Sambo Creek, 4 de Noviembre del 2015.- A partir del golpe de estado en Honduras en el año 2009, se aceleró el declive en materia de derechos humanos en todo el país, situación que afectó severamente a los pueblos indígenas ante un incremento de las políticas económicas neoliberales y el control territorial a manos del crimen organizado, especialmente en la costa norte del país.El desconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, se ha convertido en una política de estado, a pesar de su campaña mediática de una supuestas protección de los derechos de los pueblos y sus territorios.
El derecho a la Consulta Consentimiento Previa, Libre e Informada, fue obviado o tergiversado en el caso de la construcción de la hidroeléctrica del Patuca III, pasando además a la entrega de 35,000 kilómetros cuadrado de la plataforma continental frente a la Moskitia al Grupo British Gas, incluyendo las concesiones de más de medio centenar de cuencas hidrográficas -muchas de ellas en territorios de los pueblos indígenas- a la iniciativa privada, además de múltiples concesiones mineras en comunidades indígenas.
A pesar del desastre ambiental por el cual atraviesa Honduras, especialmente en relación a las consecuencias del cambio climático, las diferentes administraciones gubernamentales en las últimas décadas, han mostrado una enorme indiferencia ante las problemáticas, sin que existan respuestas concretas más allá de una narrativa de “desarrollo” que podemos considerar obsoleta.
Del narco estado a la masacre en Ahuas
El aumento de la presencia del crimen organizado en Honduras, a partir de julio de 2009, afianzó las estructuras económicas feudales existentes en el país, concentrando aún más la tenencia de la tierra, generando un sinnúmero de despojos y de “ventas de tierra” bajo presión, hasta el hackeo de la base de datos del Instituto de la propiedad, con el objetivo de alterar sus registros.
El incremento del narcotráfico a lo largo de la costa norte de Honduras, fue consolidado mediante el contubernio entre crimen organizado, fuerzas de seguridad y operadores de justicia. La fiesta se agrió, cuando en mayo 11 de 2011, helicópteros portando elementos de la Policía Nacional y de la Drug Enforcement Adminitration (DEA), masacraron a cuatros indígenas Miskitos e hirieron a siete, en un operativo de interdicción que culminó en un baño de sangre de personas inocentes
Hasta esa fecha existió una política de laisse faire por parte de los Estados Unidos, que si bien conocía la problemática existente, nunca realizó mayores esfuerzos para frenar el flujo de drogas de Sudamérica hacia Centroamérica. Es a partir del 2012 cuando la intervención estadounidense supuestamente en contra del narcotráfico se comienza a sentir y el estado de Honduras es presionado para comenzar de forma tardía a desmantelar las bandas de narcotraficantes que prestaban sus servicios a los carteles de México y Colombia.
Las ciudades modelo y desplazamientos territoriales
Como parte del eje de la estrategia económica de la administración de Porfirio Lobo, se dio luz verde a una serie de reformas constitucionales con el objetivo de crear las Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), conocidas como ciudades modelo, las que se convertirían supuestamente en ciudades-nación con su propio sistema judicial y fueras de seguridad
La inclusión de más de 24 comunidades Garífunas en la que pretendieron convertir como la primera RED en Honduras, fue totalmente inconsulta, siendo este el punto álgido por el cual nuestra organización denunció, la instalación de el experimento político económico. Las RED fueron declaradas inconstitucionales, situación que provocó un golpe del poder Legislativo al poder judicial, instigado por el actual presidente de Honduras, el Sr Juan Hernandez; el que procedió de inmediato a introducir nuevas reformas constitucionales y una versión maquillada de las RED, bajo el nombre de Zonas de empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), aprobada por el Congreso Nacional. Las ZEDE incluyen 20 comunidades Garífunas en cinco de las diez zonas señaladas para la subasta al capital internacional
Ya el pueblo Garífuna, para el período entre el golpe de estado y la conformación del nuevo gobierno “democrático”, sufrió la demolición de Río Negro, la que fuera la primera comunidad Garífuna fundada en Honduras. El inversionista canadiense Randy Jurgensen, conocido como el Rey del Porno, invocando la Ley de Expropiación Forzosa (1913) presionó a la población Garífuna para obtener las tierras donde construyó un puerto de cruceros denominado el Banana Coast. Esta intervención se realizó sin haber efectuado un proceso de Consulta Previa con la comunidad afectada.
La implementación inconsulta de la ZEDE que pretenden realizar en la comunidad Garífuna de Puerto Castilla, promovida por la actual administración gubernamental, conlleva el desplazamiento de más de los tres mil habitantes de Castilla, lo que nos hace temer un severo conflicto social que desembocará en múltiples violaciones a los derechos humanos.
La construcción de las Represas hidroeléctricas en el río Patuca
Desde la década de los años 90, se viene planificando una serie de represas a lo largo del río Patuca, iniciándose la construcción de la represa de Piedras Amarillas, conocida como Patuca III en el año 2010. Hasta la fecha el proceso de construcción se encuentra paralizado ante los numerosos casos de corrupción que han congelado la obra.
No obstante el fiasco del Patuca III, se pretende dar luz verde al Patuca I y II, situación que convertiría de pueblo fluvial a lacustre a los Tawahakas que han habitado en las riveras del rió desde hace cientos de años.
Entre las falsas soluciones al cambio climático, promovidas por los entes de Naciones Unidas y la cooperación internacional, se encuentras las hidroeléctricas, las que en Honduras con la anuencia del poder Legislativo han sido entregadas mas de 80 cuencas.
Uno de los casos paradigmáticos en los procesos de resistencia indígena, es el de la represa de Río Blanco, en el cual el pueblo Lenca ha demostrado una singular tenacidad al frenar la construcción de la represas, a pesar de la represión que ha causado varios muertos y la persecución incesante a los líderes que han defendido de forma valerosa el territorio ancestral de su pueblo.
Entrega de la Plataforma Continental al Grupo BG y la distorsión del derecho a la consulta
La entrega de 35,246 kilómetros cuadrados de la plataforma continental frente a la Moskitia hondureña por un período de cuatro años de exploración, prolongable por dos años mas, y de 20 veinte años de explotación, sin licitación alguna que implicara la presencia de otros postores mas allá del Grupo BG, no desató mayor preocupación en la bancada nacionalista, la cual gracias al golpe de estado del año 2009, posee una mayoría absoluta en el Congreso, situación que les ha permitido aprobar leyes desprotegiendo totalmente al pueblo hondureño a favor de presuntos inversionistas extranjeros.
Las regalías de la entrega de la plataforma al Grupo BG son irrisorias: Según el contrato (abril 2013) BG cancelará “50 mil dólares por la totalidad del área del contrato y en el período de desarrollo y producción un dólar por hectárea de la zona seleccionada para explotación”. Las ganancias se repartirán un 50% para el Estado en caso que la producción no supere los 100 mil barriles por día, y de un 58% para el Estado en caso que la producción supere los 100 mil barriles por día; además de un canon simbólico de seis millones de dólares.
El contrato señala la entrega de $250,000 por año para programas sociales en las comunidades ribereñas del departamento de Gracias a Dios, donde habitamos los pueblos Miskito y Garífuna; los que nunca fuimos consultados de forma previa libre e informada, desconociendo el derecho sobre el territorio marítimo de nuestras comunidades.
El 5 de agosto de 2013, la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) envió a nuestra organización una nota, señalando el interés en efectuar una “socialización del Proyecto de Exploración Petrolera en el Mar Caribe Hondureño, en apoyo a la firma British Gas Group”. En un párrafo adicional de la misiva de SERNA, solicitan “una cita para dialogar en relación al proceso de consulta sobre el proyecto”.
Es claro que SERNA confunde la socialización con la consulta, además que desvirtúa totalmente la condición de previa, para convertirla en un simple acto de aprobación tras la firma del contrato por el poder ejecutivo el pasado 9 de abril de 2013 y la súbita aprobación, el 15 de agosto del mismo año, sin mayor debate por el Congreso Nacional.
El Estado de Honduras demostró con la negociación del petróleo, la sistemática violación al derecho a la Consulta Previa y de forma arbitraria pretendió que aceptáramos una socialización a posteriori como una consulta.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
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