- Publicado el Lunes, 18 Noviembre 2013 21:17
Desde
el 11 al 15 de noviembre del presente año, 43 representantes de redes,
instituciones y organizaciones sociales de 6 países, más Paraguay,
recorrieron los departamentos de Presidente Hayes, Concepción, Canindeyú
y San Pedro, para constatar la situación de los derechos humanos en el
país.
El informe preliminar
fue presentado durante una conferencia de prensa el pasado jueves 14
del corriente, por Ana Juanche (Serpaj Latinoamérica), Nora Cortiñas
(Madres de Plaza de Mayo, Argentina) y Enrique Gauto (Coordinadora de
Derechos Humanos del Paraguay - Codehupy).
Las y
los delegados de organizaciones foráneas y nacionales recabaron
testimonios e informes, primeramente, de la comunidad indígena
Sawhoyamaxa, del Pueblo Enxet, en el departamento de Presidente Hayes,
donde constataron la vulneración de sus derechos, ya que el Estado
paraguayo todavía no cumple la condena que le fuera impuesta por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006, a restituirles 14.404
hectáreas de tierra que les fueran arrebatadas hace más de 20 años.
También hacen mención a denuncias sobre discriminación en materia de
atención a salud y sobre educación.
En el departamento de
Concepción, actualmente uno de los tres que se encuentran bajo la
militarización –junto a San Pedro y Amambay– casi inmediatamente desde
la asunción del gobierno de Horaio Cartes, la Misión se reunió con el
campesinado organizado y pobladores comunes, además de autoridades
locales. Los observadores y observadoras expresaron su especial
preocupación por la profundización del régimen represivo que el Estado
paraguayo despliega en esa zona del norte del país, por lo que exigieron
al Poder Legislativo la derogación de la ley recientemente aprobada,
que autoriza al Poder Ejecutivo a usar las fuerzas policiales y
militares en procura de atrapar al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP,
supuesto grupo armado que opera en la zona).
Denunciaron la
violencia perpetrada por el Ejército paraguayo contra campesinos e
indígenas, con el pretexto de perseguir al EPP. Informaron sobre
testimonios recibidos acerca de declaraciones extrajudiciales, tortura,
tratos crueles e inhumanos y amenazas de procesamiento y
judicialización, además de denuncias sobre agresiones, abusos sexuales,
robos de enseres y animales y detenciones arbitrarias por parte de las
tropas.
La delegación de
defensores y defensoras de Derechos Humanos se trasladó después al
departamento de San Pedro, para dialogar con los pobladores y pobladoras
del distrito de Tacuatí, donde sucedieron hechos de violencia que
oficialmente fueron sindicados cometidos por el EPP, sin que ningún
vocero de esta agrupación se atribuyera la autoría de tales hechos. En
este distrito, mantuvieron una reunión con familiares de campesinos
presos por el caso del asesinato del ganadero Luis Lindstron y se
discutieron, entre otros, temas referentes a la militarización.
También estuvieron en
Marina Kue –departamento Canindeyú–, donde el 15 de junio de 2012 se
produjera la matanza de 11 campesinos y 6 policías en un desalojo
enmarcado en la lucha por la tierra, y que fuera el antecedente directo
para que el Congreso Nacional llevara adelante el juicio político contra
el entonces presidente, Fernando Lugo. En Marina Kue, la Misión observó
con estupor que, en el lugar de la masacre, se explayaba un
interminable cultivo de soja transgénica.
Las zonas visitadas por
el equipo son de las más empobrecidas del país, pero donde la tierra y
los bienes naturales son fuente de codicia de las empresas del
agronegocio, por lo que los conflictos entre éstas con las poblaciones
son constantes.
La agenda incluyó
también entrevistas con autoridades locales y nacionales, además de la
visita a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en Asunción.
Para acceder al Informe
Preliminar de la Misión de Observación Internacional sobre la situación
de los Derechos Humanos en Paraguay, hágase clic aquí.
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