La ley de semillas vigente en Argentina data del año 1973, y fue
actualizada adoptando algunos elementos del convenio UPOV 91 (sigla para
Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), a
través de un decreto reglamentario en 1991. La UPOV fue fuertemente
cuestionada en el Seminario taller "Leyes de semillas: resistiendo al
despojo" cuya declaración final expresa que las normas basadas en este
sistema "son leyes y reglamentos que legalizan el abuso y el despojo".
El seminario fue realizado los días 17 y 18 de octubre en la Granja
Escuela Yvapuruvu en Paraguay, por la Alianza Biodiversidad, la Red por
una América Latina Libre de Transgénicos y la Campaña Mundial de la
Semilla de Vía Campesina.
En Argentina la presión para que la legislación sobre semillas se adapte
totalmente al régimen de la UPOV, tiene en la multinacional del
agronegocio Monsanto
su principal impulsor. Así lo afirmó Carlos Vicente, integrante de la
Alianza Biodiversidad y de la organización GRAIN en su presentación
acerca de la situación del país en esta temática durante el seminario.
Monsanto se instaló en Argentina en 1996, y no es hasta 2003 cuando
empieza a reclamar sus derechos de propiedad intelectual, en un momento
en el que se hace pública la venta ilegal de semillas transgénicas a
Brasil y Paraguay. Según afirmó Vicente, a Monsanto le convenía que
durante todo ese período se vendieran ilegalmente sus semillas
transgénicas, lo cual explicaría que no haya reclamado en todos esos
años los derechos de propiedad intelectual. A mediados del 2012,
Monsanto anunció nuevas inversiones en el país, entre ellas la
construcción de lo que sería la mayor planta de procesamiento de maíz
transgénico de América Latina, en el barrio Malvinas Argentinas de la ciudad de Córdoba.
La medida fue ampliamente rechazada por distintas organizaciones y
movimientos sociales que mantienen desde hace ya un mes un bloqueo al
predio donde la empresa preveía construir la planta. Seguido de esto, la
empresa junto al Ministro de Agricultura Norberto Yauhuar anuncia en conferencia de prensa la aprobación de la nueva soja transgénica RR2 "Intacta" y la modificación de la Ley de Semillas, "considerando las inversiones que significaron para Monsanto",
citó Vicente a Yauhuar. A diferencia de su primer transgénico en
Argentina (la soja RR), esta vez la transnacional intenta asegurarse
poder cobrar las regalías a los productores que adquieran la semilla
mediante la firma de contratos al momento de adquirir las semillas.
Desde los movimientos y organizaciones sociales la reacción a esta nueva
embestida de Monsanto viene siendo contundente.
Además del ya mencionado bloqueo a la planta de procesamiento de maíz
genéticamente modificado en Córdoba, varias organizaciones y movimientos
lanzaron una campaña de firmas por la no modificación de la ley de semillas,
que ya cuenta con la adhesión de unas 700 organizaciones, y más de 9
000 firmas, contó el integrante de GRAIN. El amplio rechazo que viene
generando la posibilidad de modificación de la ley logró que el proyecto
no ingresara al Congreso el año pasado. Desde el gobierno se afirmó que
esto ocurrirá luego de finalizadas las elecciones legislativas, que se
realizarán este domingo 27 de octubre. Por esto, afirma Vicente, la
alerta y las movilizaciones tanto de sectores urbanos como campesinos se
mantienen firmes ante esta anunciada amenaza.
EcoPortal.net
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