Con
el impulso del reciente Paro Nacional Agrario y Popular donde nos
movilizamos millones de personas a lo largo y ancho del país, hoy nos
reunimos para lanzar la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular.
Nos encontramos miles de hombres y mujeres, líderes de diversos sectores
populares, para compartir reflexiones sobre los logros de la reciente
movilización y para contribuir a la definición de las rutas de encuentro
para avanzar en la unidad del movimiento popular colombiano.
El Paro Nacional
Agrario y Popular ha sido un avance para el movimiento social
colombiano, en especial para los sectores campesinos, indígenas y afros.
El Paro representa la movilización más importante y contundente de los
últimos años en el país. Podemos decir con orgullo que por primera vez
en mucho tiempo, las campesinas y los campesinos logramos mostrarle a la
sociedad colombiana nuestro poder de convocatoria para defender nuestra
dignidad y nuestros derechos. Durante 24 días nos hemos movilizado en
veintidós (22) departamentos del territorio nacional, para expresar
nuestra inconformidad por las políticas de despojo, y desigualdad que se
han lanzado contra los más humildes. A la vez, hemos puesto en
discusión democrática una serie de exigencias, propuestas y soluciones,
recogidas en diversos pliegos que recogen nuestros planteamientos.
Como el país y el mundo bien lo saben,
la respuesta del gobierno a nuestras movilizaciones y planteamientos ha
consistido en el excesivo uso de la fuerza contra civiles desarmados.
Frente a nuestros pliegos y justas demandas, el gobierno respondió con
la detención de nuestros líderes, con la militarización de los campos y
las calles, y dándole un tratamiento de guerra a la justa protesta
social. La represión gubernamental deja un saldo desolador, que incluye
la pérdida de 12 vidas humanas, 4 personas desaparecidas, 660 casos de
violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos en todo
el país, 262 detenciones arbitrarias, 485 personas heridas, 21 personas
heridas con arma de fuego, 52 casos de hostigamientos y amenazas contra
los manifestantes y líderes sociales y 51 casos de ataques
indiscriminados a la población civil en diferentes departamentos del
país.
El Paro Nacional
Agrario y Popular es una respuesta a la crisis del campo y del país en
general generada por políticas que han empobrecido en especial a la
población rural. Los gobiernos de turno han impulsado un modelo
económico diseñado para favorecer a terratenientes, ganaderos y empresas
transnacionales, desconociendo a las grandes mayorías campesinas,
indígenas y afro. Se han impulsado acuerdos de libre comercio que han
facilitado la importación de productos subsidiados que han quebrado a
los pequeños productores colombianos. Se ha puesto en marcha una
política de impulso a la gran minería transnacional que ha despojado a
comunidades, que ha golpeado a los pequeños mineros, que ha acaparado el
agua en las regiones y ha contaminado nuestros territorios. Como si
fuera poco, el gobierno persigue a los cultivadores que guardan sus
propias semillas para su producción, amenazando gravemente la soberanía y
autonomía alimentaria nacional, y favoreciendo a los grandes monopolios
globales que controlan las semillas y los insumos.
Nuestras propuestas han sido claras. Seguimos insistiendo en avanzar
hacia una política de reforma agraria integral que reconozca los
territorios colectivos indígenas y afro, que dote de la tierra y
territorialidad necesaria al campesinado, y que desmonte los grandes
latifundios que han concentrado la mayor parte de la tierra cultivable.
También planteamos la derogatoria de las leyes que han incentivado el
despojo, que han legalizado los robos de tierras, el desplazamiento, la
apropiación indebida de baldíos y los títulos de tierras falsos
auspiciados por notarios espurios. En lo inmediato, para buscar la salida a la crisis agraria, insistimos en la necesidad urgente de
implementar medidas y acciones frente a la crisis de la producción
agropecuaria, que incluyan el desmonte de las políticas de libre
comercio, la anulación de los Tratados internacionales que afecten a los
productores nacionales y el avance hacia una integración justa y
solidaria entre los pueblos de América Latina y el mundo.
En ese marco,
nuestros procesos han redactado pliegos que recogen nuestras propuestas
para el campo colombiano. Exigimos tierras para los pueblos que las
trabajan y las cuidan, el acceso a la propiedad y tenencia de la tierra,
reconocimiento al territorio y la territorialidad campesina. Lo
anterior solo se lograra con la adjudicación y
dotación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos. La
compra directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad y la
titulación inmediata de las tierras baldías que ocupan los campesinos,
que cumplen los requisitos para ser adjudicatarios. También exigimos que
se declaren nulas las compras masivas de tierras que han hecho empresas
nacionales y extranjeras violando la ley 160 de 1994. Detener la
política de extranjerización de tierras y Detener la reformulación del
tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), y en todo caso no disminuir
la extensión que actualmente está definida.
Exigimos que
el Estado fije precios de sustentación para la
producción campesina, que se garantice una remuneración efectiva a
los productores, así como precios accesibles para los consumidores.
Exigimos la reducción de los precios de los combustibles, de los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios.
En materia de minería,
nuestros pliegos rechazan la gran minería transnacional, promueven
consultas populares para la definición de proyectos mineros, y la
participación de los pequeños mineros en la formulación de la política
agraria. También se plantean condiciones para la discusión pública de
una ley marco de hidrocarburos que reoriente el manejo de la política
petrolera para el bienestar y la soberanía nacional, y no para el lucro
de las grandes empresas.
Exigimos una política de sustitución
autónoma y concertada de cultivos de uso ilícito. Exigimos que se
detengan las fumigaciones y la erradicación manual sobre los
territorios, e insistimos que no se debe perseguir ni criminalizar al
campesino cultivador, campesino que no debe ser tratado como
delincuente, sino como víctima de los desaciertos de la política del
Estado.
Luchamos por el
reconocimiento político del campesinado. Exigimos que se adopten medidas
y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos
políticos de la población rural, la inversión social en la población
rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.
Creemos que la consulta previa también debe ser un derecho para el
campesinado colombiano.
Las organizaciones,
comunidades, pueblos, mujeres y hombres participantes de la Cumbre
Nacional Agraria, Campesina y Popular, rechazamos el Pacto Agrario
impulsado por el gobierno de Santos. Consideramos que es la reedición
del nefasto Pacto del Chicoral que agrupó a los terratenientes para
detener una posible reforma agraria. La gran diferencia radica en que
hoy los grandes propietarios e inversionistas del campo quieren aliarse
con los pequeños productores para apropiarse de su trabajo y de su
sudor. Por esa razón desconocemos al nuevo Ministro de Agricultura,
representante de un modelo de agronegocios que ha sido agente de
contaminación ambiental, despojo, persecución al movimiento sindical y
desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores. No
creemos que sea la persona adecuada para impulsar la política agraria
que necesita el país. Seguiremos construyendo nuestros pliegos, mandatos
y planes de vida como camino a la defensa del campo y sus habitantes
más humildes.
Hoy es el momento
de que se consoliden propuestas desde los distintos sectores de la
sociedad, pero en concreto que el campesinado, los afrodescendientes y
por supuesto los indígenas, desde sus vivencias construyan espacios y
soluciones a sus problemas, es el momento en que puedan opinar y decidir
sobre su futuro. Hoy nuevamente debemos estar al frente de nuestros
problemas, y asumirlos con la valentía y compromiso que nos da este
momento histórico.
Es necesario avanzar en la construcción de la cumbre agraria y popular teniendo en cuenta que la
movilizacion no es algo que haya terminado, es un proceso que esta en
curso, como determinante del ejercicio de soberanía popular,
que siente las bases para el camino de construcción colectiva, que
contribuya a la UNIDAD en la acción de las diversas organizaciones que
confluimos en este espacio
Por lo tanto,
buscamos construir el proceso de resistencia y movilización social para
recoger y articular los acumulados de lucha, anhelos y clamor, de
transformación social del pueblo colombiano, para traducirlos en una
propuesta alternativa. Así también buscamos elaborar a partir de
políticas democráticas y populares formuladas en mandatos o leyes, que
sienten las bases de construcción de un nuevo pacto social por la paz y
la vida digna, que recojan los deseos, sueños y anhelos de paz con
justicia social de las colombianas y colombianos de a pie, de la cuadra,
el barrio, el pueblo, municipio, vereda, corregimiento, región, gremio,
convite, sector y/o proceso organizativo.
Es por eso que
hacemos un llamado a todos los campesinos y campesinas, indígenas y afro
descendientes de Colombia, organizaciones agrarias y populares, como
también al conjunto de la población colombiana, a que nos juntemos en la
cumbre agraria y popular a realizarse en el mes de octubre de 2013 en
Bogotá con la participación masiva de los diversos sectores populares y
sociales, que permitan construir las propuestas, soluciones que darán
respuesta al conflicto agrario y social que vivimos. Invitamos a
construir nuestra iniciativa de Paz con Justicia Social.
- Publicado el Viernes, 13 Septiembre 2013 21:26
- FUENTES: http://www.viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/soberanalimentary-comercio-mainmenu-38/1887-colombia-declaracion-politica-cumbre-nacional-agraria-campesina-y-popular
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