sino también, y sobre todo, por bacterias antidemocráticas. Negar la votación, tildar de violentos a los asambleístas, concertar la patoteada con la UOCRA para que los camiones de la empresa pudieran ingresar, presionar a la justicia, concertar con medios monopólicos locales una versión edulcorada y casi “verde” de Monsanto, es afectar la democracia.
El cronista la corta aquí. Se tiene que ir a ver “El mundo según Monsanto”, de la francesa Marie-Monique Robin, película con la que hoy cierra el ciclo de cine “El ojo crítico” que se desarrolla en el gremio de Judiciales de Córdoba.

Fuente original: http://www.laarena.com.ar/opinion-monsanto_contamina_el_medio_ambiente_y_tambien_la_democracia-105954-111.html

Realizan el sepelio de los dos militantes de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora asesinados en Apure

Siembre de los dos militantes de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora en Apure

Siembre de los dos militantes de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora en Apure

Credito: Prensa CRBZ

2 de diciembre de 2013.- Este 1 de diciembre, la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ) en el marco de las actividades que se han venido desarrollando en los últimos días a raíz del asesinato de los compañeros: GERSON PAEZ Y FREDDY SAYA, llevó a cabo la siembra de estos militantes, compañeros de lucha y Mártires de esta lucha Revolucionaria, dejando un profundo dolor en sus familiares, amigos y compañeros Cerebezistas.

Este vil asesinato mancha de sangre una vez más la Revolución Bolivariana, crimen dirigido y materializado por Mafias dedicadas al contrabando, narcotráfico e intereses políticos, que buscan minimizar la lucha emprendida por el Gobierno Bolivariano contra la guerra económica y la especulación.

La CRBZ repudia y castiga de forma enérgica estas maniobras criminales que buscan desmovilizar un pueblo organizado y formado con conciencia revolucionaria, exigiendo justicia, pidiendo una investigación profunda para esclarecer tan lamentable hecho.

La CRBZ seguirá movilizada y en pie de lucha, multiplicando los esfuerzos para combatir este flagelo que tanto daño hace a nuestro pueblo, hoy más que nunca estos compañeros caídos en batalla se multiplican en miles de conciencia que dicen YA BASTA de estas OPERACIONES EXTERMINIO en el Alto Apure contra militantes y dirigentes Revolucionarios.

Exigimos al M/G. Miguel Rodríguez Torres, Ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, se pronuncie ante las desapariciones, muertes y amenazas a dirigentes y militantes revolucionarios en el Alto Apure.
 
Fuentes: Aporrea.org 
 http://www.aporrea.org/desalambrar/n240994.html