Las siete centrales
sindicales paraguayas convocaron a una masiva huelga general el pasado
miércoles. Se trató del primer paro de esas dimensiones en los últimos
veinte años, con un alto acatamiento de parte de los trabajadores
paraguayos. ¿Las reivindicaciones? 25% de aumento salarial; control de
precios de la canasta familiar; no a la suba del transporte público; y
el rechazo a la polémica Alianza Público-Privada (APP) sancionada
recientemente. En definitiva, la exigencia a un cambio de política
económica por parte del gobierno conservador del empresario Horacio
Cartes.
La exitosa huelga general de los trabajadores tiene una
explicación poco feliz para el campo popular paraguayo: se da en un
contexto de avance de una política económica concentrada y excluyente
para las grandes mayorías por parte del gobierno de Cartes. El
significado de la APP no da lugar a varias interpretaciones, sino que
efectivamente significa una sensible pérdida de autonomía gubernamental
en relación a la infraestructura pública, en beneficio del sector
privado. El texto afirma que el Ejecutivo podrá impulsar dichas alianzas
por licitación y otros mecanismos que no se especifican. Para el
conservador diario La Nación de Paraguay, uno de los objetivos de la
norma es que el sector privado “recupere su inversión con la
explotación del servicio que presta dicha obra, por ejemplo,
construcción de rutas y puentes para el servicio de tránsito o
comunicación terrestre”. ¿Qué se busca, de acuerdo a esta
explicación? En pocas palabras: traer capitales privados, para luego
concesionar la gestión y el cobro de tarifas de las obras realizadas.
Los defensores y detractores de la Alianza Público-Privada
El FMI calificó en febrero pasado a la APP como “un instrumento importante para la inversión en infraestructura del país”,
tal como afirmara el subdirector gerente de ese organismo, Naoyuki
Shinohara, en visita oficial a Asunción. En el interior del país, uno de
los principales exponentes de defensa de la Alianza Público-Privada fue
nada menos que Germán Ruiz, titular de la Asociación Rural del
Paraguay, quien incluso se permitió decir que “los que critican la APP son antipatriotas”.
Este exabrupto muestra la defensa corporativa que algunos sectores del
poder económico paraguayo hacen de la nueva normativa, que garantizará
una maximización de beneficios para el ámbito privado.
En
contra de la normativa se ha pronunciado, en primer lugar, la Plenaria
de Centrales Sindicales, convocando a esta huelga general desde fines de
2013 -luego de la sanción de la APP-. También se han sumado a la
convocatoria la Coordinadora Democrática y la Federación Nacional
Campesina. Se puede decir, por tanto, que un amplio espectro de
organizaciones sociales, sindicales y políticas lograron confluir en una
exitosa jornada de huelga general y movilización, con sensibles
reivindicaciones como un aumento salarial del 25%, el planteo de un
control de precios para los productos de la canasta básica, un rechazo a
la suba de las tarifas en el transporte público, y el rechazo a la APP.
¿Se reabre la discusión de la APP?
Sin
dudas el éxito de la jornada ha abierto grietas en los pasos a seguir en
el mismo gobierno paraguayo. El propio vicepresidente, Juan Afara,
manifestó que "el gobierno cometió un error durante la creación de
la Ley de Alianza Público Privada. No socializamos con todos los
sectores, pero invitamos a que la ciudadanía lea la normativa y se
informe" , tras lo cual anunció la conformación de una “mesa de diálogo” con representantes sociales, políticos y económicos.
Esta misma autocrítica puede significar un primer paso para promover no
sólo la discusión de la ley, sino también el modelo económico que lleva
adelante el gobierno de Cartes -de la cual esta legislación es un punto más, aunque claro, con una trascendencia innegable-.
Es que, en momentos donde América Latina discute en general una mayor
participación estatal en los asuntos económicos cotidianos, producto de
la irrupción de gobiernos posneoliberales en gran parte de nuestros
países, debates como los que se dan en Paraguay nos hacen recordar a
otras décadas , de resistencia frente a los avances del gran capital
concentrado.
El desafío para las organizaciones sociales y
políticas de Paraguay será seguir planteando, tanto en las calles como
en los ámbitos institucionales, sus justas demandas sobre estos temas,
para evitar retrocesos en materia de conquistas sociales y derechos. Al
parecer, la masiva participación popular en la jornada de huelga general
y movilización es una saludable noticia, de la que el gobierno deberá
tomar rápida nota.
Juan Manuel Karg. Licenciado en Ciencia Política UBA. Investigador del Centro Cultural de la Cooperación – Buenos Aires
Fuente: Rebelion.Org
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