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Es un axioma que los presupuestos de un Estado son la radiografía de las relaciones de clase en el país y de la ideología que detenta el partido gobernante. De la ideología del partido gobernante en España no habría mucho que comentar, dado que sus actuaciones bien la definen. Pero respecto a las relaciones económicas de clase, y como voy a explicar también de sexo, el mejor tratado económico son los presupuestos del Estado.El que corresponde al Estado español para 2015 ha sido analizado por varias organizaciones feministas: Fórum de Política Feminista, Comisión de Malos Tratos, PIINA, Coordinadora COMPI, y ha sido aprobado y ratificado por 120 asociaciones de mujeres y feministas de toda España. Durante varias semanas las compañeras se han dedicado a un trabajo solitario, penoso y anónimo para analizar la cuantía y distribución del gasto público y de los ingresos que lo alimentan, y la repercusión que esos presupuestos van a tener en el reparto de la riqueza entre hombres y mujeres y en el papel que se les atribuye a ambos sexos en la sociedad española.
Las grandes cifras del Presupuesto 2015 están condicionadas por el lastre de la deuda pública y maquilladas por artificios como la elevación del PIB por incluir los ingresos derivados del consumo de prostitución y de drogas y la presunción de que habrá un aumento del empleo y del consumo general, que a su vez producirán un aumento de los ingresos públicos.
La prostitución y el tráfico de drogas ‘elevan’ un 0,85% el Producto Interior Bruto de España, más de 9.000 millones de euros, y sumadas a otras “mejoras estadísticas” aumentan artificiosamente el 3,3% el PIB de la zona euro y de España, maquillando su estancamiento. Pero a la vez que nuestro gobierno se vanagloria de la elevación del PIB por la comisión de actividades delictivas e indignas de ser consideradas trabajo productivo, sigue estando ausentes de la contabilidad institucional los bienes y servicios de cuidados a la familia, la infancia y las personas dependientes, que son necesarios y producidos mayoritariamente por mujeres mediante trabajo doméstico no pagado, en incumplimiento de la exigencia estipulada en la medida 206 de la Plataforma de Acción de Beijing 1995.
La reforma tributaria que debate ahora el Senado no aborda el fraude fiscal, mantiene en el IRPF la tributación conjunta de cónyuges que desincentiva el empleo de las mujeres, establece deducciones y desgravaciones de casi el 20%, que distorsionan que cada persona contribuya según su capacidad y que sean las políticas de gasto social las que ayuden a cada persona según sus necesidades, y reduce la progresividad, al integrar los cinco tramos de ingresos superiores a 35.000 €/año -con gravamen gradual del 40% para los de más de 33.000, al 52% para los de más de 300.000- en dos tramos, gravando con el 39% los ingresos superiores a 35.200 y el 47% los superiores a 60.000. En el 2º gran impuesto, el IVA, se mantienen los tipos (general del 21% y reducido del 10%), y el presupuesto incluye una previsión de aumento de la recaudación del 9,9% ‘por aumento del consumo’. En el tercer gran impuesto, sociedades, que grava los beneficios empresariales, el gravamen baja del 30% al 28%. En conjunto, baja la progresividad y por tanto la distribución de la riqueza hacia los colectivos más desfavorecidos, la mayoría femeninos. Será imposible que tales rebajas permitan financiar el gasto social.
El empleo femenino seguirá siendo eventual, a tiempo parcial y sin poder acceder a jubilación ni subsidio de desempleo. La Encuesta de Población Activa (EPA) registra que 172.800 mujeres han abandonado la búsqueda de empleo desde 2013, quebrando la resistencia anterior al desánimo, pese a tener una tasa de paro superior a la masculina. En el aumento del paro femenino influyen las políticas que se han implantado en el sector público, que, lejos de dinamizar el empleo, emplea a 17.700 personas menos en el último año. De los 273.900 empleos recuperados en el último año, sólo 1 de cada 5 han sido para mujeres, discriminación que se acentúa en el III trimestre de 2104, en que se han generado 164.900 empleos de hombres y destruido 13.900 empleos de mujeres. A ese ritmo, la recuperación del volumen de empleo de 2008 exigiría 10,9 años para los hombres y 13,4 años para las mujeres:
Además, el empleo de las mujeres es más precario: somos el 72,9% de las 2.624.400 personas empleadas a tiempo parcial, cuyo salario por hora es un 33% inferior al de tiempo completo, contribuyendo a que la remuneración media anual sea de 25.682 € para los hombres y 19.537 euros para las mujeres. Esto, unido a que regímenes muy feminizados como el de empleo de hogar excluyen este derecho, hace que las prestaciones por desempleo cubran sólo al 42,4% de los 2,6 millones de paradas y al 45,8% de los 2,8 millones de parados, y que la prestación contributiva media sea de 871 €/mes para los hombres y 706 € para las mujeres. Mientras, los Presupuestos 2015 recortan un 14,9% las prestaciones por desempleo, (de 29.727 a 25.300 millones) pese a que la recuperación del empleo ha sido sólo del 8,8%, lo que puede empujar a la pobreza y la exclusión social a 350.000 paradas y parados. Y a pesar de que se afirma que el Fomento de la inserción laboral crecerá un 17%, es sorprendente que siendo más de 124.893 las mujeres que cada año denuncian violencia de género, sólo 674, es decir el 0,5%, hayan tenido un contrato bonificado.
A pesar de la generosidad con que parece dotarse el Programa de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, con más de veinte millones de euros, un análisis detallado nos sume en el desánimo. Esa cifra significa únicamente el 55% del presupuesto del año 2009 pese a recibir un 20% de su financiación de la Unión Europea y 15% de los Fondos Noruegos. Con ellos el Instituto de la Mujer gestionará el 1,98% de los 3.127 millones de euros que se destinarán al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y el 0,005% del Presupuesto del Estado. El Instituto de la Mujer divide su presupuesto a tercios entre gastos de personal, contratación de bienes y servicios y subvenciones. Estas cuentan con 6,3 millones, de los que destina dos terceras partes al empresariado, en gran medida a través de las Cámaras de Comercio y la CEOE, una guinda a lo que reciben vía Ministerio de Empleo; 6,3% a convenios con Cruz Roja, Secretariado Gitano, CEPAIM y FEUP; 24% a asociaciones de mujeres y todo lo demás. Destaca la ínfima cooperación con las Comunidades Autónomas, dotada solo con 75.000 euros. Y choca el 3,2%, 200 millones financiados por Noruega, destinados a actuaciones municipales de igualdad de género, contradiciendo la eliminación de la promoción de la igualdad de las mujeres, en las políticas de los Ayuntamientos.
En una situación de mayor paro, pobreza en aumento, desempleo, desahucios de familias, la mayoría dirigidas por una mujer, el presupuesto del Plan Concertado de Servicios Sociales Básicos sufre un nuevo recorte y se dota con 27,4 millones de euros (27,6% de su dotación en 2009). Y aunque la Secretaria de Estado de Igualdad y Servicios Sociales anunció en el Congreso que transferirán 32 millones de euros más a los ayuntamientos para un nuevo programa de apoyo a las familias y la infancia, esa cantidad que quizá a algún ingenuo le parezca fabulosa supondrán 7 euros/año por persona atendida. Así se sustituye el modelo social llamado del bienestar por el de beneficencia. La caridad que siempre es tan grata a las clases dirigentes.
Y siguen aumentando las solicitudes de rentas mínimas de inserción para personas sin recursos (el 61% de los beneficiarios de estas rentas en 2012 eran mujeres), a pesar de que su cuantía media, que varía según la regulación de cada comunidad, no alcanza para vivir.
En un país donde el reparto de la riqueza es del 82% para los hombres y el 18% para las mujeres, no pueden sorprender estas cifras, aunque es evidente que las actuaciones del gobierno popular han hundido aún más a las mujeres en la pobreza, la marginación y la invisibilidad. Y en la victimización.
Así el programa para la prevención integral de la violencia de género se dota con 23,7 millones de euros (otro 0,005% del Presupuesto). Sube un 8,6% respecto a 2014, pero sólo alcanza el 77% de lo que tenía en 2009. Lo gestiona la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que gasta un 13% en personal y gasto corriente, 37,5% en inversión (8,9 millones) y 49% en subvenciones (11,7 millones). De ellos, 7,6 millones contribuyen minoritariamente a sostener los puntos de prevención y atención jurídica, social y psicológica a las víctimas establecidos por el artículo 19 de la Ley integral contra la violencia de 2004, teleasistencia y servicio de Atención y Protección, mediante convenios con Comunidades Autónomas y ayuntamientos. Convenios que no se firmarán según la nueva política impuesta por el gobierno de eliminar la colaboración con esas instituciones en materia de asistencia social. No hay previsiones para la aplicación del Convenio de Estambul vigente desde agosto 2014, que trata de imponer medidas protectoras a las víctimas de violencia machista. Y la implantación del 2º Plan contra el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual solo cuenta con 2 millones de €. En esta propina que se otorga a la persecución de las mafias de la prostitución queda resumida la política y la ideología de un gobierno que considera la prostitución una fuente de ingresos.
Ni una mención a las políticas necesarias para alcanzar la igualdad de salarios entre hombres y mujeres –querida reivindicación feminista que tiene más de doscientos años-, ni a la inserción de mujeres en los puestos de decisión en la economía, la política, la cultura. Nadie ha pensado aún en aplicar una política estatal para erradicar el machismo en la escuela, en los institutos, en la Universidad, en la televisión, en los medios de comunicación. Ni se mencionan las partidas que deberían destinarse a la formación en feminismo de maestros y maestras, profesoras y profesores, jueces y juezas, fiscales y fiscalas, policías, forenses, trabajadoras sociales. Ninguno de estos objetivos merece una partida presupuestaria.
Por ello, de cuando en cuando, con escándalo y sorpresa, se publican estudios y encuestas que señalan el aumento del machismo en la sociedad española y especialmente entre las generaciones más jóvenes. Y los que lo denuncian dicen que no saben por qué se produce.
Las grandes cifras del Presupuesto 2015 están condicionadas por el lastre de la deuda pública y maquilladas por artificios como la elevación del PIB por incluir los ingresos derivados del consumo de prostitución y de drogas y la presunción de que habrá un aumento del empleo y del consumo general, que a su vez producirán un aumento de los ingresos públicos.
La prostitución y el tráfico de drogas ‘elevan’ un 0,85% el Producto Interior Bruto de España, más de 9.000 millones de euros, y sumadas a otras “mejoras estadísticas” aumentan artificiosamente el 3,3% el PIB de la zona euro y de España, maquillando su estancamiento. Pero a la vez que nuestro gobierno se vanagloria de la elevación del PIB por la comisión de actividades delictivas e indignas de ser consideradas trabajo productivo, sigue estando ausentes de la contabilidad institucional los bienes y servicios de cuidados a la familia, la infancia y las personas dependientes, que son necesarios y producidos mayoritariamente por mujeres mediante trabajo doméstico no pagado, en incumplimiento de la exigencia estipulada en la medida 206 de la Plataforma de Acción de Beijing 1995.
La reforma tributaria que debate ahora el Senado no aborda el fraude fiscal, mantiene en el IRPF la tributación conjunta de cónyuges que desincentiva el empleo de las mujeres, establece deducciones y desgravaciones de casi el 20%, que distorsionan que cada persona contribuya según su capacidad y que sean las políticas de gasto social las que ayuden a cada persona según sus necesidades, y reduce la progresividad, al integrar los cinco tramos de ingresos superiores a 35.000 €/año -con gravamen gradual del 40% para los de más de 33.000, al 52% para los de más de 300.000- en dos tramos, gravando con el 39% los ingresos superiores a 35.200 y el 47% los superiores a 60.000. En el 2º gran impuesto, el IVA, se mantienen los tipos (general del 21% y reducido del 10%), y el presupuesto incluye una previsión de aumento de la recaudación del 9,9% ‘por aumento del consumo’. En el tercer gran impuesto, sociedades, que grava los beneficios empresariales, el gravamen baja del 30% al 28%. En conjunto, baja la progresividad y por tanto la distribución de la riqueza hacia los colectivos más desfavorecidos, la mayoría femeninos. Será imposible que tales rebajas permitan financiar el gasto social.
El empleo femenino seguirá siendo eventual, a tiempo parcial y sin poder acceder a jubilación ni subsidio de desempleo. La Encuesta de Población Activa (EPA) registra que 172.800 mujeres han abandonado la búsqueda de empleo desde 2013, quebrando la resistencia anterior al desánimo, pese a tener una tasa de paro superior a la masculina. En el aumento del paro femenino influyen las políticas que se han implantado en el sector público, que, lejos de dinamizar el empleo, emplea a 17.700 personas menos en el último año. De los 273.900 empleos recuperados en el último año, sólo 1 de cada 5 han sido para mujeres, discriminación que se acentúa en el III trimestre de 2104, en que se han generado 164.900 empleos de hombres y destruido 13.900 empleos de mujeres. A ese ritmo, la recuperación del volumen de empleo de 2008 exigiría 10,9 años para los hombres y 13,4 años para las mujeres:
Además, el empleo de las mujeres es más precario: somos el 72,9% de las 2.624.400 personas empleadas a tiempo parcial, cuyo salario por hora es un 33% inferior al de tiempo completo, contribuyendo a que la remuneración media anual sea de 25.682 € para los hombres y 19.537 euros para las mujeres. Esto, unido a que regímenes muy feminizados como el de empleo de hogar excluyen este derecho, hace que las prestaciones por desempleo cubran sólo al 42,4% de los 2,6 millones de paradas y al 45,8% de los 2,8 millones de parados, y que la prestación contributiva media sea de 871 €/mes para los hombres y 706 € para las mujeres. Mientras, los Presupuestos 2015 recortan un 14,9% las prestaciones por desempleo, (de 29.727 a 25.300 millones) pese a que la recuperación del empleo ha sido sólo del 8,8%, lo que puede empujar a la pobreza y la exclusión social a 350.000 paradas y parados. Y a pesar de que se afirma que el Fomento de la inserción laboral crecerá un 17%, es sorprendente que siendo más de 124.893 las mujeres que cada año denuncian violencia de género, sólo 674, es decir el 0,5%, hayan tenido un contrato bonificado.
A pesar de la generosidad con que parece dotarse el Programa de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, con más de veinte millones de euros, un análisis detallado nos sume en el desánimo. Esa cifra significa únicamente el 55% del presupuesto del año 2009 pese a recibir un 20% de su financiación de la Unión Europea y 15% de los Fondos Noruegos. Con ellos el Instituto de la Mujer gestionará el 1,98% de los 3.127 millones de euros que se destinarán al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y el 0,005% del Presupuesto del Estado. El Instituto de la Mujer divide su presupuesto a tercios entre gastos de personal, contratación de bienes y servicios y subvenciones. Estas cuentan con 6,3 millones, de los que destina dos terceras partes al empresariado, en gran medida a través de las Cámaras de Comercio y la CEOE, una guinda a lo que reciben vía Ministerio de Empleo; 6,3% a convenios con Cruz Roja, Secretariado Gitano, CEPAIM y FEUP; 24% a asociaciones de mujeres y todo lo demás. Destaca la ínfima cooperación con las Comunidades Autónomas, dotada solo con 75.000 euros. Y choca el 3,2%, 200 millones financiados por Noruega, destinados a actuaciones municipales de igualdad de género, contradiciendo la eliminación de la promoción de la igualdad de las mujeres, en las políticas de los Ayuntamientos.
En una situación de mayor paro, pobreza en aumento, desempleo, desahucios de familias, la mayoría dirigidas por una mujer, el presupuesto del Plan Concertado de Servicios Sociales Básicos sufre un nuevo recorte y se dota con 27,4 millones de euros (27,6% de su dotación en 2009). Y aunque la Secretaria de Estado de Igualdad y Servicios Sociales anunció en el Congreso que transferirán 32 millones de euros más a los ayuntamientos para un nuevo programa de apoyo a las familias y la infancia, esa cantidad que quizá a algún ingenuo le parezca fabulosa supondrán 7 euros/año por persona atendida. Así se sustituye el modelo social llamado del bienestar por el de beneficencia. La caridad que siempre es tan grata a las clases dirigentes.
Y siguen aumentando las solicitudes de rentas mínimas de inserción para personas sin recursos (el 61% de los beneficiarios de estas rentas en 2012 eran mujeres), a pesar de que su cuantía media, que varía según la regulación de cada comunidad, no alcanza para vivir.
En un país donde el reparto de la riqueza es del 82% para los hombres y el 18% para las mujeres, no pueden sorprender estas cifras, aunque es evidente que las actuaciones del gobierno popular han hundido aún más a las mujeres en la pobreza, la marginación y la invisibilidad. Y en la victimización.
Así el programa para la prevención integral de la violencia de género se dota con 23,7 millones de euros (otro 0,005% del Presupuesto). Sube un 8,6% respecto a 2014, pero sólo alcanza el 77% de lo que tenía en 2009. Lo gestiona la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que gasta un 13% en personal y gasto corriente, 37,5% en inversión (8,9 millones) y 49% en subvenciones (11,7 millones). De ellos, 7,6 millones contribuyen minoritariamente a sostener los puntos de prevención y atención jurídica, social y psicológica a las víctimas establecidos por el artículo 19 de la Ley integral contra la violencia de 2004, teleasistencia y servicio de Atención y Protección, mediante convenios con Comunidades Autónomas y ayuntamientos. Convenios que no se firmarán según la nueva política impuesta por el gobierno de eliminar la colaboración con esas instituciones en materia de asistencia social. No hay previsiones para la aplicación del Convenio de Estambul vigente desde agosto 2014, que trata de imponer medidas protectoras a las víctimas de violencia machista. Y la implantación del 2º Plan contra el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual solo cuenta con 2 millones de €. En esta propina que se otorga a la persecución de las mafias de la prostitución queda resumida la política y la ideología de un gobierno que considera la prostitución una fuente de ingresos.
Ni una mención a las políticas necesarias para alcanzar la igualdad de salarios entre hombres y mujeres –querida reivindicación feminista que tiene más de doscientos años-, ni a la inserción de mujeres en los puestos de decisión en la economía, la política, la cultura. Nadie ha pensado aún en aplicar una política estatal para erradicar el machismo en la escuela, en los institutos, en la Universidad, en la televisión, en los medios de comunicación. Ni se mencionan las partidas que deberían destinarse a la formación en feminismo de maestros y maestras, profesoras y profesores, jueces y juezas, fiscales y fiscalas, policías, forenses, trabajadoras sociales. Ninguno de estos objetivos merece una partida presupuestaria.
Por ello, de cuando en cuando, con escándalo y sorpresa, se publican estudios y encuestas que señalan el aumento del machismo en la sociedad española y especialmente entre las generaciones más jóvenes. Y los que lo denuncian dicen que no saben por qué se produce.
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