En el momento que escribo solo faltan horas para que el golpe de Estado parlamentario-judicial-mediático en Brasil se haya consumado al estilo hondureño o paraguayo. No importa que la mayoría de los intelectuales, artistas y movimientos sociales se hayan manifestado en contra durante semanas, que ninguna personalidad prestigiosa en Brasil, o en el mundo, lo haya apoyado.
La mayoría del Senado de Brasil aprobaría esta madrugada, pese a carecer de fundamento jurídico, el juicio político, o impeachment,
contra la presidenta Dilma Rousseff. Ella, conviene insistir, no ha
cometido “delito de responsabilidad”, requisito fijado por la
Constitución para abrir el juicio político. El procedimiento es tan
obvia y escandalosamente grotesco que hasta la fétida OEA y su pendular
Comisión Interamericana de Derechos Humanos han puesto reparos. No,
claro, con el desvelo y afán de su secretario general por servir al
imperialismo contra Venezuela.
Suponiendo que la presidenta
hubiese incurrido en la falta que se le imputa, no pasaría de ser una
pequeña infracción administrativa que no amerita una medida de la
magnitud de la tomada, según opinan abogados eminentes de Brasil.
Protagonistas de esta conjura atroz y decadente: una Cámara de Diputados
y un Senado, cuya mayoría está formada por vividores e ignorantes,
representantes no de los intereses de sus electores sino de los grandes
negocios. Sean los del agribussines, los que abogan por la
industria de armamentos y las empresas de seguridad privada, o la
pintoresca y oscurantista cofradía de pastores y activistas
pentecostales.
Casi todos ligados a grandes transnacionales como
Monsanto y Syngenta o a gigantescos emporios financieros como el de
George Soros, Goldman Sachs y otros de la misma calaña, gestores -con la
complicidad o el auspicio de Washington- de golpes de Estado, guerras
civiles y demolición de países.
Hay que añadir una hornada de
jueces venales y un Tribunal Supremo Federal que sirven, salvo
excepciones, a quien mejor les pague. Otra fuerza decisiva, esta sí
verdadero estado mayor del golpe, es la integrada a escala nacional por
la red multimedios Globo, la revista Veja y los diarios O Estado de Sao Paulo y Folha de Sao Paulo.
A escala internacional, gran parte de la mafia mediática ha participado
en el linchamiento de Dilma, Lula y los gobiernos del PT pero se llevan
las palmas los británicos Financial Times y The Economist, y el estadounidense The Wall Street Journal . Sus nombres lo dicen todo.
Conviene hacer un poco de historia. El gobierno neoliberal de Fernando
Enrique Cardoso dejó al de Lula una honda crisis económica, inflación
desbocada, astronómica deuda pública, desgarramiento del tejido social,
desarticulación del Estado y profundización de las desigualdades e
injusticias abismales que padece el país hace siglos; una de ellas, la
injusta distribución de la tierra. Otra, una ley electoral que impide la
participación popular. Para el sindicalista y para Dilma ha sido muy
difícil gobernar.
Para hacer avanzar su agenda social han
mantenido una alianza y conciliado con sectores y partidos burgueses y
convenencieros y en esas condiciones enfrentado una embestida feroz de
la derecha y la gran prensa oligárquica que intentó desaforar a Lula en
2005. Así y todo, la gestión del PT ha sido revalidada por los electores
en tres comicios presidenciales consecutivos, incluyendo la muy
hostigada reelección de Dilma en 2014, con un margen más ajustado que
los anteriores pero ascendente a la muy respetable cifra de 54 millones
de votos, más de tres millones sobre su rival Aécio Neves.
Ante
el hecho consumado del golpe, queda mucho por hacer. Habrá lucha como
han dicho Lula y Joao Pedro Stedile y todos los referentes del
Movimiento Sin Tierra, del Bloque Brasil Popular, Brasil sin Miedo la
central obrera CUT, la UNE y el interesante Levantamiento de la
Juventud. Los golpistas carecen de consenso salvo en la elite y el
sector fascista de la clase media.
Hay que aprovechar muy bien
los 180 días que tiene el Senado para concluir el juicio sobre Dilma.
Persuadir con masivas movilizaciones al número de senadores necesario
para imponer su absolución en la votación final. Abrir un debate
nacional sobre la monstruosidad en curso y el proyecto de país deseado,
capaz de conducir a la derrota del golpe pero también a una Asamblea
Constituyente, con reforma agraria, reforma política y ley de medios,
que permitan un gran ensanchamiento de la democracia.
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