El asesinato de la dirigente indígena hondureña Berta Cáceres ha provocado la unanimidad en los sectores medioambientales, sociales y de derechos humanos que han solicitado una investigación para aclarar su muerte ocurrida este miércoles en su casa de La Esperanza.
Líder indigenista encabezó manifestaciones en defensa del medio ambiente y contra la construcción de proyectos hidroeléctricos en Honduras por considerar que atentaban contra los recursos naturales
Recibió en 2015 el Premio Medioambiental Goldman.
Cáceres, madre de cuatro hijos y una de las fundadoras en 1993 del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada por dos hombres armados que entraron en su casa de La Esperanza, en el departamento occidental de Intibucá.
COPINH representa a unas 300.000 personas de las siete etnias hondureñas.
La líder indigenista lideró manifestaciones en defensa del medio ambiente y contra de la construcción de proyectos hidroeléctricos en su país por considerar que atentaban contra los recursos naturales, por lo que recibió en 2015 el Premio Medioambiental Goldman.
Cáceres fue recibida el año pasado en El Vaticano por el papa Francisco, a quien le expuso la situación de los indígenas hondureños y la realidad de su país, según dijo hoy a periodistas su madre, llamada igual que laactivista.
Berta Cáceres, miembro de la etnia lenca, había denunciado en varias ocasiones amenazas de muerte contra ella y familiares suyos.
Su arma era su voz
Uno de sus hermanos, Gustavo Cáceres, pidió hoy al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que este caso no pase a ser un número más en las estadísticas de la violencia en el país, y que su asesinato sea esclarecido y se castigue a sus autores.
Gustavo Cáceres recordó que el asesinato se produjo a pesar de que tenía medidas cautelares.
Berta “nunca utilizó un arma” para protestar, porque “su arma era su voz” para denunciar violaciones a losderechos humanos y la destrucción de los recursos naturales.
El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, dijo hoy que el asesinato de Cáceres es “un crimen contra Honduras”, y aseguró que no quedará impune.
Anunció que las investigaciones para esclarecer el crimen “están en curso a través de la Unidad de Delitos Violentos, que trabajará “en coordinación con el apoyo de Estados Unidos”.
Reacciones de la ONU, AI y CE
Tanto Naciones Unidas, Amnistía Internacional (AI) como la Unión Europea (UE), tras mostrar sus condolencias a la familia y al pueblo lenca, condenaron “enérgicamente” el asesinato de la líder y llamaron a las autoridades a identificar, procesar y sancionar a los responsables de este crimen.
“Berta Cáceres, lideresa del pueblo lenca que durante su vida y trayectoria profesional defendió los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, fue un ejemplo de dignidad y valentía en materia de defensa y promoción de los derechos humanos”, dijo Pasqualina di Sirio, coordinadora residente ad interim del organismo en Honduras.
El embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, James Nealon, condenó el asesinato y ofreció el apoyo de su país a Honduras para perseguir y juzgar a los responsables del crimen.
Repudio de activistas y críticas a las autoridades
El asesinato de Berta Cáceres generó el repudio de activistas, organismos humanitarios, así como reclamos de justicia y críticas a las autoridades de Honduras.
La organización no gubernamental Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), con base en Costa Rica, tras condenar el crimen, desmintió que Cáceres renunciara a las medidas de protección estatales y resaltó “la deficiente protección que se le brindó, tal y como se ha podido comprobar con este desenlace”.
En este sentido, el coordinador nacional del Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso), Ronaldo Ortiz, acusó al Gobierno de Honduras de no haber protegido a la líder indígena y ambientalista.
“Es algo que ya se sabía. La dirigente Cáceres, semanas atrás, anunció que estaba siendo amenazada de muerte y el Gobierno de Honduras no quiso darle una respuesta efectiva”, dijo Ortiz a Efe.
La no gubernamental Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) de El Salvador también repudió la “negligencia del Estado” hondureño, y exigió al Gobierno de Honduras “crear mecanismos efectivos que garanticen la seguridad de los dirigentes indígenas”.
La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, dijo a Efe que el crimen es “un claro ataque a los líderes de derechos humanos” en el país. “Mientras no se logre demostrar lo contrario, su muerte es un asesinato político”, expresó Oliva.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), con sede en Guatemala, condenó “enérgicamente” el asesinato de la ambientalista, dijo que el mismo afectaba “al movimiento de derechos humanos en toda la región”, y tildó de “imprescindible que este crimen no quede en la impunidad”.
En Managua, representantes de 16 organizaciones feministas, indígenas y de medio ambiente se manifestaron este jueves frente a la embajada de Honduras en Nicaragua para exigir justicia al Gobierno de ese país por el asesinato de la líder indígena lenca.
“Nos hacemos presentes ante la embajada para exigir justicia para Berta y para la larga lista de compañeras y compañeros que han muerto por decir la verdad y denunciar las injusticias del gran capital y sus aliados gubernamentales”, señalaron los activistas en un pronunciamiento dirigido a Juan Orlando Hernández.
Consternación en Honduras
Cientos de personas de organizaciones populares, políticos, campesinos y maestros se manifestaron este miércoles frente a la morgue de Tegucigalpa adonde se trasladó el cuerpo de la activista para practicarle la autopsia y donde despidieron a Berta.
“Su asesinato es una dura bofetada al movimiento popular social y de defensores de los derechos humanos”, dijo a Efe la coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, Yessica Trinidad.
Berta ha sido asesinada por su lucha por la tierra y su caso no debe quedar impune, como ha ocurrido con muchos crímenes en el país. “La ha matado el Estado con las empresas que están contra los activistas de derechos humanos”, aseguró.
El sacerdote franciscano René Flores, quien coincidió en la defensa medioambiental con Berta Cáceres en varios eventos, dijo a Efe que lo que prevalece en el país es “una indignación total, repudio y asombro” por el crimen.
“Hemos llegado a un Estado que no cuida a sus ciudadanos ni a los defensores de derechos humanos”, recalcó el religioso, quien además abogó porque las autoridades “hagan una investigación seria y responsable”.
El coordinador de la organización Vía Campesina, Rafael Alegría, dijo que “Berta era una luchadora en defensa del territorio, las aguas, los bosques, era una compañera que había soñado con refundar, con transformar con los cambios que necesita el país y ha sido asesinada brutalmente”, subrayó, quien además es diputado ante el Parlamento hondureño por el Partido Libertad y Refundación (Libre).
“Es una situación dramática la que estamos viviendo especialmente los luchadores sociales. Lo que corresponde es seguir exigiendo la movilización, la lucha, la unidad de todos los sectores sociales y exigir cambios fundamentales porque el actual sistema, la actual estructura de poder es lo que ocasiona todo esto”, expresó Alegría.
Los restos de Cáceres serán llevados hoy a La Esperanza, donde vivía, y serán sepultados el sábado, según indicó su exmarido, Salvador Zúniga, otro de los fundadores del Copinh.
Ecoportal.net
EFE Verde
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