Representantes
campesinos de países latinoamericanos, con el apoyo del CELS,
denunciaron ante la CIDH la violación a los derechos humanos en el
sector rural del continente.
Privatización de semillas,
tierra en pocas manos, criminalización, reforma agraria y soberanía
alimentaria fueron algunas de las palabras escuchadas en Washington
durante la audiencia protagonizada por campesinos en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Encabezado por la
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía
Campesina) y con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), se dejó constancia de que en el sector rural “el patrón común
del continente” es la violación de derechos humanos “y su directa
relación con las corporaciones transnacionales y el modelo de
agricultura industrial”. Se apuntó al rol de las empresas, la
subordinación de los Estados y la necesidad de acciones regionales.
El
mendocino Diego Montón, de la CLOC, denunció la avanzada empresaria
para patentar la naturaleza. Ejemplificó con el maíz. “Durante diez mil
años las distintas generaciones de campesinos mejoraron semillas,
produjeron el maíz, lo cuidaron. Y hoy las empresas patentan y se hacen
dueñas de esa creación de generaciones”, denunció, y alertó que en
Argentina se prepara una ley (bautizada “ley Monsanto”) que restringe el
uso de semillas criollas.
En la audiencia, realizada el 28 de
octubre, Montón explicó la propuesta de la CLOC: “Las semillas no pueden
tener dueños. Las semillas son un patrimonio de los pueblos al servicio
de la humanidad”. También abogó por el derecho a la alimentación y la
soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a
decidir su sistema alimentario. Recordó que los campesinos “con sólo un
cuarto de las tierras agrícolas alimentan al 70 por ciento de la
población”.
“La agricultura industrial, de la mano de las
transnacionales, promueve la privatización y mercantilización de los
alimentos, convierte la comida en commodities sometidos a la
especulación financiera”, caracterizó.
La CLOC tiene 20 años de
historia y está compuesta por 84 organizaciones de 18 países del
continente. Durante la audiencia se denunció el masivo uso de
agrotóxicos, los problemas en la salud ya probados por la ciencia, el
éxodo rural, los agrocombustibles y la subordinación de los estados a
las empresas.
América latina tiene una población de 595 millones
de personas. El 20,5 por ciento vive en zonas rurales (122 millones).
Según el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura, la
pobreza en zonas rurales de América latina y el Caribe es el doble que
en los centros urbanos. El 80 por ciento de quienes sufren hambre y el
75 por ciento de quienes se encuentran en extrema pobreza son habitantes
rurales. “Las estadísticas revelan las consecuencias de las políticas
neoliberales y el modelo de producción agrícola industrial, que inciden
negativamente contra los derechos humanos campesinos”, precisa el
informe presentado ante la CIDH.
El escrito apunta al sector
privado. Ejemplifica con Monsanto, que controla “el 90 por ciento” del
mercado mundial de semillas transgénicas y, junto a otras diez empresas,
maneja el 90 por ciento de los agroquímicos. En la comercialización de
granos, cuatro corporaciones (ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus) controlan
el 90 por ciento del mercado mundial. El informe también llama la
atención de la violencia en Colombia, Paraguay y Honduras. Y remarca las
coincidencias entre Brasil y Argentina: concentración de tierra en
pocas manos y avance empresario sobre territorios campesinos e
indígenas.
Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina de
Guatemala, precisó que en todo el continente se produce el avance de
monocultivos, mineras, hidroeléctricas y petroleras que “profundizan la
crisis de tierras y alimentos”. Afirmó que cuando las empresas no pueden
hacerse de las tierras campesinas e indígenas, “aparecen los
ministerios y tribunales para criminalizar y perseguir” a quienes
luchan. Aseguró que la única salida rural contra el hambre y la pobreza
tiene tres palabras: reforma agraria integral.
El comisionado de
la CIDH Rodrigo Escobar preguntó si existía alguna “buena práctica” de
algún país de la región. Diego Montón mencionó a Bolivia y Cuba con
experiencias de políticas de acceso a la tierra. El funcionario de la
CIDH lanzó otro interrogante: “¿La posición campesina es de rechazo a la
agroindustria, creen que no debe promoverse, o hay algún mecanismo para
conciliar la agroindustria con la economía campesina?”.
Montón
recordó que los campesinos no aceptarán que se “patente la naturaleza”
(por ejemplo, las semillas). Daniel Pascual resumió: “El monocultivo y
la agroindustria no son compatibles con la soberanía alimentaria y con
el respeto a los derechos de los campesinos”.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-232809-2013-11-04.html
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