En todas partes, de los salones de los directorios de las corporaciones a las salas de reunión de Naciones Unidas, están surgiendo reglas acerca de cómo invertir “responsablemente” en tierras agrícolas. ¿Pero realmente ayudan estas reglas a las comunidades cuyas tierras son el blanco de la inversión o simplemente respaldan a los inversionistas y a los gobiernos que actúan como sus cómplices?
¿Dónde deberíamos nosotros centrar nuestros esfuerzos —como parte de movimientos sociales que apoyan a las comunidades? ¿Tiene algún sentido combatir el acaparamiento de tierras mediante la adopción de reglas sobre cómo invertir de manera más responsable? En este documento de discusión, GRAIN busca estimular la reflexión y el debate en torno a estas importantes preguntas.
“Está bien, necesitamos una campaña para decirle al público que ponemos la responsabilidad social por delante de los beneficios de forma que podamos obtener mayores beneficios.”
En 2012, GRAIN publicó un informe donde decíamos que la “regulación” es un enfoque equivocado para detener el flagelo del acaparamiento de tierras. Por regulación nos referimos a esfuerzos por imponer restricciones, normas, reglas o estándares que hagan las adquisiciones de tierras menos dañinas para las personas y el ambiente. Demostramos que el desarrollo de “estándares” está lejos de lograr que las adquisiciones de tierras beneficien a todos y simplemente genera toda una nueva industria de la acreditación que se utiliza para calificarlas como “responsables” y así evitarles la etiqueta de “acaparamiento de tierra”. Dijimos que en el mejor de los casos estas iniciativas se basaban en un análisis superficial y que principalmente buscaban garantizar la aceptación social de la expansión de un modelo agrícola que beneficia sólo a unas pocas élites.
Para muchos, IPOP es sólo un disfraz para acaparar tierras. En el nombre de la inversión responsable, los gigantes de la palma aceitera obtienen acceso a incluso más tierras y se aseguran de no perder tal acceso mediante nuevos instrumentos legales. (Foto: Tatan Syuflana/AP)
¿Qué ocurrió desde 2012? Más de lo mismo. Quienes más presionan para que haya normas, directrices, protocolos y regulaciones relacionadas con el acaparamiento de tierras parecen ser las corporaciones mismas. Éstas necesitan tales marcos de referencia para continuar con sus negocios y con la obtención de ganancias sin que demasiada gente proteste. Y los gobiernos y las agencias intergubernamentales les han seguido la corriente: en los últimos años han producido una inmensa variedad de nuevas directrices y principios para regular el acaparamiento de tierra. Un amplio rango de organizaciones de la sociedad civil también se han visto envueltas en ejercer presión para que se redacten normas sobre el acaparamiento de tierra, ya sea elaborando principios ellas mismas, ayudando a gestionar acuerdos que respeten ciertos estándares, o intentando utilizar algunos de estos textos, o el espacio político en torno a ellos, como herramientas para que las comunidades rurales exijan sus derechos.
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Fuente: Biodiversidad América Latina y el Caribe
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