La construcción de una democracia socialista
Pacarina del Sur
| Artículo basado en mi ponencia presentada en el XXIX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología ALAS Chile 2013, Santiago de Chile, 30 de septiembre de 2013. |
Tras la reconfiguración política que ha vivido América Latina y el
Caribe desde el levantamiento zapatista de 1994, en México, y la llegada
de Hugo Chávez al poder en Venezuela, en 1998, la democracia en la
región ha experimentado una profunda transformación, consolidándose no
sólo en su vertiente representativa, sino también avanzando
sustancialmente hacia un modelo participativo, sobre todo en aquellos
países inmersos en una transición de signo socialista, --con enormes
obstáculos y contradicciones internas y externas--, como Venezuela,
Bolivia y Ecuador, además del desarrollo del modelo cubano. Paralelo a
los sistemas políticos del Estado, también destacan experiencias como
las del zapatismo en México y el MST en Brasil, que construyen sus
propias estructuras de democracia directa. Tanto teórica como
empíricamente, América Latina y el Caribe están presenciando la
construcción de una democracia de orientación socialista, contrastando
con la interpretación y vivencia que ésta tuvo durante el llamado
socialismo real en el siglo XX.
Fuente: Pacarina del Sur -
http://www.pacarinadelsur.com/home/alma-matinal/884-transiciones-de-la-democracia-en-america-latina-y-el-caribe-en-el-siglo-xxi-la-construccion-de-una-democracia-socialista
- Prohibida su reproducción sin citar el origen.
La
reconfiguración política de la región latinoamericana y caribeña en la
primera década del siglo XXI, tiene como antecedentes inmediatos no sólo
los procesos políticos y las luchas populares que se producen desde
fines de los setenta hasta los inicios de la década de los 90s, sino dos
acontecimientos claves e inéditos que se caracterizan por su carácter
popular y que también inciden en el panorama mundial: el levantamiento
zapatista del primero de enero de 1994 – rebelión armada contra el
modelo neoliberal, justo en su apogeo-, y el inicio de la Revolución
Bolivariana en Venezuela, a partir del triunfo de Hugo Chávez en las
elecciones presidenciales de 1998. Ambos acontecimientos repercuten en
la geopolítica latinoamericana, pero también en el proceso de
consolidación de espacios y formas de lucha en el ámbito mundial en
contra de la transnacionalización neoliberal. Los zapatistas marcan una
ruta de las luchas sociales, mientras la revolución bolivariana la vía
de la transformación estatal-institucional.
Estos cambios
regionales se expresan en el establecimiento de gobiernos de izquierda a
partir de la llegada de Chávez, ya en sí, un verdadero acontecimiento
histórico. En orden cronológico destacamos el arribo a la presidencia de
Lula en Brasil (2002), Néstor Kirchner en Argentina (2002), Tabaré
Vázquez en Uruguay (2004), Evo Morales en Bolivia (2005), Daniel Ortega
en Nicaragua (2006), Rafael Correa en Ecuador (2006), Fernando Lugo en
Paraguay (2008) y Mauricio Funes en El Salvador (2009). En lo sucesivo,
se da la continuidad de los proyectos con algunos de estos líderes en el
gobierno, salvo Paraguay, dónde Fernando Lugo es destituido mediante un
golpe legislativo, además de que fallecen los presidentes Néstor
Kirchner y Hugo Chávez.
Hay que señalar la participación de una
izquierda de composición heterogénea, en la que el bloque conformado por
Venezuela, Bolivia y Ecuador realiza cambios estructurales a partir de
Asambleas Constituyentes con amplia legitimidad popular, mientras que en
el resto de los países tan sólo se experimentan limitadas reformas al
modelo neoliberal, exceptuando el caso de Argentina, que reconstruye la
fuerza política y económica del Estado logrando revertir el profundo
deterioro en las condiciones de vida de la población y recuperar el
control del mercado interno.
Como resultado de estos cambios, se
desarrolla un histórico proceso de integración económica, política y
cultural. Se fortalece el MERCOSUR y se crean organismos regionales de
gran alcance como ALBA, UNASUR y CELAC, además de iniciativas más
específicas en el campo de los energéticos, las transacciones
financieras y hasta en el ámbito de las comunicaciones, como
Petrocaribe, Petrosur, Banco del Sur y Telesur, todos ellos impulsados
particularmente bajo el liderazgo del Presidente Chávez.
Tal
proceso de integración latinoamericana y caribeña, inédita, puede
interpretarse como el inicio de procesos que buscan, a contracorriente,
una salida nacional y popular al modelo neoliberal impuesto y logran un
claro debilitamiento de la hegemonía económica y política estadounidense
en la región, por el desplazamiento de instancias de supuesta
integración, antes diseñadas y controladas por su gobierno, como la OEA,
el BID y el intento del ALCA, entre otros.
Crisis de la democracia representativa
El
modelo político hegemónico en el hemisferio occidental, después de la
segunda guerra mundial, la democracia liberal o representativa, se
erigía frente a los regímenes del llamado socialismo real como la
panacea de la libertad y la garantía de un verdadero sistema de
representación política democrática, auténtica y efectiva. Es el período
del llamado Estado benefactor, que lograba combinar una participación
ciudadana limitada a partir de concesiones de un capitalismo que
garantizaba cierta seguridad socioeconómica para la clase trabajadora de
la sociedad.
En el contexto de la revolución cubana y el
surgimiento de guerrillas en diversos países de la región, Estados
Unidos impone y apoya, junto a los grupos oligárquicos y sus ejércitos,
un período de dictaduras militares que frustraron procesos democráticos
para evitar la supuesta expansión del socialismo y la posible influencia
de Cuba. No obstante, hacia mediados de la década de 1980, Washington
se pronunciará tácticamente contra las dictaduras que había sostenido, a
la par que se va imponiendo el modelo neoliberal a través de una
profunda transformación del Estado, iniciando la llamada transición a la democracia.
En realidad se trató de una política que garantizaba que los militares
pactaran la entrega del poder con los civiles que no se opusieron
frontalmente al oprobio dictatorial, a cambio de la impunidad y de
mantener básicamente intacta a la institución castrense.
En este
contexto tiene lugar el arribo por la vía electoral de Jaime Roldós en
Ecuador (1979), Fernando Belaúnde en Perú (1980), Raúl Alfonsín en
Argentina (1983), Julio María Sanguinetti en Uruguay (1985), José Barney
en Brasil (1985) y Patricio Aylwin en Chile (1990).
Desde la perspectiva de Norbert Lechner (2003), esta etapa se puede entender bajo el concepto de democracia restringida,
la cual se limita a la celebración de elecciones periódicas, sin
participación ciudadana en la toma de decisiones en los asuntos de
gobierno, buscando, “fortalecer el poder ejecutivo para que pueda
imponer libre de presiones populares los <> de la modernización económica”.
Al respecto, Guillermo O’Donnell (1994) -quien introduce el concepto de democracia limitada- define
los niveles de la democracia a partir del cumplimiento de normas con
las cuales puede valorarse. Esta visión forma parte de una corriente de
la ciencia política en la que destacan las ideas de Bobbio (1985) y Dahl
(1989), para quienes se puede hablar de democracia en un país o en un
contexto determinado, solo si se cumplen un conjunto de requisitos. De
acuerdo con Dahl, el ideal de democracia se sustenta en una sociedad que
garantice la libertad de asociación, expresión, el derecho al voto y a
ser electo a cualquier cargo de representación, así como el derecho de
los candidatos o líderes políticos a competir y buscar apoyo y votos;
esto es, elecciones libres e imparciales, y las instituciones que
aseguren que la política de los gobiernos descanse en las votaciones y
otras formas de expresar la voluntad del ciudadano. (p.15)
Aquí optamos por el concepto de una democracia tutelada,
destacando su carácter limitado y restringido, que se inserta en la
transformación de un Estado benefactor a uno neoliberal. En este
sentido, López y Rivas (2010), plantea más específicamente que:
El
proyecto conservador pretende que haya democracia, sin justicia social,
sin liberación nacional, sin derecho a escoger una política económica
distinta de la neoliberal, ni un gobierno democrático con fuerte apoyo
popular. Propone una democracia sin opciones en la que vote la minoría
de los ciudadanos para escoger entre un pequeño grupo de políticos
profesionales cuyas diferencias ideológicas y programáticas son
insignificantes.
Partimos entonces de la tesis de que algunos
países latinoamericanos y caribeños se encuentran en una etapa de
transición del modelo de democracia tutelada a una democracia de orientación socialista.
Construyendo la democracia socialista
La
revolución cubana fue un proyecto inédito en la región que desde sus
inicios fortaleció las perspectivas de transformaciones estructurales y
democráticas, a la par que generó el rechazo del gobierno estadounidense
al estigmatizarla como un proceso totalitario y antidemocrático.
Pese a que no cumple con todos los requisitos formales que propone
Dahl, según su ideal de democracia, esta revolución instituye un sistema
parlamentario basado en la democracia participativa, sin la existencia
de los tradicionales partidos políticos: el Partido Comunista de Cuba
(PCC) se concibe como un factor de unidad política de la sociedad, y no
una institución en los términos electorales de la democracia
representativa, ni como vía de acceso a puestos de representación o de
gobierno. De hecho, el PCC no participa como tal en las elecciones, al
partido sólo pertenecen alrededor de 500 mil cubanos y se incorporan las
personas consideradas más comprometidas con la Revolución, las más
participativas y destacadas en su trabajo.
En el sistema
político cubano, las organizaciones de masas representan uno de los
soportes fundamentales y son el espacio de participación y discusión por
excelencia. La mayoría de quienes se desempeñan en los poderes
ejecutivo y legislativo provienen de estas instancias organizativas.
Entre las principales, destacan la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), en
la que militan alrededor de un millón y medio de personas de entre 17 y
35 años de edad; la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), que
aglutina a los estudiantes de nivel superior y de posgrado; la Central
de Trabajadores de Cuba (CTC); la Federación de Mujeres Cubanas (FMC);
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC); entre las numerosas
organizaciones que existen en esta sociedad.
Así, en la
democracia participativa cubana funciona un sistema electoral que
organiza cada cinco años comicios generales para elegir diputados
provinciales y nacionales, y cada dos años y medio, diputados
municipales, de quienes se desprenden los órganos de gobierno en sus
diferentes niveles, estructura similar al sistema parlamentario
tradicional. Los ciudadanos mayores de 16 años tienen derecho al voto,
el cual es libre, directo y secreto, así como a ser electos a partir de
esa misma edad, y 18 años cuando se aspira a una diputación nacional.
Los candidatos que se presentan en los comicios son postulados a través
de asambleas públicas en las que la población decide de forma directa.
No existen campañas de promoción, son las Comisiones Electorales las que
difunden la trayectoria política y laboral de los (as) candidatos (as),
para lo cual generalmente se colocan sus datos básicos y aspectos
significativos de su trayectoria en lugares públicos de la sección
electoral respectiva.
Como cualquier sistema político en el
mundo, el cubano tiene sus limitaciones, pero garantiza una amplia
participación de la sociedad. Lo hace diferente el hecho de que no
existen partidos políticos en su lógica tradicional, en cambio,
funcionan mecanismos de la democracia directa como la revocación del
mandato, el cual se puede ejercer en cualquier momento y con
funcionarios de cualquier nivel, la rendición de cuentas y una práctica
de debate y consulta en torno a los asuntos públicos de mayor
importancia, tal y como sucedió previo a la aprobación en el Parlamento
de las últimas reformas de carácter económico y social que se dieron en
la isla en los años recientes.
Se ha estimado que, con
frecuencia, en los comicios vota el 95% de los cubanos inscritos en el
padrón electoral. El proceso es vigilado por la organización infantil de
los pioneros, y existe la presencia de periodistas nacionales y
extranjeros.
No obstante, el análisis del sistema político
cubano no suele descansar en una mirada crítica rigurosamente
fundamentada. Todo lo contrario, este es casi siempre animado por
razones políticas y un exacerbado etnocentrismo que no concibe otras
formas posibles de hacer política, ni reconoce que una sociedad puede
funcionar fuera del modelo tradicional de los partidos políticos. ¿Acaso
en el resto de la región, incluyendo México, en el que prevalece el
sistema de partidos, se cumplen los requisitos que el mismo Dahl propone
para afirmar que impera un régimen democrático? ¿Los cargos de
representación popular no suelen ser fuente de muchos beneficios para
los representantes electos y una forma de control del gobierno y las
corporaciones transnacionales? ¿No se ha convertido el régimen mexicano,
por ejemplo, en un soporte y fortalecimiento del modelo neoliberal que
excluye de manera creciente la participación ciudadana y vulnera los
derechos de los trabajadores al privilegiar los intereses de las
empresas transnacionales y del gobierno estadounidense? ¿No es posible
constatar esta aseveración en los “debates” que se dieron para aprobar
la reforma energética por parte de los partidos políticos y las cámaras
de “representantes” populares?
El análisis sobre lo que es la
democracia ha sido más que prolífero [1] pero no pretendemos dar cuenta
de ello. Si pensamos que, por ejemplo, un punto de partida fundamental,
como el propuesto por Alain Touraine, para entender qué es la
democracia, es no perder de vista que “es un régimen político cuyo
funcionamiento está mediado por los tipos de articulación entre
sociedad, sistema político y Estado existentes en una formación social,
en un momento histórico determinado”, definición que retomo de la
lectura que hace Francisco Zapata de este autor [2]. Aunque, éste último
señala que estas articulaciones “definen el desarrollo de la
ciudadanía, la formación de los partidos políticos y los procesos
electorales”, podemos señalar que, además de ciertas condiciones
necesarias, las articulaciones entre sociedad, sistema político y Estado
pueden adoptar diversas formas. Por ejemplo, según Ricardo Alarcón
(2002), quien fuera presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular
de Cuba:
Ante todo hay que pensar que un elemento esencial y
absolutamente infaltable de cualquier sistema democrático tiene que ser
la independencia; o sea, es inconcebible la democracia si no hay un país
soberano, en última instancia la democracia es el ejercicio por el
pueblo de la soberanía, pero solamente podría hacerlo una nación que sea
libre e independiente. Y la Revolución Cubana significó, desde el
primer momento, desde 1959, precisamente la conquista de la
independencia nacional; fue el triunfo de una revolución que se había
iniciado en 1868, una revolución profundamente democrática, porque
estaba basada en la idea de la igualdad, de la justicia, de la
solidaridad humana, el sentido auténtico, real que el vocablo democracia
siempre ha tenido. (p.154)
En un contexto histórico específico y
desde fines del siglo pasado, las refundaciones constitucionales que se
dieron en Venezuela (1999), Bolivia (2008) y Ecuador (2009) relativas a
la estructura política y económica del Estado y el carácter de la
democracia, son de vital importancia para entender los recientes cambios
políticos y económicos en la región. La introducción de mecanismos de
participación popular, como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa
popular, la revocación del mandato, el presupuesto participativo y el
poder comunal, conforman principios básicos de una democracia
alternativa, los que promueven una mayor conciencia colectiva de los
asuntos públicos y una ciudadanía más protagónica de su propio destino;
además de resarcir una deuda histórica con los sujetos históricamente
oprimidos a causa del carácter clasista y por el racismo y la dominación
masculina que caracterizan el sistema político de la época. Las
mujeres, por ejemplo, tuvieron derecho al voto hasta la década de 1950,
mientras en el siglo XIX y principios del XX, durante el tiempo del
Estado oligárquico, indígenas, campesinos, negros y analfabetas, tampoco
podían sufragar; en la mayoría de los países latinoamericanos sólo
votaba entre el 2 y el 4% de los hombres, básicamente los que
pertenecían a las elites políticas y económicas (Stanley y Stein, 1971).
En los contextos en los que se desarrollan estos procesos democráticos,
frente al limitado ejercicio del voto que ha implicado este manejo de
la democracia representativa, se establecen mecanismos que otorgan mayor
capacidad a la sociedad para hacer valer su opinión y voluntad en
asuntos estratégicos para el futuro de la nación.
En el caso de
la Venezuela chavista, en la que se desarrolla una amplia participación
popular (el porcentaje de la participación se cuenta entre los más altos
en la región), la democracia se concibe de la siguiente forma:
Para
alcanzar mayor solidez de la democracia protagónica revolucionaria se
hace necesario restituir a la política su carácter público,
participativo, ético y solidario, cuyo principal sentido es la
constitución de la ciudadanía, los espacios de civilidad, las
instituciones y una cultura política democrática, basada en una elevada
conciencia social ética y en una activa y consciente participación
ciudadana. Se trata de rescatar la política como mediación para la vida
humana vital, a través de su sentido de solidaridad y de la búsqueda del
bien común. (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2009: 37)
También, se impulsa una democratización a través del acceso efectivo a
la información pública y los medios de comunicación masiva, en el ámbito
radioeléctrico, para otorgar espacios a una ciudadanía a la que
históricamente se le ha negado este derecho que garantiza la Declaración
Universal de los Derechos Humanos signada por todos los gobiernos de
esta región latinoamericana. Lejos de limitar la libertad de expresión,
se ha buscado romper los monopolios que controlan prácticamente todos
los medios para que sectores, otrora subalternos de la sociedad, puedan
ejercer el mismo derecho. Esto es lo que ha sucedido con los nuevos
marcos legales, sobre todo en Ecuador, Argentina y Venezuela.
Las transformaciones al sistema político y la estructura de la
democracia en Venezuela, Bolivia y Ecuador, en cada caso con sus
especificidades y límites, constituyen un reconocimiento efectivo de los
derechos políticos de sus pueblos, a partir de una nueva concepción
sobre los mecanismos de participación política, que pueden influir más
directamente en el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales
de amplios sectores de la población que, particularmente, viven en
condiciones de pobreza y extrema pobreza. Por ejemplo, según datos del
propio Banco Mundial, antes de Chávez, en 1997, la pobreza se ubicaba en
54.7%. Para el año 2012, este índice se redujo al 25.4%. (Escolar,
2013). En el informe Panorama Social 2013, la CEPAL destacó que
Venezuela fue el país latinoamericano en el que más se redujo la
pobreza. (CEPAL, 2013)
Además de los parámetros institucionales
que se desprenden del Estado, también van tomando fuerza en ciertos
países latinoamericanos experiencias reivindicatorias y autonómicas desde abajo;
esto es, el poder político no emana exclusivamente de las instancias
formales, se ejerce por la vía de los hechos, de manera paralela, y sin pedir permiso, aunque se establecen articulaciones y existen determinadas formas de comunicación y entendimiento.
Como ejemplos de ello está el Movimiento de los Sin Tierra (MST) en
Brasil, las Juntas de Buen Gobierno (JBG) en territorio zapatista y la
experiencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
(CRAC) -Policías Comunitarias en el estado de Guerrero, México-, los
casos de las asambleas barriales en Argentina, y otras variantes en que
se expresan los procesos autonómicos y formas organizativas en defensa
de los derechos colectivos y la oposición al avance de las políticas
neoliberales, que incluyen el llamado crimen organizado. Ante la
negativa del Estado de reconocer sus derechos políticos, se practica el
autogobierno en diferentes modalidades bajo una concepción colectiva,
solidaria y, como en el caso del MST y el zapatismo, también adquieren
un signo de orientación socialista o autonomista.
Los
movimientos sociales han adquirido un mayor protagonismo en los procesos
políticos nacionales, pasando de un ámbito de carácter localista y
demandas específicas, a un plano más integral y de alcance nacional y
regional. Ello se ha reflejado en su incorporación al debate de los
principales temas nacionales, sobre todo, en su oposición a las
políticas neoliberales y privatizadoras de los recursos naturales; este
es el caso de las llamadas guerras del gas y del agua en Bolivia,
y la defensa de las comunidades indígenas y campesinas frente al
Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá), entre otros.
Perspectivas de una democracia socialista en el siglo XXI
Una
de las grandes deudas que dejó la experiencia del socialismo en la
Unión Soviética y los países del Este europeo, fue la democracia. Si
bien se lograron avances sustanciales en el terreno social, económico y
de la cultura, la participación popular fue quedando en la retórica de
los discursos del poder.
El origen del problema no sólo se
encuentra en la centralización del poder por una burocracia que se fue
alejando y terminó divorciándose de la sociedad, sino que más allá de
las estructuras partidarias, se perdieron y/o no existían canales, ni
mecanismos efectivos y articulaciones entre sociedad, sistema político y
Estado, que garantizaran la participación política. El centralismo democrático derivó en elitismo burocrático, por lo que el socialismo quedó marcado como un sistema autoritario y burocrático.
Este denominado socialismo real,
también originó un desencanto y una incertidumbre sobre horizontes y
proyectos de futuro. Desde las experiencias democráticas
latinoamericanas y caribeñas más avanzadas de hoy, hay coincidencia en
un objetivo fundamental: sin democracia no puede haber socialismo, y
viceversa. A pesar de que algunas fuerzas de la izquierda
institucionalizada han ido sometiéndose a las tendencias de la
democracia neoliberal, la idea de construir la participativa, en el
contexto de una transición democrática de signo socialista, en la
práctica y en el discurso, es cada vez mayor entre los movimientos
populares de la región, y a nivel institucional en Venezuela, Bolivia y
Ecuador.
En este nuevo pensamiento socialista latinoamericano se
expresa una firme convicción en la que no sólo basta la existencia de
los mecanismos de la democracia participativa, sino que la sociedad debe
conocer su utilidad y alcance, esto es, lo que significa un poder
popular, comunitario y ciudadano. Al respecto, Boaventura de Souza
Santos señala que “debemos profundizar la democracia en todas las
dimensiones de la vida: desde la cama hasta el Estado, como dicen las
feministas… el nuevo nombre del socialismo es democracia sin fin”.
(Equipo Nitlapán, 2008: 10-11)
La democracia no puede reducirse a
un conjunto de normas procedimentales y requisitos generales, ignorando
además las particularidades históricas y las realidades nacionales
latinoamericanas. La democracia significa una plena participación
política de la sociedad, pero también una igualdad social, esto es,
democracia social y democracia económica. Por ello, el sustento central
que puede garantizar una democracia socialista tiene que ver con su
carácter incluyente, como lo plantea también Pablo González Casanova
(2009), esto es, aquella que asegure el reconocimiento de la igualdad en
la diferencia a partir de reconocer derechos tanto políticos como
socioeconómicos y culturales.
Una democracia socialista
garantiza la libertad del voto pero también el derecho al trabajo, la
libertad de expresión y el libre acceso a la salud y la educación, el
derecho a la participación ciudadana, a la alimentación, la cultura y el
deporte; expresado de otra manera, Roberto Regalado (1997) precisa los
riesgos de una democracia concebida en términos liberales, pues ésta ha
de sustentarse en una “combinación armónica de la representación con la
participación, de manera que el voto no sea un ejercicio periódico
inútil, que deja a los pueblos sin control sobre los gobernantes y sus
políticas, (…) es el ejercicio del gobierno por el pueblo, (…) que
necesita incluir la democracia económica y social”.(p.8)
No
obstante, hay que valorar la visión crítica que surge desde variadas
posturas del pensamiento de las izquierdas latinoamericanas y caribeñas,
en torno a la conducción de los procesos de transformación vigentes.
Resulta prioritaria la reflexión sobre los contenidos del cambio y la
concepción sobre el desarrollo económico como parámetro para alcanzar
una justicia social integral. Habrá que plantearse si mantener políticas
propias del extractivismo y de inversión de capitales privados,
internos o externos, implica o no la continuidad de la histórica
dependencia latinoamericana y caribeña; si no es más viable profundizar y
acelerar la colectivización de los medios de producción y, por ejemplo,
impulsar una mayor participación popular en la economía, esto es,
acotar el margen de acción del capitalismo para preservar de manera más
equilibrada el entorno ecológico y el crecimiento económico para el
bienestar social.
Así, en Nuestra América, más que en otra
región del mundo, la concepción sobre la democracia socialista está
incidiendo cada vez con mayor fuerza en el pensamiento y la práctica de
esta nueva democracia, dejando clara la visión de una sociedad de
iguales y diferentes. Incluso, las elites políticas de las derechas
latinoamericanas y los intelectuales a su servicio, recurren al
argumento de mayores espacios de participación política de la sociedad.
Cada vez es más frecuente observar en los medios, en los discursos
públicos y en las plataformas de campaña, que se hace referencia a
transparencia, rendición de cuentas, presupuestos participativos, y
hasta de candidaturas independientes, iniciativas y propuestas
originadas, en realidad, de los ámbitos democráticos y ciudadanos.
La transición hacia la democracia participativa y de orientación
socialista tiene todavía un largo camino que recorrer en América Latina y
el Caribe. Si el capitalismo neoliberal continúa avanzando con la
voracidad del presente, a costa de la creciente pérdida de soberanía de
los Estados y de nuestras naciones, el futuro de la humanidad estará en
peligro. El extractivismo, el agotamiento de los recursos naturales, el
crimen organizado, el consumismo, las enormes desigualdades sociales, la
criminalización de las resistencias y luchas sociales y la crisis
estructural del sistema, amenazan la existencia y continuidad de la
especie humana.
Resulta prioritario profundizar en el análisis
de estas realidades y de la forja de las alternativas, de los obstáculos
y límites, así como continuar la reflexión sobre ese horizonte de
futuro denominado democracia socialista, como contribución para alcanzar
esa otra patria latinoamericana y caribeña.
Notas:[1] Touraine, A. (1995). “¿Qué es la democracia?”, FCE, Buenos Aires, citado en Zapata, F. “Democracia en América Latina”, en Olamendi, L. V., et, al, (2000). Léxico de la política, México: FCE, pp.143-140.
[2] Francisco Zapata, “Democracia en América Latina”, op. cit, p.143.
Bibliografía:
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Stanley, J, y Stein, B, (1971), La herencia colonial en América Latina. México: Siglo XXI.
Nayar López Castellanos. Profesor Investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Autor de los siguientes libros: Nicaragua, avatares de una democracia pactada (2013); Perspectivas del socialismo latinoamericano en el siglo XXI (2012); Del Plan Puebla Panamá al Proyecto Mesoamérica. Un espejo de la globalización neoliberal (2009); Izquierda y neoliberalismo de México a Brasil (2001, 2006); La Ruptura del Frente Sandinista (1996); Coordinador del libro colectivo América Latina y el Caribe, una región en conflicto. Intervencionismo externo, crisis de las instituciones políticas y nuevos movimientos sociales (2009). nayarlp@hotmail.com
Fuente: Pacarina del Sur [En línea], año 5, núm. 18, enero-marzo, 2014. ISSN: 2007-2309. Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.com/home/alma-matinal/884-transiciones-de-la-democracia-en-america-latina-y-el-caribe-en-el-siglo-xxi-la-construccion-de-una-democracia-socialista
