Por | 25/07/2023 | América Latina y Caribe
Montevideo está en crisis hídrica. Mientras el Gobierno culpa al clima, a la falta de obras en gestiones anteriores y propone la compra de agua embotellada, desde sectores socioambientales explican que se trata de una mala planificación, cuestionados negocios con sectores privados y del modelo extractivo de monocultivos y pasteras. «No es sequía, es saqueo», afirman.
Uruguay lleva 70 días sin agua potable. El líquido que sale de las canillas tiene altos índices de sodio y de cloruros, además de trihalometanos (bromuros y cloroformos que surgen cuando se aplica el cloro para potabilizar agua con mucha materia orgánica). Los trihalometanos tienen efectos potencialmente cancerígenos. El gobierno de Luis Lacalle Pou demoró 40 días en declarar la emergencia hídrica y la solución que propone es la compra de agua embotellada. «No es sequía, es saqueo», afirman las organizaciones socioambientales para explicar la crisis del agua en Uruguay.
Unas 1.700.000 personas de Uruguay deben comprar agua envasada a las dos empresas que tienen el monopolio del embotellamiento: Danone (de Francia) y Agua Viva (de Chile). “El agua que venden es de todas y de todos, la extraen sin pagar un peso en impuestos y la venden a precios muy altos”, cuestiona María Selva Ortíz, de la organización Redes-Amigos de la Tierra Uruguay.
El panorama es desalentador: “No tenemos en el horizonte una salida de esta situación, porque tiene que llover bastante para que podamos cambiar la calidad del agua y dejar de tomar agua del Río de la Plata”. Los informes del Instituto Nacional de Meteorología y de la Universidad de la República proyectan lluvias para octubre o noviembre. Y la respuesta del Gobierno es invitar a la población a rezar para que llueva y girar recursos a los sectores populares que sólo alcanzan para adquirir dos litros de agua por día para tomar y cocinar.
Agotadas las reservas de agua dulce que abastecen a la zona metropolitana de Montevideo, desde Redes-Amigos de la Tierra proponen que se siga abasteciendo a la población con el agua disponible para asegurar el saneamiento. Pero, además, insisten en que se tiene que asegurar a la población agua potable para consumo humano, para beber y para cocinar. “Asegurar eso no es a través del mercado, como lo está haciendo el gobierno”, afirma Ortiz. En los hechos, la solución del presidente Lacalle Pou es transferir dinero a los sectores populares para que puedan comprar dos litros de agua por día para tomar y cocinar. La propuesta de las organizaciones es —por ejemplo— transportar agua con camiones cisternas desde otros puntos del país.
El país tiene una cuenca estratégica, la del río Santa Lucía, que se ubica en el sur del territorio y abarca 13.433 kilómetros cuadrados. Es la que abastece al 60 por ciento de la población uruguaya de agua potable. Ortiz explica que la cuenca tuvo una presión muy grande y un uso por parte de la industria que no fue debidamente controlado. “El 80 por ciento de su contaminación es difusa y viene del sector agropecuario: monocultivos de árboles a gran escala con destinos celulósicos, del modelo sojero, de la ganadería a corral y de la lechería”, señala.
“Esto no es solamente sequía, es también saqueo. Si hubiera habido un manejo sustentable de esta cuenca, y no un manejo con las características extractivas que tiene, si hubiera habido previsión y no un desmantelamiento de la empresa pública de agua, no estaríamos en esta situación”, sostiene. Y afirma que un país que tiene un ecosistema templado, con una red hídrica tan rica como Uruguay, esté en esta situación «es realmente alarmante» y debería alertar para prevenir y realizar inversiones que aseguren el derecho humano al agua a las poblaciones, «que fue lo que no hizo el Estado uruguayo”.
María Ortiz explica: “Esto es saqueo del agronegocio sojero, del modelo forestal celulósico, del agronegocio ganadero. Ellos sí tienen agua dulce y la población tiene agua salada. Encima la única forma de acceder es a través del mercado, convirtiendo el derecho humano al agua en una mercancía”.
El agua es un derecho humano
Uruguay se convirtió en 2004 en el primer país del mundo en declarar expresamente al agua como un derecho humano. Lo hizo a través de una reforma constitucional que sentó las bases para una política nacional que priorice el agua para consumo humano, con una perspectiva solidaria hacia las generaciones futuras y jerarquización de lo social sobre lo económico. Casi 20 años después, Ortiz marca la gravedad de que hoy el acceso al agua potable pase sólo por el mercado y por tener plata para comprar agua embotellada.
El disparador principal de aquella reforma constitucional fue frenar proyectos de privatización del agua y de los servicios de saneamiento. La nueva legislación estableció que los servicios públicos de agua potable y saneamiento deben ser garantizados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales.
Ortiz comenta que, cuando el Frente Amplio dejó el gobierno en 2020, el ex presidente Tabaré Vázquez le entregó al presidente entrante, Luis Lacalle Pou, una carpeta con políticas de Estado que debían ser abordadas porque eran temas prioritarios para el país.
“La política número uno era generar una represa de una reserva de un 70 por ciento de agua dulce en la zona alta de la cuenca del Santa Lucía, que se llama represa de Casupá”, puntualiza Ortiz. Pero, explica, el nuevo gobierno descartó esa propuesta y tomó una iniciativa de cinco empresas privadas que planteaban una planta potabilizadora tomando agua del río de la Plata. Ese es el proyecto llamado Neptuno.
Un proyecto para privatizar el abastecimiento de agua en Uruguay
El proyecto Neptuno fue presentado en 2020 por cuatro empresas (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast) bajo un consorcio denominado «Aguas de Montevideo» y aceptado por el gobierno de Lacalle Pou. El Gobierno resolvió entonces que los privados se encargarían de la construcción y el mantenimiento de una toma de agua y de una planta potabilizadora sobre el Río de la Plata en la zona de Arazatí (San José). La estatal OSE, por su parte, se ocuparía de la operación.
En 2022, el representante del Frente Amplio en el OSE, Edgardo Ortuño, pidió la anulación del proyecto argumentando que no iba a «garantizar el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana», que presentaba «carencias técnicas» y que «fue aprobado sin informes de la empresa pública». El proyecto fue elaborado con la consultoría de la empresa israelí Mekorot.
La zona prevista por las empresas es una en la que los niveles de salinidad del Río de la Plata tienen índices por encima de los estándares posibles para potabilizar. Además, sectores académicos alertaron que es una zona de estancamiento permanente de cianobacterias (algas tóxicas). Sin embargo, el proyecto siguió adelante.
“Este proyecto, además de ser inconstitucional, es la única solución que el Gobierno plantea para la crisis: que cuando tengamos esa nueva planta no estaríamos ante esta situación”, critica la integrante de Redes-Amigos de la Tierra. Y afirma: “Desde los movimientos sociales y la academia decimos que esto es una falsa solución, porque en realidad es un gran negocio para estas cinco empresas privadas que van a invertir 258 millones de dólares en esa planta potabilizadora y luego van a cobrar 800 millones de dólares en 18 años, porque van a seguir manejando la planta”.
Señala que van a tener que bajar los estándares de calidad del agua, subiendo los niveles de salinidad por encima de lo que está aprobado en el país. Afirma que Neptuno no es la solución para asegurar el derecho humano al agua del área metropolitana de Uruguay (donde vive el 60 por ciento de la población del país).
“Estamos muy alarmados sobre si este proyecto en realidad no trae bajo la manga construir una desalinizadora que tengamos que comprar a Israel, cuando los costos de esa planta no tienen ningún sentido para el pueblo uruguayo enfrentarlo, teniendo una red de agua dulce superficial y subterránea como la que tiene el país. Contamos con una red y un potencial para abastecernos y no tendríamos que estar en la crisis si hubiera habido previsión e inversión por parte del Estado”, recuerda.
Selva Ortiz no tiene dudas que lo sucedido en Uruguay puede ser un antecedente para los países de la región. “Principalmente en esta política del gobierno neoliberal que no invierte en asegurar un derecho humano fundamental y en no tener previsiones ante eventos extremos climáticos que van a ser cada vez más frecuentes, producto del cambio climático sobre el que tampoco estamos haciendo nada como humanidad. Seguimos calentando el planeta, sin políticas y con falsas soluciones”, denuncia.
