
Una declaración de la agrupación política aseguró que esa decisión tomada por un tribunal del departamento de Canindeyú evidencia la existencia de un Poder Judicial controlado mediante el dinero y la ilegalidad.
Agregó se puede afirmar Villalba fue víctima de una sanción susceptible de calificarse como de escándalo jurídico y basada en un delito no probado además de priorizar el testimonio interesado de un empresario brasileño y desconocer los de campesinos paraguayos.
Recordó que se reinició forzadamente un proceso absurdo tras desconocer el fallo de un tribunal que le otorgó a Villalba el arresto domiciliario para arribar a una condena viciada violando el más elemental tratamiento del derecho procesal penal.
Este hecho, sumado a la infame y torcida investigación del llamado Caso Curuguaty, sobre el sangriento desalojo campesino, sienta un nefasto y peligroso precedente sobre la total falta de garantías de justicia para la población paraguaya a través de un Poder Judicial que aparece postrado a oscuros intereses, planteó.
El Frente dijo que ninguna garantía de convivencia ciudadana o de perspectivas de sostenibilidad se puede lograr favoreciendo por un lado a un modelo predador, criminal y expoliador como el sector de la soya y a implicados en delitos flagrantes de tráfico de estupefacientes, y por otro penalizando a luchadores sociales.
El pueblo paraguayo no está dispuesto a seguir tolerando un Estado que existe en función de los más poderosos, permite el atropello a los derechos de comunidades campesinas envenenadas y expulsadas de sus territorios y da lugar a la destrucción impune de nuestro medio ambiente y recursos naturales, concluyó.
Prensa Latina
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