El gobierno de las grandes empresas
| Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo. |
La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión1 (TTIP por sus siglas en inglés) no tiene nada que ver con el libre comercio. La expresión “libre comercio” suele utilizarse para enmascarar el poder que estos acuerdos otorgan a las corporaciones permitiéndolas demandar a los Estados para anular la legislación nacional que regula la contaminación, la seguridad alimentaria, los transgénicos y los salarios mínimos.Lo primero que es preciso entender es que estos denominados “tratados” o “asociaciones” no son leyes aprobadas por el Congreso. La constitución de Estados Unidos atribuye al Congreso la autoridad de legislar, pero estas leyes se escriben sin la participación del mismo. Sus autores son exclusivamente las grandes empresas y su único objetivo es mantener y aumentar su poder y sus beneficios. La oficina del Representante para el Comercio estadounidense fue creada con el fin de permitir que las grandes empresas dictaran leyes que solo sirven a sus propios intereses. Este fraude a la constitución y al pueblo se encubre denominando “tratados” a las leyes comerciales.Más aún, el Congreso ni siquiera está autorizado a conocer el contenido de las leyes y se ve limitado a aceptar o rechazar las que llegan al Congreso para su aprobación. Por lo general suele dar el visto bueno porque “se ha trabajado mucho en ellas” y “el libre comercio nos beneficiará a todos”.
Los periodistas prostituidos 2 han desviado la atención del contenido de las leyes tramitadas por “vía rápida”. Cuando se acepta dicho procedimiento, el Congreso acepta que las corporaciones redacten las leyes sobre comercio sin la participación de la cámara legislativa. Incluso las críticas a las “asociaciones” son una cortina de humo. Los países acusados de utilizar mano de obra esclava pueden ser excluidos, pero esta exclusión no llegará a producirse nunca. Los superpatriotas se quejan de que la soberanía de Estados Unidos es violada por “intereses extranjeros”, pero lo cierto es que son las propias corporaciones estadounidenses las que violan la soberanía de EE.UU. Otros afirman que con el TTIP aumentará el número de empleos deslocalizados. Pero lo cierto es que no es necesario firmar “tratados” para que aumente la pérdida de empleo en el país, ya que nada impide actualmente que las empresas deslocalicen sus puestos de trabajo.
La verdadera función de las “asociaciones o tratados” es aumentar la inmunidad de las empresas privadas frente a las leyes de los países soberanos sobre la base de que dichas leyes tienen un impacto negativo sobre los beneficios corporativos y constituyen una “restricción al comercio”.
Por ejemplo, bajo el Tratado Trasatlántico, las leyes francesas contra los transgénicos podrían ser anuladas al considerarse “restricciones al comercio” merced a las demandas judiciales iniciadas por Monsanto.
Las compañías tabacaleras pueden demandar a los estados por incluir advertencias sobre la salud en los paquetes de cigarrillos, ya que estos textos pueden disuadir de fumar y por tanto constituyen una “restricción al comercio”.
Las iniciativas destinadas a controlar las emisiones perjudiciales para el medio ambiente también podrían ser objeto de demandas judiciales por parte de las grandes empresas. Bajo el Tratado Trasatlántico (TTIP) las corporaciones serían compensadas por los “ingresos reguladores”, que es como las corporaciones denominan a la protección medioambiental. Esto significa, evidentemente, que los contribuyentes tendrían que pagar daños a las empresas contaminantes.
Los países que exigen que se realicen pruebas a los alimentos importados, como la de la triquinosis a los productos de origen porcino o aquellas a las que se somete a las verduras para detectar residuos de fumigación también podrían ser llevados a los tribunales por las empresas, porque esta regulación incrementa el coste de las importaciones.
Los países que no ofrecen protección a las marcas farmacéuticas y productos químicos y permiten la utilización de genéricos en su lugar pueden ser demandados por daños a las empresas.
Bajo el TTIP, las únicas que pueden demandar son las empresas. Los sindicatos no pueden hacerlo si sus miembros se ven perjudicados por la deslocalización de empleos y los ciudadanos no pueden interponer demandas cuando su salud o sus suministros de agua se vean perjudicados por las emisiones contaminantes de las corporaciones.
Ni siquiera el propio Obama puede participar en el proceso. Así son las cosas: el Representante del Comercio es una marioneta de las corporaciones. Sus servicios a las grandes empresas privadas le reportan un millón de dólares anuales. Estas empresas han sobornado a los líderes políticos de todos los países para que renuncien a su soberanía y al bienestar general de sus pueblos en favor de las empresas privadas. Las corporaciones han pagado enormes sumas de dinero a los senadores estadounidenses para que les transfieran sus poderes legislativos. Cuando se aprueben estos “tratados”, ninguno de los países que los firman tendrá la más mínima autoridad para legislar o hacer cumplir cualquier ley que resulte adversa para las grandes empresas.
Sí, esta iniciativa promete traer el cambio. Está dando paso a que Europa, Asia y EE.UU sean gobernados por las grandes empresas. El primer presidente negro de Estados Unidos está demostrando ser el Tío Tom de las corporaciones. Todo para los dueños de las plantaciones y nada para los esclavos.
Solo aquellos que han vendido su integridad a cambio de dinero firman estos tratados. Y, por lo que parece, Angela Merkel, vasalla de Washington, es una de ellos.
Según ciertas informaciones, los dos principales partidos políticos franceses se han vendido a las empresas, pero, curiosamente, no así el Frente Nacional de Marine Le Pen. En las últimas elecciones a la UE, los partidos disidentes como el de Le Pen o el Partido de la Independencia de Nigel Farage en Reino Unido se impusieron a los partidos tradicionales, pero los disidentes aun deben ganar en sus propios países.
Marine Le Pen es la única líder europea que denuncia el secretismo de los acuerdos que establecen el gobierno de las corporaciones3:
“Es de vital importancia que la gente conozca los contenidos y las motivaciones del TTIP para poder luchar contra dicho tratado. Porque nuestros compatriotas deben poder elegir su futuro, porque deben imponer un modelo de sociedad que se ajuste a sus necesidades y no uno impuesto por las empresas multinacionales ávidas de beneficios, los tecnócratas de Bruselas comprados por los lobbies y los políticos del UMP [de Sarkozy] al servicio de esos tecnócratas”.
También resulta de vital importancia que el público estadounidense conozca el alcance de este tratado, pero ni siquiera el Congreso está autorizado a recibir dicha información.
¿Cuál es el mecanismo de funcionamiento de esta “libertad y democracia” que supuestamente tenemos los estadounidenses, cuando ni el pueblo ni sus representantes electos están autorizados a participar en la creación de leyes que permiten a la empresa privada negar las funciones legislativas de los gobiernos y colocan el beneficio empresarial por encima del bienestar general?
Notas del traductor:
1: También denominada a veces Área de Libre Comercio Trasatlántico o Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones. En ocasiones se usan sus siglas en castellano: ATCI.
2: El autor utiliza el término “presstitutes”, mezcla de “prensa” y “prostituta”.
3: El autor ignora a los representantes de la Izquierda Europea que han denunciado sistemáticamente en Bruselas y sus respectivos países el secretismo que rodea a las negociaciones del Tratado y la pérdida de soberanía que supondría para los Estados su aprobación.
Paul Craig Roberts es un antiguo secretario asistente del Tesoro de EE.UU. y editor asociado del Wall Street Journal.
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