Por:
Del Rosario Ignacio Denis
“La
paz es hija de la convivencia, de la educación, del diálogo. El
respeto a las culturas milenarias hace nacer la paz en el presente”
Rigoberta
Menchu
La
Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) quería introducir unas cuñas radiales como parte de sus estrategias llamando a la desmovilización
de los grupos armados en el norte del país. La iniciativa, según
algunos asesores, se dio para recurrir a la sensibilidad de los
integrantes y que éstos depongan las armas. El ministro Luis Rojas,
de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) manifestó que “el
spot de la FTC fue un error desde todo punto de vista"; al
final, dicha iniciativa fue suspendida pero dejando fuertes críticas,
burlas y rechazo de la ciudadanía en general.
La
ley de militarización que pesa sobre la zona norte del país, al
mando de una “Fuerza de Terror Corrupta” (FTC), tiene muy claros
sus propósitos en cuanto a misiones locales territoriales y sus
fines globales, ya que forman parte de la receta de guerra larga del
Pentágono donde las fuerzas militares se encargan de administrar la
violencia. Es una estrategia no aislada y casual de los negocios
desde la violencia y la guerra; para nadie hoy es un secreto que la
FTC cuenta directamente con el asesoramiento del Comando Sur de los
Estados Unidos y el Mossad israelí, los cuales tienen varios
objetivos, principalmente, controlar los recursos naturales de la
región: tierras, agua dulce (Acuífero Guaraní), minería, como
también garantizar los corredores de tráficos de drogas y armas en
toda la región.
Tal
como sintetiza el gigante y querido Eduardo Galeano: "la
economía mundial es la más eficiente expresión del crimen
organizado. Los organismos internacionales que controlan la moneda,
el comercio y el crédito practican el terrorismo contra los países
pobres, y contra los pobres de todos los países, con una frialdad
profesional y una impunidad que humillan al mejor de los tira bombas.
(...) Los pistoleros que se alquilan para matar realizan, en plan
minorista, la misma tarea que cumplen, en gran escala, los generales
condecorados por crímenes que se elevan a la categoría de glorias
militares. (...) Los violadores que más ferozmente violan la
naturaleza y los derechos humanos, jamás van presos. Ellos tienen
las llaves de las cárceles. En el mundo tal cual es, mundo al revés,
los países que custodian la paz universal son los que más armas
fabrican y los que más armas venden a los demás países; los bancos
más prestigiosos son los que más narco-dólares lavan y los que más
dinero robado guardan; las industrias más exitosas son las que más
envenenan el planeta; y la salvación del medio ambiente es el más
brillante negocio de las empresas que lo aniquilan. Son dignos de
impunidad y felicitación quienes matan la mayor cantidad de gente en
el menor tiempo, quienes ganan la mayor cantidad de dinero con el
menor trabajo y quienes exterminan la mayor cantidad de naturaleza al
menor costo."
En
la actualidad, las transnacionales y mafias del narcotráfico no
cuentan con otra opción más que la de ejecutar por etapa la
doctrina del Plan Colombia en otros países para reconquistar América
Latina; este Plan consiste en propiciar conflicto y violencia para la
caotización, y de esa manera justificar su presencia en territorio
estratégico: existen hoy más de 47 bases militares norteamericanas
en el continente, que desde Colombia, con sus 7 bases y la 4ª Flota,
perfeccionan las viejas Escuelas de las Américas. Colombia se
constituye así en el centro de operaciones más grande del
continente. El Plan Colombia hace que este país, en el sur, sea uno
de los que más venden la paz, al administrar violencia y permitir la
circulación del negocio de la guerra.
El
imperio de los Estados Unidos no tiene otra opción para detener la
entrada de otras potencias mundiales en su llamado patio trasero; sin
duda, cada vez más el escenario geopolítico amenaza al imperio más
grande de la historia: existe una crisis estructural del mismo que
alimenta su mayor agresividad y genera más violencia. Es claro que
solo con la militarización del continente latinoamericano, con las
caotizaciones artificiales en la región, puede controlar los
territorios estratégicos.
Paraguay –con la excusa del terrorismo y el EPP– se impuso la ley de militarización de la zona norte, y en San Pedro se instaló el “Centro de Operaciones de Emergencias” (COE) bajo las directivas del gobierno de Estados Unidos, todo ello para garantizar la paz y la tranquilidad. Para Abel Irala, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj Paraguay), este centro se trata de “la penetración imperialista con la formación de policías militarizadas y de cuerpos especiales de élite para el combate al terrorismo o la prevención del mismo, en algunos casos con involucramiento directo del Pentágono”. En el caso de Perú, está prevista la instalación de 11 bases militares; para el mes de setiembre el incremento de contingente militar asciende de 125 a 3200 soldados. Según el Congreso norteamericano, el aumento de soldados servirá para contribuir a la lucha conjunta con los soldados de la Marina peruana contra los insurgentes y narcotraficantes. En Honduras, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, con la Operación Martillo, las tropas norteamericanas desde la base militar Soto Cano se han adueñado de la Mosquitia. En Guatemala, los militares en las Escuelas, los escuadrones de seguridad ciudadana y la declaración de estados de excepción ante situaciones de conflictividad social, últimamente fue preocupación para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En Costa Rica, más de 2000 soldados participaron en un ejercicio bajo el mando del Comando Sur. En Chile, con el gobierno de Piñera, inauguró una base militar para el entrenamiento en combate urbano en Concón, que en una visita oficial del Secretario de Defensa de Estados Unidos y ex director de la CIA, León Panetta, negó que se tratara de una base militar; según Panetta, se trata de “un campo de entrenamiento operado total y absolutamente por Chile” para preparar a militares en operaciones de paz. Cuando el presidente Obama visitó Chile, en marzo de 2011, se firmó un tratado de cooperación con la Agencia Nacional para el Manejo de Emergencias (Fema), lo que permite el despliegue de tropas estadounidenses en suelo chileno, ante la eventualidad de que el ejército nacional se vea “sobrepasado por alguna situación de emergencia”.
La estrategia de militarización del continente es un hecho abiertamente denunciado en diferentes foros, cumbres de varios países, como CELAC, ALBA, UNASUR; estas instancias de integración regional, igualmente, exigieron al gobierno de los EE.UU la salida de todas las bases militares para garantizar un continente de paz; sin embargo, existen un lobby imperial que no descansa en la ampliación del poder militar en la región con el objetivo de controlar militarmente para imponer el negocio de la guerra, continuar alimentando la violencia, vendiendo solo románticamente la idea de la paz.
La
táctica comunicacional de difusión de cuñas radiales que quería
utilizar la FTC en Paraguay, es una herramienta que utilizan en
Colombia en el marco de la ley llamada de Justicia y Paz, o Ley 975
de 2005, promovida por Álvaro Uribe en su dos periodos de gobierno;
él es uno de los impulsores del negocio de la guerra y el
narcotráfico, fundador del paramilitarismo, personaje férreo en
frecuente lobby con el Imperio.
La
Ley de Justicia y Paz ha sido duramente cuestionada por
organizaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas; esta
normativa garantiza la impunidad y trae consigo el aumento de la
violencia por la militarización de las comunidades; pretende
convertir la criminalidad en hábitos comunes y hacer entender que la
fuerza de la represión es la única garantía de una supuesta
seguridad, como también un rostro empeñado en buscar la paz y la
tranquilidad para las comunidades; en realidad, es un terror
establecido y planificado desde las fuerzas militares que cumplen
tareas precisas en los negocios corruptos de la guerra. Esta práctica
pone en peligro a todos los poderes institucionales democráticos del
país, favorecen solo a las mafias organizadas en armas que
administran la violencia y la criminalidad. Denunciar esta práctica
y realidad que azota a las comunidades es exponerse a las amenazas
judiciales, policiales, militares y paramilitares, es la expresión
del terrorismo de Estado en su face superior y, en este
contexto, todas las garantías institucionales tienden a desaparecer.
Antes
esta clara amenaza a la estabilidad, a la institucionalidad
democrática y por la continua violación de los derechos políticos,
económicos, sociales, culturales y ambientales en Paraguay, no
existen otros actores para la transformación que no sean los
movimientos sociales y populares, campesinos, indígenas,
estudiantiles, obreros, barriales, docentes, con el acompañamiento
de intelectuales honestos, partidos políticos progresistas,
ambientalistas, etc. Esa llamada sociedad civil necesita ejercitar
acciones políticas maduras en su dimensión democrática, medir su
fuerza con clara intención de poder. La clase dirigente debe
reflexionar en su papel ante la historia y con humildad y honestidad
combatir todas las arrogancias políticas desde una profunda
autocrítica para conquistar la unidad con mayúscula. Estos planes
del imperialismo, de reconquistar América Latina, trascienden las
luchas partidistas, sectoriales, electorales, por lo que es necesario
un espíritu unitario que vele por la defensa de la humanidad, la
justicia social, por la democracia y la paz verdadera.
Del
Rosario Ignacio Denis. Ingeniero Agroecologico graduado en Instituto
Latinoamericano de Agroecologia Paulo Freire (IALA)
Twitter:
@yiyoparaguay
Blog
del Autor : http://ayvuguasu.blogspot.com/
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