Un estudio en treinta paises de cuatro continentes da cuenta del nuevo fenómeno
Página 12
La investigación de las organizaciones Vía Campesina y Grain muestra cómo las corporaciones avanzan para controlar un insumo básico de la producción de alimentos. “La criminalización de las semillas campesinas. Resistencias y luchas” es el nombre del informe.
Las grandes empresas del agro impulsan leyes “que privatizan las
semillas” y “judicializan a los productores”. Es una de las afirmaciones
de la investigación realizada por las organizaciones internacionales
Vía Campesina (reúne a movimientos rurales de todo el mundo) y Grain,
que analizaron las legislaciones y políticas públicas de más de treinta
países de cuatro continentes. “Las semillas campesinas, uno de los
pilares de la producción de alimentos, están sometidas a un ataque de
corporaciones y gobiernos”, advierte el informe. Las principales
empresas del mercado son Monsanto, Dupont Pionner, Syngenta, Bayer y
Dow.
“La criminalización de las semillas campesinas. Resistencias y
luchas”, es el nombre de informe publicado por la Vía Campesina (VC) y
Grain. Analiza la situación de América, Asia, Africa y Europa. Recuerda
que el intercambio libre de semillas, entre comunidades y pueblos, fue
lo que permitió que los cultivos se adapten a diferentes condiciones,
climas y topografías. “Es lo que ha permitido que la agricultura se
extienda, crezca y alimente al mundo”, remarca. Y precisa que desde la
llamada “revolución verde” (década del ’60), cuando las empresas
comenzaron a tener mayor injerencia, se inició un proceso de apropiación
de las semillas, el primer eslabón de la alimentación.
Tres empresas controlan más de la mitad (53 por ciento) del mercado
mundial de semillas. Monsanto (26 por ciento), DuPont Pioneer (18,2) y
Syngenta (9,2). Entre el cuarto y décimo lugar aparecen la compañía
Vilmorin (del francés Grupo Limagrain), WinField, la alemana KWS, Bayer
Cropscience, Dow AgroSciences y las japonesas Sakata y Takii. Entre las
diez empresas dominan el 75 por ciento del mercado mundial de semillas.
El informe señala que en América se desarrollan resistencias contra
las “leyes Monsanto”. Describe el caso de Chile, donde tras cuatro años
de movilizaciones lograron en 2014 que se retirara un proyecto de ley
que privatizaba las semillas. También resalta el caso de Colombia, en
2013, cuando las organizaciones campesinas iniciaron una huelga masiva
en todo el país. Bloquearon rutas y paralizaron la producción de
alimentos. El gobierno intentó que el intercambio de semillas indígenas
enfrentara multas o incluso prisión. “En 2011, las autoridades del
gobierno colombiano irrumpieron en los almacenes y camiones de los
agricultores de arroz (en la provincia de Huila), y destrozaron de
manera violenta 70 toneladas de arroz que según ellos no se habían
procesado de acuerdo a la ley”, recuerda el informe. Las organizaciones
sociales insisten en la derogación de la ley.
De Brasil, que es el segundo productor mundial de transgénicos y el
gobierno habilitó nuevas semillas, describe el proyecto de gran escala
para el desarrollo de semillas criollas, en el marco de la Política
Nacional para la Agroecología y la Producción Orgánica, adoptada en
2012. Y remarcaron la importancia, desde 2003, del Programa de
Adquisición de Alimentos, en el que el Estado adquiere las cosechas de
los campesinos. En octubre de 2013, 5000 agricultores brasileños
ocuparon unas instalaciones de producción de semillas pertenecientes a
Monsanto en el estado de Pernambuco.
En Costa Rica, en 1999, el gobierno intentó modificar sus leyes para
cumplir con los requisitos de la Organización Mundial del Comercio
(OMC). La movilización de las organizaciones sociales impidió la nueva
legislación y se avanzó en el camino contrario, por la prohibición de
los transgénicos. En la actualidad, el 80 por ciento del territorio se
declaró libre de transgénicos.
En El Salvador se avanzó en un plan agricultura familiar que incluye
la distribución de semillas a los pequeños agricultores. “La iniciativa
se enfrentó a problemas con el gobierno estadounidense, al considerar
que infringía tratados de libre comercio y exigieron el fin de la
distribución de semillas y que se las compren a Monsanto”, explica el
informe.
El trabajo de VC y Grain detalla el papel de Venezuela, donde se
impulsa un proyecto de ley que limita la entrada de transgénicos y
defiende las semillas campesinas, como parte de un modelo productivo
basado en la agricultura sostenible y la soberanía alimentaria.
Resultado de una serie de consultas nacionales en distintos puntos del
país, define las semillas como un bien público, “herencia colectiva que
no puede ser privatizada”.
México mantiene desde hace más de una década una lucha masiva en
defensa del maíz, el cultivo más importante del país. Mediante el
Tratado de Libre Comercio del Norte se intenta la introducción masiva de
transgénicos. En 2005 fue aprobada una legislación (llamada ley
Monsanto) que abrió paso a los transgénicos. “Le siguió una Ley Federal
de Producción, que criminalizaba el libre intercambio de semillas
nativas. Y le siguió el decreto presidencial para nuevos permisos de
transgénicos”, afirman la Vía Campesina y Grain.
Con esa ingeniería legal, las multinacionales Monsanto y Dow recibieron 156 permisos para el cultivo experimental de maíz.
El informe recuerda que existen pruebas concluyentes de que el maíz
transgénico de Estados Unidos ya contaminó el maíz nativo de México.
Dato positivo, los agricultores mexicanos siguen optando por las
semillas campesinas: el 80 por ciento del maíz de México sigue siendo el
criollo.
Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-277441-2015-07-20.html
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