Desde la Organización de
Lucha por la Tierra (OLT) nos dirigimos a la opinión pública nacional e
internacional para manifestar cuanto sigue:
En la mañana de hoy, 23
de diciembre, un grupo de 200 policías fuertemente armados, en 14 patrulleras,
atropellaron el Asentamiento 1ro. De marzo, del Distrito de Yvyra Rovana,
Departamento de Canindeyú, donde aproximadamente se encuentran 300 jefes de
familia. El asalto a la comunidad se realiza sin ningún tipo de documentación
ni mediación con las familias del lugar, procediendo a la quema de casas,
matando cerdos, gallinas, y sembrando pánico a los niños y niñas del
lugar. Hasta el momento no se sabe si el
procedimiento efectuado se sustenta con
una orden judicial de desalojo, siendo que no se han acercado ningún
responsable del ministerio público, ni se sabe si hay alguna autoridad aparte
de la policial que acompañó el hecho, ya que nadie dio explicaciones sobre el
procedimiento
.
.
La Comisión Vecinal de
familias sin tierra denominada “Joajú”,
viene desde hace tres años y medio gestionando ante el INDERT y el
Senado de la Nación la expropiación del inmueble de 4.499 hectáreas cuyo origen es fiscal y de transacción ilegal.
Las
tierras públicas
de 4.499 hectáreas ha sido adjudicado
ilegalmente por Resolución Nº 668 de
fecha 11 de junio de 1969, del Consejo del Instituto de Bienestar Rural
(IBR), a la firma Perfecta S.A.M.I en permuta por un avión Marca
META-SOKOLL-L 403”, propiedad de Perfecta S.A. evaluada en
la suma de 3 millones de guaraníes por las partes. Cuando La ley 854/63
que establece el
Estatuto Agrario, que regía al momento de dicha adjudicación por la vía
de la
permuta, no autorizaba al IBR a adjudicar tierras de Reforma Agraria a
una
empresa mercantil como era Perfecta S.A.
y menos a una sociedad anónima, no reconocidos como sujetos de reforma
agraria.
Denunciamos este nuevo “Desalojo violento”
que soportan estas familias campesinas en abierta violación a sus DDHH al
acceso a un pedazo de tierra, al trabajo y
a la alimentación; por esta ya van
cuatro desalojos
violentos por parte del Estado a través de la fuerza policial.
Responsabilizamos al gobierno de Cartes y el
presidente del INDERT ante cualquier desenlace fatal que pueda ocurrir y enlutar nuevamente al país, como lo fue la
masacre de Curuguaty. Así también
hacemos responsables a los tres poderes del Estado por la impunidad que brindan
a los dueños de tierras mal adjudicadas, condenando a miles de familias
campesinas a vivir sin las tierras para generar el sustento y el desarrollo
nacional.
Desde la organización exigimos:
1. El cese de la
violencia con el que se está procediendo en este momento en la comunidad, con
la quema de viviendas, matanza de cerdos y gallinas de las familias.
2. Solicitamos la inmediata intervención del Parlamento y otras instituciones correspondientes.
3.
Al INDERT y el Gobierno, exigimos la
expropiación inmediata del inmueble de 4.499 hectáreas para adjudicarle a las
300 familias afectadas.
“Por la recuperación y defensa del territorio
campesino para la Soberanía Alimentaria”
Dirección
Nacional OLT
Contactos:
Esteban
Irala, 0982-603686
Diosnel
Sachelaridi, 0982-273032
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