Paraguay
Ricardo Canese* América Latina
Líderes de derecha neoliberal incendiaron el Congreso el 31 de marzo con “barras bravas” y delincuentes contratados, perpetrando gravísimos delitos, propiciados impunemente por el oligopolio de medios (ABC, UH, Telefuturo) y el público respaldo de la Embajada de los EEUU. Más tarde, los manifestantes fueron desmedidamente reprimidos por el gobierno cartista, lo que terminó con el asesinato de un dirigente liberal juvenil y decenas de heridos.
Las amenazas de violencia de la oligarquía más rancia del Paraguay exteriorizadas impunemente meses anteriores, se convirtieron en realidad el viernes 31 de marzo, cuando el Senado aprobó por amplia mayoría absoluta que la autoridad suprema del Paraguay, la voluntad popular expresada en referendo, se pronuncie y habilite, o no, ya sin posibilidad que nadie lo proscriba (si triunfa el sí), a Fernando Lugo –quien encabeza todas las intenciones de voto, con más del 50%, seguido de Cartes con el 12% 1 – a ser candidato a la Presidencia de la República.
La decisión del Senado de llamar al pueblo a que se pronuncie, según ABC Color, terminaría por colocar en el gobierno al “marxismo bolivariano” (en realidad no más que un proyecto democrático y progresista) y ello es inadmisible para la oligarquía que gobierna el Paraguay desde hace más de un siglo, así como para la Embajada de los EEUU que públicamente dio respaldo a las exigencias oligárquicas. Que la máxima autoridad de la Nación, el pueblo, decida si Lugo podrá ser candidato o no, para la oligarquía es un gravísimo pecado que le habilitaría incluso a “utilizar todos los medios a su alcance” (la violencia) para impedirlo, como no se cansó de repetir y agitar.
Así, apenas el Senado aprobó en la tarde del 31 de marzo por mayoría absoluta consultar con el Supremo, el pueblo, los principales dirigentes neoliberales y autoritarios que operan a favor del oligopolio mediático fueron directamente e injustificadamente a agredir a la policía de guardia, apostada en el Congreso, a fin de generar la natural reacción policial. En los videos filmados (ahora el oligopolio mediático los busca ocultar) se ve como durante un buen tiempo la policía es agredida brutalmente por conocidos dirigentes liberales y los uniformados pacientemente no reaccionan, sino recién cuando su integridad física estaba ya en grave riesgo.
Tal dirigencia liberal consigue provocar, así, los hechos de sangre y violencia que luego los ampliaron y le permitieron culminar con el Congreso incendiado por una turba de delincuentes (“barras bravas”), por ellos mismos contratados. La turba así alquilada por la rancia oligarquía asaltó la Comandancia de Policía, robó y saqueó oficinas públicas (la Subsecretaría de Tributación) y negocios privados. Numerosos vehículos públicos y privados fueron incendiados y se generalizan hechos de vandalismo en el Congreso y sus inmediaciones.
La Policía reaccionó tardía y brutalmente ya al final de la noche del 31 de marzo, produciéndose decenas de heridos y más de 200 detenidos, muchos de ellos golpeados brutalmente. Un joven – Rodrigo Quintana- fue asesinado alevosamente en la propia sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), dejando al país en una situación de profunda crisis.
Cómo comienza todo
La hegemonía oligárquica, que saquea al país desde el genocidio de la Guerra de la Triple Alianza (1864 – 1870), impuesta por el imperialismo inglés y las oligarquías brasileña (Pedro II) y argentina (Mitre), fue cuestionada a partir del triunfo de Fernando Lugo y la Alianza Patriótica para el Cambio en el 2008.
La oligarquía, luego de manejar el país por más de un siglo, se desgastó en el gobierno de tal manera que no pudo evitar el triunfo popular del 2008. El contexto de gobiernos progresistas de la región impidió que se perpetre inmediatamente un golpe de Estado contra Lugo, en lo que trabajaron desde un inicio las alas más reaccionarias del PLRA y del Partido Colorado, con el directo apoyo de la Embajada de los EEUU.
Luego de 24 intentos fallidos de golpe de Estado (entre el 2008 y 2012), finalmente la oligarquía asesinó a través de sicarios a 11 campesinos y 6 policías en Curuguaty, generando inmediatamente el golpe de Estado parlamentario una semana después, el 22 de junio del 2012.
El objetivo del golpe oligárquico del 2012 era no sólo quitar momentaneamente a Fernando Lugo y al Frente Guasu del gobierno, sino matarlo políticamente; que la izquierda nunca más sea un peligro para la oligarquía. Implementaron para ello una brutal campaña de desprestigio (desde el 2012) pero, para su sorpresa, la popularidad de Fernando Lugo creció cada vez más después del golpe.
Así, en el 2016, cuando era ya evidente que la oligarquía no iba a poder resquebrajar la popularidad de Fernado Lugo y del Frente Guasu , la oligarquía pasa a otro plan: la proscripción de Fernando Lugo. Ese es el origen de la violencia que ahora se exteriorizó a fin de marzo con el incendio del Congreso.
La extemporánea e inconstitucional proscripción de Fernando Lugo en noviembre de 2016
En todo el segundo semestre del 2016, Fernando Lugo recorrió extensamente todo el Paraguay, sumándose amplios sectores ciudadanos a su candidatura, ya promovida por el Frente Guasu desde su Congreso de junio del 2016. Importantes bases liberales, coloradas y de otros partidos se sumaron al proyecto. Las encuestas ya le daban en el 2016 como amplio ganador, si las elecciones fueran en ese momento.
Hay que acotar que, en opinión del Frente Guasu, Fernando Lugo no tiene ningún impedimento para ser candidato a la Presidencia de la República, pues no terminó su mandato, justamente por el golpe de Estado parlamentario, y, además, en el 2013 fue electo senador, razón por la cual puede ser Presidente de la República ahora mismo, en caso de que sus pares lo elijan Presidente del Congreso y se produjera una doble vacancia, como ya ocurrió en el Paraguay en 1999. ¿Qué sentido tendría que quien puede ser hoy Presidente de la República no pueda ser siquiera candidato?
Además, una atenta lectura del artículo 229° de la CN muestra que quien con seguridad está impedido de ser candidato es el Presidente de la República en ejercicio del cargo, aunque no así los ex presidentes, particularmente si la interpretación es a favor del derecho humano a elegir y ser elegido, como establece la Carta Americana de DDHH.
Ante el riesgo cierto que Fernando Lugo sea candidato a Presidente de la República y tomando en cuenta su crecimiento electoral en todo el país en el segundo semestre del 2016, el Partido Colorado, dominado por Horacio Cartes, recurrió en forma entera extemporánea a pedir la proscripción de Fernando Lugo en noviembre de 2016 al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), órgano que, además, no puede interpretar la Constitución, según ésta misma.
El TSJE, fiel a la oligarquía, dictó una aberrante resolución, fuera del plazo de tachas y reclamos (que comenzará recién en enero del 2018, una vez que se oficialicen todas las candidaturas), que además es inconstitucional, pues no es el órgano para interpretar la Constitución, atribución exclusiva de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La voluntad popular expresada en referendo, la máxima autoridad de la República
Según nuestra Constitución –conservadora pero democrática, sancionada en 1992, después de caída la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989– la máxima autoridad de la República es la voluntad popular expresada en sufragio, sea referendo, plebiscito o elección. Por su carácter conservador, la Constitución restringe la voluntad popular (el referendo) en algunas áreas sensibles, como el latifundio, y también en cuanto a la duración de los mandatos. Esta última disposición tiene por objetivo que ningún representante del pueblo (Presidente, parlamentario) se quede más tiempo del mandato para el cual fue electo.
Entre las prohibiciones de convocar al pueblo –la máxima autoridad de la República– no se lee en ninguna parte que no se pueda llamar a referendo para decidir cuestiones electorales y, por ello, en el 2011, vía referendo, se aprobó el voto de los paraguayos en el exterior, prohibido inicialmente en la Constitución de 1992. Tampoco se lee que no se pueda consultar a la máxima autoridad de la República, el pueblo, para decidir si podrá haber reelección del Presidente de la República, o no.
Un referendo en el cual se exprese la voluntad popular sobre la reelección es el más claro respeto a la Constitución y despeja toda proscripción sobre Lugo
Dado el aberrante fallo del TSJE proscribiendo –o intentando proscribir– a Fernando Lugo, el Frente Guasu decidió impulsar, junto con otros sectores liberales y colorados, un referendo constitucional en el cual sea la máxima autoridad de la República, el pueblo en sufragio, el que decida si se adopta la figura de la reelección por un período más (como tienen TODAS las naciones de América del Sur). Esta sóla idea causó temor –pavor– a la oligarquía dominante desde 1870, pues ese orden oligárquico (el 2% de la población controla el 85% de la tierra) corría –corre- riesgo de terminar, o verse cuestionado al menos, en caso Lugo gane la elección, ya con mayoría parlamentaria incluso, como todas las encuestas lo pronostican.
Oligarquía y oligopolio de medios se alzan contra la voluntad popular
Alzándose contra la disposición constitucional de que la máxima autoridad de la República es la voluntad popular expresada en referendo, el oligopolio de medios (dos de las familias más ricas del Paraguay, Zuccolillo y Vierci) busca instalar lo contrario (y absurdo): que el pronunciamiento del pueblo en las urnas sería “inconstitucional”. Así, cuando publican una breve crónica, por ejemplo, en lugar de respetar lo que dice el entrevistado, titulan y escriben 20 veces o más de que “la enmienda constitucional” –en realidad la voluntad popular expresada en referendo que enmendaría la Constitución- es “abiertamente inconstitucional”, así lo dicen centenares de veces por la televisión, radio y diarios que monopolizan, emulando a Goebels: “miente, miente, que algo queda”.
En realidad, es exactamente lo opuesto. Ningún poder de la República (que son meramente “mandatarios” del pueblo y no los mandantes) y mucho menos dos personas que controlan el 90% de los medios de comunicación, puede alzarse contra la voluntad popular expresada en referendo, plebiscito o elección. Pese a ello, la oligarquía paraguaya se alza contra esta máxima autoridad de la República, miente abiertamente y lleva a cabo una violenta campaña que ya tuvo un hito culminante con el incendio del Congreso, saqueo de bienes públicos y privados, decenas de heridos, centenares de presos y un asesinado. Es que, en cuanto a la violencia, la oligarquía paraguaya es experta y eso ya lo sabemos por los asesinatos de Curuguaty, que luego le permitieron perpetrar el golpe de Estado paralmentario contra Lugo (2012).
Los falsos argumentos del oligopolio mediático
¿En qué se basa el oligopolio de medios para decir que convocar a la máxima autoridad de la República, el pueblo en referendo, es inconstitucional? Digamos que su pretensión, de tratar de impedir que el Supremo, el pueblo, se pronuncie, es de por sí temeraria, contraria al Estado de Derecho, pues la máxima autoridad es la que, incluso en caso de cualquier duda, está por encima de todos los poderes del Estado (así lo establece la Constitución), por ser justamente la máxima autoridad de la República, la única autoridad mandante.
El oligopolio mediático de los dos (ABC, UH) superpoderosos grupos familiares –que son los que dictan qué es verdad, o no, en el Paraguay- basa su mentira en dos cuestiones.
Primero, dice que, en realidad, la reelección tiene que ver con la “duración del mandato” (que no se puede tratar en referendo) y que, por tanto, no se puede someter una propuesta de reelección a consideración de la máxima autoridad de la República, el pueblo expresado en referendo. Esta es una mentira tan evidente que hasta no valdría la pena argumentar, pero hagámoslo a efectos didácticos. “Duración de mandato” es cuánto tiempo se desempeñará el representante electo en su cargo. En el caso del Paraguay, todos los mandatos duran 5 años, tanto para Presidente como para Gobernador, Intendente, parlamentarios y concejales.
Nadie ha propuesto alterar la duración del mandato (de 5 a 4 años, por ejemplo; o de 5 a 6 años). Y, de hecho, en base a la propuesta de enmienda ya presentada y aprobada por el Senado el 31 de marzo pasado, no hay propuesta alguna para variar la duración de los mandatos, por lo que nada impide a que se llame a referendo. La propuesta aprobada se centra exclusivamente en la reelección y en los requisitos para ser candidato.
La reelección es otro concepto, que no está entre las prohibiciones del artículo 290° de la CN. De hecho, hay autoridades ejecutivas (como Intendentes) que pueden ser reelectas actualmente, así como la totalidad de los representantes legislativos (senadores, diputados, concejales), en tanto que otras autoridades ejecutivas no pueden ser reelectos consecutivamente al menos (Presidente y Gobernador). Lo cierto es que la reelección no tiene nada que ver con la duración del mandato, porque en ningún caso se extiende tal “duración” si es que el representante (Intendente, parlamentario) no obtiene los votos que lo reelijan. La duración del mandato es, en Paraguay, en todos los casos, de 5 años y nadie propone modificar tal plazo.
Hay que terminar este punto acotando que, como la Constitución de 1992 se distingue por garantizar derechos humanos, entre ellos los políticos, aún si hubiera una remotísima duda si se pudiera confundir la “duración del mandato” con la ”reelección”, la interpretación constitucional siempre tiene que ser a favor del derecho del pueblo a decidir, pues el pueblo es la máxima autoridad de la República y es absurdo/aberrante pretender restringirle, justamente a la máxima autoridad de la República, un claro derecho a decidir en las cuestiones de la máxima importancia política, como es si puede haber, o no, reelección para un Presidente de la República.
La grotesca e ilegal sesión del Senado del 25 de agosto del 2016
Como el primer argumento del oligopolio mediático es clara y objetivamente falso (pues la Constitución no prohibe que el pueblo, la máxima autoridad de la República, se pronuncie si va a haber reelección o no), el oligopolio mediático se aferra, como segundo y último argumento, a que el Senado ya presentó “el mismo” proyecto de enmienda el 25 de agosto del año pasado y la Constitución dice que no se puede tratar el mismo proyecto sino después de un año. Este segundo argumento también es falso, por lo siguiente:
Primero –ahora ya se conoce el proyecto de enmienda presentado y aprobado por el Senado– porque el proyecto en tratamiento claramente no es “el mismo” que el que fuera rechazado el 25 de agosto pasado. Proyectos similares, incluso muy parecidos, históricamente SIEMPRE han sido aprobados por el Congreso. Así, se puede citar, para no ir más lejos, el caso del proyecto de ley que aprobaba un crédito del BID para obras públicas el año pasado y que fuera rechazado por el Congreso. Rige la misma prohibición de no tratar “el mismo” proyecto sino dentro de un año. Como las obras no podían parar ni esperar un año, el Ejecutivo conversó con el Congreso, llegó a un acuerdo político y lo volvió a presentar, casi con el mismo texto, pero con algunas muy ligeras modificaciones de forma que sirvieron de argumento para decir que no era “el mismo” texto, y el Congreso lo aprobó sin discusión alguna, por unanimidad. Y es cierto, aunque era casi “el mismo”, no lo era y esa fue la razón técnica que permitió su nuevo tratamiento y aprobación antes de un año. El proyecto de enmienda presentado ahora, es sustancialmente diferente al rechazado el 25 de agosto del 2016, como fácilmente se puede comprobar al leer ambos textos, por lo que no cabe tal prohibición (el antecedente del crédito del BID es elocuente) y, si hubiera duda, debería ser a favor del derecho del pueblo a decidir, no en contra. ¿O es que el pueblo no es la máxima autoridad de la República, como establece la Constitución? ¿O es el oligopolio mediático, como pretende la oligarquía?
Segundo, el rechazo del Senado del 25 de agosto pasado es nulo, porque no contó con dictamen de comisión, como exige la ley. Una ley no se puede sancionarse si no cuenta con un dictamen que la fundamente.
Y, tercero, el rechazo del proyecto presentado el 25 de agosto del 2016 y que proponía (y fundamentaba la legalidad de) convocar a referendo para enmendar la Constitución, presentado por 12 senadores, es una estafa y consiguientemente abiertamente ilegal, pues los citados 12 senadores primero argumentaron por escrito que el referendo popular es la mejor vía constitucional para enmendar la Constitución y en particular decidir si va a haber reelección y, luego de 15 minutos, sin siquiera fundamentar por qué (sin dictamen), sin que se reúna la comisión respectiva a dictaminar y explicar por qué estaban supuestamente equivocados ellos mismos, los 12 senadores que argumentaron a favor, simplemente votaron en contra de su propia moción sin dar ninguna explicación ni fundamento por escrito. ¿Acaso el pueblo no se merece una explicación por qué cambiaron de opinión apenas 15 minutos después? Se trata, en verdad, de una burda estafa pública, grotesca, y consiguientemente ilegal, de ilegalidad insanable, salvo que admitamos que el representante del pueblo puede estafar y burlarse del pueblo cuando quiera.
El alzamiento del oligopolio mediático en contra de la voluntad popular
Aún careciendo de argumentos (pues los dos únicos argumentos que esgrime son falsos), como vimos, el oligopolio mediático se ha encargado de repetir miles de veces que dar poder a la máxima autoridad de la República, el pueblo, para que decida en referendo si puede haber o no reelección, es, según ellos, “inconstitucional”. Tal es así que mucha gente desinformada está convencida, de buena fe, que nada menos que la voluntad popular expresada en referendo es inconstitucional. ¡Gravísimo! Son ellos, el oligopolio mediático, en verdad, los que se alzan contra la Constitución, al oponerse por todos los medios –incluso violentos, como se evidenció este viernes 31 de marzo- al ejercicio de atribuciones de la máxima autoridad de la República, el pueblo, en constitucional referendo.
Autoritarios y neoliberales, sin respaldo popular alguno, al servicio de la oligarquía
En todas las encuestas, particularmente en la última de marzo, publicada por uno de los voceros de la oligarquía, Última Hora, los que primeros salen en las encuestas a la Presidencia de la República (si hoy fueran las elecciones) son Fernando Lugo (52,6%), Horacio Cartes (11,9%) y Nicanor Duarte Frutos (11,5%), quienes quedarían habilitados si el referendo popular los habilitara.
Los que peor salen son el stronista Mario Abdo Benitez (7,9%), hijo del Secretario Privado del dictador Alfredo Stroessner, y el neoliberal Efraín Alegre (7,2%); otros sacan mucho menos. Son estos dos últimos –que no tienen ninguna chance si la reelección se impone por voluntad popular– los que violentamente actúan, también por interés propio, al mismo tiempo que son títeres del oligopolio mediático, buscando eliminar de la competencia previamente a quienes gozan de muchísima mayor intención de votos (Lugo, Cartes, Nicanor).
Presidente del Congreso (partidario de Alegre/PLRA) se alza contra el pleno del Senado
En la medida en que se inició el año legislativo el 01 de marzo, el Presidente del Congreso, Robert Acevedo, del PLRA y partidario del neoliberal Efraín Alegre, declaró públicamente que no iba a dar entrada al proyecto de autorización para el referendo popular, porque supuestamente era una propuesta “inconstitucional” (consultar al pueblo), siguiendo la agenda el oligopolio de medios.
Independientemente de la legalidad o no de lo que proponga cualquier parlamentario, el Presidente del Senado tiene la obligación de dar entrada al proyecto que se le presente, apenas con los requisitos de forma pertinentes. Así se ha hecho siempre en el Congreso del Paraguay y así se hace en todos los congresos del mundo. Luego la comisión respectiva opinará si el proyecto es conveniente, o no, y si se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, o no.
El Presidente del Senado, además, no es quien interpreta la Constitución, sino la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Vale decir, el Presidente del Congreso al constituirse en CSJ e interpretar caprichosamente la constitucionalidad de la propuesta que se le presentó (opinaba así, temerariamente, incluso antes de tener el texto a su vista) se alzó en contra de la Constitución abiertamente, usurpando las funciones de la CSJ. Sin embargo, como tenía el público respaldo de la oligarquía y del oligopolio de medios, cosechó sus aplausos.
Quiénes proponen convocar al pueblo en referendo para decidir sobre la reelección
Una amplia mayoría de parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, entiende que el pueblo es la máxima autoridad y es quien debe ser consultado si habrá o no reelección en el Paraguay. Ello dirimirá pacíficamente la cuestión, y es la alternativa más participativa y democrática.
¿Quiénes son? Son las bancadas parlamentarias del Frente Guasu, del “Equipo Joven” del PLRA, que tiene como líder a Blas Llano (el sector que se mantuvo fiel al gobierno de Fernando Lugo más tiempo); de ÚNACE; del Partido Colorado que responden a Nicanor Duarte Frutos (su ala más progresista) y los parlamentarios que responden a Horacio Cartes (quien también está interesado en ser candidato). En el senado son 25 senadores, una mayoría absoluta sobre el total de 45.
Los que se oponen a convocar a referendo son la bancada colorada que responde al stronista Mario Abdo Benitez; la bancada neoliberal del PLRA que responde a Efraín Alegre; la bancada del PLRA que responde al golpista de Federico Franco; la bancada del PDP, muy próxima a la Embajada de los EEUU de América, y la bancada de Avanza País (P-más y grupo cercano al Intendente de Asunción, Mario Ferreiro). En el senado son un total de 19, y consiguientemente minoría.
El Senado por amplia mayoría aprueba un nuevo Reglamento Interno
En vista al proceder ilegal del Presidente del Congreso, quien sin leer el texto de la propuesta de enmienda constitucional dijo que era inconstitucional y no le iba a dar entrada (alzándose así, él sí, en contra de la Constitución), los parlamentarios que apoyan que el pueblo decida, solicitaron el lunes 27 de marzo, por escrito, la modificación del Reglamento Interno del Senado, lo cual es absolutamente legal (el Senado cuando entiende conveniente, lo puede modificar). Ello iba a facilitar la aprobación de la convocatoria al pueblo en referendo para enmendar la Constitución, ante las trabas ilegales que imponía la minoría de senadores liderada por el Presidente del Senado, Robert Acevedo.
Robert Acevedo, el día martes 28 de marzo, se negó a recibir el petitorio y a abrir la sesión, a pesar de que en la sala del Senado habían 44 senadores (casi la totalidad), con quorum más que suficiente. Los parlamentarios solicitantes le pidieron reiteradamente que abra la sesión y reciba la propuesta, a lo que hizo oídos sordos, en forma ilegal. Ante la negativa del Presidente del Senado de abrir la sesión y admitir el pedido de la mayoría, así como del Vice Presidente Primero, el Vice Presidente Segundo, Julio César Velázquez (de la bancada de Nicanor Duarte Frutos) abrió la sesión, con la presencia de 44 senadores (sobre 45) –amplio quorum– y derivó la propuesta, como corresponde, al estudio de la comisión respectiva (lo que no había hecho el Senado liderado por Robert Acevedo el 25 de agosto del 2016).
En la sesión produjeron graves amenazas y hechos de violencia, de parte de la minoría que defiende la postura contraria al referendo constitucional, por lo que la mayoría (25 senadores) decidió reunirse, una vez que la Comisión dictaminó, en la sala del Senado del Frente Guasu, con quorum más que suficiente, como establece la ley. El Senado, con la mayoría absoluta de 25 miembros y con plena legalidad, aprobó las ligeras modificaciones al Reglamento Interno del Senado.
Esta sesión del Senado para aprobar las modificaciones de su Reglamento Interno, del 28 de marzo, fue enteramente legal, porque, según la misma Constitución y la ley, el Senado puede reunirse válidamente incluso en una plaza pública –no sólo en otra sala del Senado– si es necesario, siempre que tenga el quórum debido. Esta norma (de que lo importante es el quorum y no el lugar) se ha establecido justamente para evitar que el copamiento del Congreso, por parte de un golpe de Estado militar, por ejemplo, impida una sesión válida del Senado. También establece la ley que si no está el Presidente para presidir el pleno, asume el Vicepresidente 1°, si no el Vicepresidente 2° y así sucesivamente, como es en todo órgano colegiado. Vale decir, también es totalmente legal que el Vicepresidente 2° haya presidido la sesión, ante la negativa del Presidente de hacerlo.
Amenazas de violencia
Los sectores autoritarios y neoliberales, a las órdenes del oligopolio mediático, con suficiente tiempo y con toda la impunidad que le da tal oligopolio mediático –que publicita ―la única verdad, la de ellos- fueron realizando amenazas serias y consistentes en los últimos meses.
Así, tres meses antes, Efraín Alegre amenazó con “tomar el Congreso”. En la realidad, el 31 de marzo, fue un poco más lejos y la “barra brava” contratada directamente incendió el Congreso, poniendo en gravísimo riesgo incluso de muerte a todos los funcionarios, lo que hasta ahora ha quedado impune.
Peor aún, el 17 de marzo ABC (el oligopolio mediático) publica la declaración del partidario de Alegre, el senador Luis A. Wagner, con la seria amenaza de que la enmienda (el llamado a referendo popular, la máxima autoridad de la República, recalquémoslo), “puede motivar muertes”. De hecho, la violencia desatada por el oligopolio mediático y sus operadores neoliberales y autoritarios, generaron ya una muerte, pasando la medianoche del día 31 de marzo, a más de decenas de heridos, hasta la fecha. El riesgo de que provoquen más violencia sigue latente.
Citamos apenas esas dos publicaciones, pero hay mucho más. Los líderes contrarios a la voluntad popular (lo que es sedición, o subversión contra el Estado de Derecho) amenazaron con “ríos de sangre” (lo que ya cumplieron en parte), con tomar por asalto el Palacio y el Congreso (lo que también cumplieron, en lo último). A no dudarlo, van a intentar tomar por asalto también el Palacio de Gobierno, si tienen la oportunidad, pues los votos difícilmente los tengan.
El Senado aprobó el 31 de marzo la convocatoria al pueblo para que en referendo decida sobre la reelección
Para buscar evitar todo tipo de violencia –como había generado la minoría de senadores el martes 28 de marzo- la mayoría del Senado se reunión nuevamente en la sala de la bancada del Frente Guasu del Senado el viernes 31 de marzo, cuidando todos los aspectos legales, incluyendo los imprescindibles dictámenes, como plenamente lo autoriza la Constitución y la Ley en este tipo de circunstancia.
Hay que acotar que la sala del Senado estaba copada por los violentos senadores minoritarios que pretendían generar violencia –y hasta muertes- dentro o fuera del Congreso, como lo amenazaron repetidas veces. En tales circunstancias, el Senado puede reunirse incluso en la plaza pública, pero lo hizo prudentemente en una de las salas del Senado.
En forma totalmente legal, entonces, se aprobó la convocatoria a la máxima autoridad de la República, el pueblo, para que en el debido referendo se pronuncie a favor o en contra de la incorporación de la figura de la reelección en la Constitución Nacional.
La violencia que iniciaron y desarrollaron los neoliberales autoritarios
El viernes 31 de marzo, a media tarde, cuando el Senado aprobó convocar al pueblo en referendo, el Congreso estaba custodiado por la Policía y había una reducida cantidad de manifestantes (unas 100 personas) pese a los desesperados llamados a movilización que hacían los líderes de negar al pueblo sus atribuciones.
Este grupo, liderado por Efraín Alegre, Rafael Filizzola y otros dirigentes contrarios a que el pueblo se pronuncie, comenzó a agredir, con piedras y todo tipo de objetos contundentes, causando mucho daño, a la guardia policial, sin que ésta haya hecho absolutamente nada contra tal reducida manifestación. Esta escena se puede ver en lo filmado en el momento, si bien el oligopolio de medios busca ocultarlo. Es decir, los agresores fueron los dirigentes de la oligarquía que habían dicho que iban a correr “ríos de sangre” y que el Congreso sería asaltado. Estaban comenzando a cumplir sus amenazas.
Ante la golpiza inmisericorde que estaba sufriendo la guardia policial por parte de los violentos dirigentes anti-referendo, un policía reaccionó, en defensa de sus camaradas, y, con mal criterio, tiró a quemarropa balines de goma contra un diputado del PLRA que era uno de los que estaba provocando la agresión contra la policía. El impacto fue en la boca, lo que provocó heridas y un abundante sangrado del parlamentario. Ello fue utilizado –como querían los dirigentes anti referendo- para decir que habían sido víctimas de la represión policial (que ellos habían provocado abiertamente) y, así, ampliar la convocatoria, hasta esa hora (media tarde) muy escasa aún.
Siguieron los incidentes por un par de horas y el número de manifestantes no pasó de 500, pese a las abiertas convocatorias de todo el oligopolio mediático. El gobierno de Cartes, quizás con la idea de reducir la tensión, tomó la decisión no reprimir más, lo que fue inmediatamente aprovechado por la turba para invadir el Congreso, saquearlo (en el sentido doble, de destrucción y robo) e incendiarlo, como se pudo ver en todo el mundo. Una auténtica manifestante declaró que ella se retiró del lugar, pues vio que la gente que entraba no eran los tradicionales manifestantes políticos, sino evidentes componentes de grupos de choque, presumiblemente “barras bravas”, particularmente violentas y que normalmente son especialmente contratadas al efecto (ese tipo de grupos, no hace este tipo de “trabajo” en forma gratuita).
En forma coincidente, la madre de uno de los detenidos sostuvo que en el barrio popular de Chacarita (al lado del Congreso), dirigentes políticos anti referendo estuvieron reclutando jovencitos (incluso menores) por 30.000 Gs (5 dólares) para que vengan a saquear e incendiar el Congreso.
No solamente ardió durante horas el Congreso, sino que la turba reclutada por los dirigentes neoliberales y autoritarios asaltaron la oficina de Tributación del Ministerio de Hacienda, en las inmediaciones del Congreso, donde robaron, según el encargado, unas 30 computados y documentos de alto valor de la entidad pública. Lo mismo ocurrió en el Congreso, donde lo que no era robado se destruía aparatosamente, todo ello filmado y con la impunidad que da ser apoyado por el oligopolio mediático, pues finalmente eran sus órdenes las que se estaban cumpliendo. También se incendiaron vehículos y negocios particulares, así como se destruyó infraestructura urbana varia de plazas y calles.
La policía entra a reprimir y asesina a un joven liberal
Después de horas de incendio y saqueo, así como de sufrir un fuertísimo ataque la misma Comandancia de Policía (y la quema de varias patrulleras), la Policía finalmente recibió la instrucción (entendemos que del mismo Cartes) de reprimir y lo hizo desproporcionadamente, golpeando y deteniendo innecesariamente a personas que estaban pacíficamente en el microcentro.
Lo peor de todo fue la bárbara decisión de invadir el local del PLRA, donde un grupo de dirigentes se había refugiado. En ningún caso la Policía debía haber ingresado por la fuerza a un local partidario (la Policía sostiene que no autorizó entrar en tal local partidario) y, peor aún, disparando. Más grave aún fue el hecho que el policía que disparó al ingresar al local del PLRA lo hizo con balines de plomo (todos los disparos anteriores habían sido con balines de goma, que también causaron algunas lesiones extremadamente graves, como la pérdida de un ojo de un manifestante), causando –los balines de plomo– la muerte prácticamente instantánea de un joven dirigente liberal del interior del país.
El policía que causó este asesinato dijo que él estaba seguro que su escopeta tenía balines de goma. La institución policial, sin embargo, sostiene que cada oficial de policía es responsable de la munición que utiliza y que cualquier policía sabe la diferencia entre balines de goma (que eran los únicos autorizados, recalcan) y los de plomo.
Lo más extraño del caso es que el Suboficial Gustavo Florentín, quien fue el que asesinó al joven dirigente liberal con balines de plomo, estaba con ―prisión domiciliaria‖, que la hacía, reconoce la misma institución policial, en la Comandancia de la Policía, en situación de arresto y que, supuestamente, en un momento de confusión, Florentín salió junto con otros suboficiales a sumarse a una patrulla policial, a reprimir a los manifestantes. ¿Cómo un arrestado de repente sale y se suma a una escuadrón represivo? ¿Quién buscó que haya un muerto? ¿Fue solamente Florentín quien decidió matar al joven liberal o alguien lo “estimuló”, o incluso le dio órdenes? ¿Cómo se “fuga” un suboficial que está bajo arresto en la Comandancia y, sin obstáculo alguno, entra a integrar una patrulla represora? Es muy pronto para quitar conclusiones aún y la investigación fiscal recién se inicia. Lo cierto es que la muerte del joven liberal adquiere visos cada vez más tenebrosos.
Destitución del Ministro del Interior y del Jefe de Policía
El Frente Guasu exigió, el sábado 01 de abril a la mañana, la destitución inmediata del Ministro del Interior y del Jefe de Policía. Era imprescindible hacerlo de inmediato. Cartes lo hizo unas horas después.
El Papa y Fernando Lugo llaman al diálogo
El domingo 02 de abril, el Papa Francisco se refirió a los graves sucesos en el Paraguay y Fernando Lugo lo hizo en forma casi simultánea, también el domingo, a través de un mensaje grabado y divulgado incluso por canales del oligopolio mediático.
Cartes, a su vez, convocó al diálogo para el miércoles 5 de abril, primero sin comprometerse a asistir, y luego, ante la presión de diversos sectores, se comprometió a asistir a un diálogo que, dijo, sería de todos los presidentes de los partidos con representación parlamentaria y de la Iglesia Católica, así como de los poderes del Estado. Los opositores al referendo dijeron que no asistirían, pero, llamativamente, el Presidente del Congreso, Robert Acevedo, se comprometió a asistir. También asistirá la Iglesia. Este espacio de diálogo es una excelente oportunidad para buscar un consenso, en lo cual el Frente Guasu buscará contribuir.
Continúa campaña violenta de oligarquía
Como si no hubiera pasado nada –un asesinado, decenas de heridos y el Congreso incendiado— la oligarquía continuó con su campaña violenta en contra de que el pueblo se pronuncie. ¿De qué forma quiere dirimir las diferencias la oligarquía? ¿A balazos, con incendios y saqueos, como ya lo ha hecho hasta ahora?
Postura del Frente Guasu y perspectivas
El Frente Guasu va a seguir insistiendo en una línea pacífica, de diálogo, de búsqueda de consenso y de respeto a la voluntad popular. Con violencia, a la que continúa incitando la oligarquía y el oligopolio de medios, no se va a llegar a nada positivo.
El diálogo propiciado por el Papa Francisco, al que ya se comprometieron a asistir actores trascendentes, es una de las mejores vías para buscar acercar posiciones y reforzar –no disminuir- el protagonismo que debe tener la voluntad popular en cualquier tipo de consenso que se plantee, justamente para las decisiones más polémicas y difíciles.
La máxima autoridad de la República -el pueblo que expresa su voluntad en sufragio universal- es la que debe pronunciarse libremente.
* Ingeniero e importante referente del Frente Guasu, Secretario de Relaciones Internacionales del Frente Guasu y parlamentario del Mercosur.
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