La Arena
La última noticia
relacionada con Monsanto procedió de Córdoba. Ocurrió este jueves 28, en
la planta de tratamiento de semillas que la multinacional viene
construyendo sin contar con el previo informe de impacto ambiental
requerido por la ley de ambiente.
A las 8 de la mañana, 60
matones traídos por la UOCRA en dos colectivos y vehículos, atacó sin
previo aviso a los vecinos y ambientalistas en su campamento de
protesta. Las carpas están desde el 17 de setiembre pasado, cuando
comenzó el acampe, motorizado por la “Asamblea Malvinas lucha por la
Vida”. Jóvenes de ambos sexos y vecinos fueron golpeados con palos y
piedras por la patota. La agresión tenía un objetivo preciso: que 7
camiones llegados desde la planta de Monsanto en Rojas, provincia de
Buenos Aires, pudieran ingresar y descargar su material.
Hubo 20
heridos, a pesar que en el sitio estaban diez policías como custodia
preventiva. Los uniformados no hicieron nada para impedir la agresión ni
para separar a los violentos. Peor aún, tres horas más tarde, cuando
habían recibido refuerzos de la Guardia de Infantería, en vez de
antender los reclamos de los manifestantes, los reprimieron con balas de
goma.
Los heridos fueron a declarar ante la fiscalía de Víctor
Chiapero, quien dijo estar tratando de identificar a los intervinientes.
Menuda tarea, aunque el fotógrafo Andrés Baissero, de Ecos Córdoba, le
dio una interesante punta: uno de los vehículos que trasladó a la patota
es una Iveco placa DZZ 611, con patente oficial del gobierno de
Córdoba. Las fotos circularon por las redes sociales y fueron publicadas
por La Mañana de Córdoba en su edición de ayer. Son seis fotografías y
recién en las dos últimas el chofer logra pararse al frente de la unidad
con la vana intención de tapar la patente.
Entre las heridas
estuvo Sofía Gatica, emblemática integrante de Madres de Barrio
Ituzaingó, que el año pasado logró llevar a juicio el primer caso de
contaminación por fumigación de los sojeros de los suburbios. Ella fue
golpeada en setiembre en el acampe y ayer nuevamente, siendo internada
en el Hospital de Urgencias. En los días previos fue amenazada en un
colectivo y luego golpeada por dos personas a la salida del trabajo.
¿Hay que ser mal pensados para sospechar que Monsanto movió los hilos de
la UOCRA y represión policial?
Con gobiernos de turno
La
multinacional con sede en Missouri, Estados Unidos, detenta una
posición hegemónica en semillas transgénicas de soja y maíz. Logró tal
hegemonía con una política comercial de anchas espaldas financieras y
mucho apoyo de diversos gobiernos.
Su táctica sudamericana fue
vender “libremente” las semillas, atadas al glifosato y todo un paquete
tecnológico, para ir ganando mercados. Su estrella de esos años fue la
RR Round Up, autorizada en los años '90 por Carlos Menem y especialmente
su secretario de Agricultura, Felipe Solá (que luego recaló en el
duhaldismo, el kirchnerismo y actualmente en el massismo).
Una
vez que copó la parada, desde 2012, Monsanto hace firmar a los
productores un contrato por el que los obliga a pagar regalías, a no
utilizar semillas para la resiembra y a permitirle a la firma fiscalizar
su uso. Según su propaganda, la apretada le ha reportado el “acuerdo”
del 80 por ciento de sus clientes. Por las dudas, con el auspicio del
último ministro del área, Norberto Yauhar, la multinacional impulsó un
proyecto de ley de semillas que asegurará su negocio y el de otras
multinacionales como Syngenta, Bayer, etc.
Lo bueno es que ese
riesgo mortal para miles de pequeños propietarios rurales y pueblos
originarios ha despertado la oposición de la Subsecretaría de
Agricultura Familiar, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el
Movimiento Campesino de Córdoba y otras entidades que defienden al
verdadero “campo”.
Monsanto no descansa. En el suplemento de La
Voz del Interior (6/9) hacía la propaganda a toda página de su novedad
en semilla. En medio de la publicidad, una línea aclaraba lo obvio:
“Para acceder a los beneficios de Intacta RR2 PRO deberás suscribir una
licencia de uso con Monsanto”.
La justicia también...
El
gobernador José M. de la Sota hace todo lo posible para concretar la
polémica fábrica de Monsanto en Malvinas, a 16 km de la capital
cordobesa, en un predio de 27 hectáreas contiguo a barrios y escuelas de
esa localidad. Esto último fue denunciado desde el comienzo por los
vecinos y las entidades ambientalistas que los apoyan, caso de “Médicos
de Pueblos Fumigados” del médico Medardo Ávila Vázquez (querellante en
el juicio por las fumigaciones en Barrio Ituzaingó), la fundación FUNAM
del biólogo Raúl Montenegro y el Club del Derecho del abogado Federico
Macciochi. Este espectro funciona y apoya a la “Asamblea Malvinas lucha
por la Vida” donde hay varios referentes, entre ellos Gastón Mazzallay y
la propia Gatica.
El anuncio sobre la “inversión” la dio, muy
contenta, Cristina Fernández de Kirchner en junio de 2011 en su
comparendo ante el Council of Americas reunido en Nueva York, con su
anfitriona, la banquera Susan Segal. La presidenta manifestó que
Monsanto ya había impreso un folleto y “cuando eso sucede -dijo- es
porque la inversión ya está asegurada”.
Su adversario De la Sota
también festejó la novedad. Y último en la cadena de mandos políticos,
se sumó el intendente radical de Malvinas, Daniel Arzani.
Este
terceto, en especial el dúo que vive en Córdoba (gobernador e
intendente), se ha negado a dos de las peticiones de los manifestantes y
ambientalistas: realizar una audiencia pública para escuchar las
razones y sinrazones de las partes; y proceder a una consulta popular de
la población de Malvinas, para saber si ésta está de acuerdo o no con
la polémica instalación.
Supuestamente las ventajas de la
inversión, por sus efectos económicos y puestos de trabajo, serían
tantas e inobjetables, que el intendente y el gobernador no deberían
tener ningún problema en ganar por goleada la votación. Sin embargo la
niegan.
La corporación de Missouri ha colonizado la justicia
mediterránea. Todos los recursos presentados por el abogado Macciochi
han sido rechazados: ni audiencia pública, ni consulta popular ni
informe de impacto ambiental previo a las obras.
La jueza
Graciela Escudero de Fernández y luego el Tribunal Superior de Justicia
(de Injusticia, se ironiza), fallaron en un sentido supuestamente
salomónico: autorizaron el avance de las obras, pero dijeron que luego
no se puede operar si no está el informe ambiental.
Contamina la democracia
Es
obvio que hay una trampa. Nadie va a comprar un predio de tantas
hectáreas y hacer una inversión millonaria, si no tiene asegurado que lo
van a dejar producir. Y la inversión cordobesa produciría 60.000
toneladas de granos de maíz al año, habiendo sido presentada como la más
grande en su tipo a nivel internacional de la compañía. Esas obras no
se encaran si no hay suficientes garantías gubernamentales y judiciales.
En
cambio donde a la firma no le ha ido bien fue en Río Cuarto. El
intendente radical Juan Jure, con el apoyo de la Universidad Nacional, y
la oposición de la Sociedad Rural y el Centro Empresario, resolvió
rechazar la instalación de Monsanto. Lo hizo basándose en la evaluación
de impacto ambiental de la Dirección de Zoonosis y Ambiente del Entre
Descentralizado de Control Municipal y el dictamen jurídico de la
Fiscalía Municipal.
En esa importante ciudad del sur provincial,
la multinacional y su asociada Bio4, que ya está radicada en el Parque
Industrial, tenían pensado instalar un centro de investigación y
mejoramiento de variedades de soja e híbridos de maíz, con depósito de
agroquímicos, según informó la Revista El Sur, n° 93, noviembre 2013
(“El rastro de Monsanto”).
Muy buen dato que Jure cerrara las
puertas a la empresa sindicada como gran envenenadora mundial, por más
que sus directivos sigan ganando premios internacionales. Robert Fraley,
director de Tecnología de Monsanto, al recibir en octubre pasado el
Premio Mundial de Alimentación 2013, aseguró que “treinta años de
investigación han validado la seguridad de los productos
biotecnológicos” (Infocampo, 1/9).
El vocero de la compañía en
Córdoba, Adrián Vilaplana, en declaraciones a los medios volvió a negar
de plano la consulta popular con el falaz argumento de que la sociedad
necesita información y no política. Como si su información y su política
empresaria no estuvieran contaminadas no sólo con glifosato sino
también, y sobre todo, por bacterias antidemocráticas. Negar la
votación, tildar de violentos a los asambleístas, concertar la patoteada
con la UOCRA para que los camiones de la empresa pudieran ingresar,
presionar a la justicia, concertar con medios monopólicos locales una
versión edulcorada y casi “verde” de Monsanto, es afectar la democracia.
El cronista la corta aquí. Se tiene que ir a ver “El mundo según
Monsanto”, de la francesa Marie-Monique Robin, película con la que hoy
cierra el ciclo de cine “El ojo crítico” que se desarrolla en el gremio
de Judiciales de Córdoba.
Fuente original: http://www.laarena.com.ar/
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