ONG para el Desarrollo, comunicación para el cambio social

La revista "Pueblos" y la asociación "Paz con Dignidad" abordan los retos de las Organizaciones No Gubernamentales

Enric Llopis

Rebelión

El profesor de la Universidad de Cádiz y autor de “Comunicar para transformar. Transformar para comunicar” (Ed. Popular), Víctor Marí, enuncia las diferentes lógicas comunicativas que dominan en el mundo de las ONG para el Desarrollo. La lógica “publicitaria”, para posicionar una marca; la “comunicación mercadeada”, con el fin de captar fondos; y la lógica “informacional”, que da cuenta de las actividades de las organizaciones. Ésta es la tendencia predominante. En el contexto de crisis, incluso, algunas ONG para el Desarrollo han incrementado las campañas publicitarias, en las que se mezclan objetivos pecuniarios –la captación de fondos- con la denuncia de las causas de la pobreza. Una confusión de fines que resta crédito a las ONG para el Desarrollo ante los movimientos sociales críticos con las lógicas del sistema.En los grandes medios aparecen anuncios de ONG “centradas en la captación de fondos, y que han utilizado el imaginario de la pobreza para conmover carteras más que para transformar y proponer alternativas”, opina Silvia M. Pérez, responsable del área de Comunicación de la Plataforma 2015 y más, que también ha trabajado en el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). “Sería necesario un cambio de discurso; tendríamos que plantear que hay dos tipos de ONG para el desarrollo: las que trabajamos en la denuncia, la incidencia política y la transformación social; y otras que se centran en el asistencialismo y la gestión de recursos”, ha añadido la activista en una jornada organizada por la Revista Pueblos y la asociación Paz con Dignidad.
El periodista ya fallecido, editor de Viento Sur y responsable de comunicación de la ONG Acsur-Las Segovias, Miguel Romero, planteaba en términos muy claros el problema: “En nombre de la solidaridad, la cooperación al desarrollo difunde la lástima; cuando responde a motivaciones nobles, al horror ante el sufrimiento y la miseria ajena, la lástima merece respeto. Pero no es solidaridad; la solidaridad implica una fraternidad, un compromiso con la emancipación de las y los desposeídos. Una causa común en el Norte y en el Sur. Una opción política”. Por ello, subraya Silvia M. Pérez, “más que a una ‘comunicación para el desarrollo’ tendríamos que referirnos a una ‘comunicación para la transformación social’, y que incida en las estructuras económicas”.
La crisis económica ofrece oportunidades, reza el lugar común, pero en todos los sentidos. También, según Silvia M. Pérez, “para comunicar las causas globales de la pobreza, repolitizarse e incidir en trasformaciones estructurales; aunque muchas organizaciones siguen confundiendo esta oportunidad con un oportunismo adaptativo o instrumental, con objetivos que no van mucho más allá de su propia supervivencia”. A la difusión del discurso emancipador contribuye Internet y la proliferación de nuevos medios de comunicación. Según la activista, “muchas de las nuevas propuestas trabajan y están abiertas a la colaboración con ONG. Es un momento idóneo para, precisamente, olvidar las lógicas comunicativas utilitaristas o mercantilistas y plantear análisis, propuestas y alternativas transformadoras”.
Un ejemplo de campaña de denuncia es la de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de Euskadi que, lanzada en diciembre de 2013 con el título “Quién es quién”, se propuso “señalar a los responsables de la pobreza y las desigualdades, inherentes al sistema capitalista y patriarcal”. La idea, señala Silvia Gregorio responsable de género de la coordinadora desde 2006, era ir más allá de los discursos de Pobreza Cero”. La Coordinadora de ONG de Euskdadi, nacida en 1988 y formada actualmente por 84 organizaciones con más de 140 sedes, centra su labor en el “horizonte de transformación social, la superación de las desigualdades y la lucha por un mundo más justo”.
La iniciativa se lanzó con una acción de calle en Bilbao, que generó un notable impacto en los medios. Llegó incluso a la prensa china o a la edición europea de The New York Times. La campaña constaba de cinco ejes (la crisis ecológica, las multinacionales, la guerra, el machismo y la desinformación) y se concreta en una página Web (www.iniciativaquienesquien.org), dos vídeos (“Las tiritas no curan la pobreza” y “El negocio de la guerra”) y un tríptico informativo. La segunda presentación se realizó en Donostia, dentro de la iniciativa “Otros mundos, otras realidades”.
El desplegable repartido durante la campaña verificaba la filosofía de la misma sin ambages. Empezaba por afirmar: “Hablamos de crisis capitalista cuando: matar de hambre a 1.020 millones de personas; mantener en la pobreza a 4.700 millones; condenar al desempleo o la precariedad al 80% del planeta; dejar sin agua al 45% de la población mundial y al 50% sin servicios sanitarios; violar los derechos de los pueblos y extinguir especies e incluso, alterar el clima mundial…ya no es suficientemente rentable para 1.000 empresas multinacionales y 2.500.000 personas millonarias”.
En euskera y castellano, el tríptico al que se puede acceder en la página Web de la campaña desmiente siete tópicos que se escuchan en la calle. “Las personas pobres no quieren trabajar” (más de 1.300 millones de personas en el mundo viven con menos de un euro al día); “Las guerras no benefician a nadie” (el gobierno español destinó en 2009, 51 millones de euros diarios a gastos militares. Esta partida se ha incrementado en años sucesivos); “Las mujeres donde mejor están es en su casa, cuidando de su familia” (las mujeres producen el 70% de los alimentos en los países empobrecidos y son dueñas del 1% de la tierra a nivel mundial. En Euskadi, el 82% de las personas con riesgo de exclusión social son mujeres).
El resto de lugares comunes que rebatía el desplegable de la campaña decían así: “siempre ha habido y siempre habrá hambre en el mundo. Es inevitable” (el 10% de la población mundial tiene el 85% de la riqueza); “bastante tenemos con la crisis como para pensar en el medio ambiente” (si todo el planeta viviera como lo hacemos en Euskadi, necesitaríamos tres planetas para abastecer a la población mundial); “Las empresas multinacionales generan empleo y riqueza donde se implantan” (con el dinero que la petrolera Exxon-Mobil da a Guinea Ecuatorial por explotar sus yacimientos petrolíferos, cada habitante del país podría tener una renta per cápita anual superior a los 35.000 dólares, y no de 500 como tienen ahora).
El último punto aborda la desinformación. “Los medios de comunicación nos informan de lo que ocurre en el mundo” (El 80% de las informaciones de los medios de comunicación son inducidas, es decir, promovidas por alguien que tiene interés en que se difundan; además, la información es hoy un elemento más del mercado con el que ganar dinero: representa el 15% del PIB mundial).
“El destinatario de la campaña era la ciudadanía en general”, apunta Silvia Gregorio. “Procuramos utilizar un lenguaje directo y pedagógico, ya que tendemos a estar en una burbuja con nuestro lenguaje, con lo que no se nos entiende”. Añade que la iniciativa “nos ha servido también para reivindicar a las ONG que muchas veces no somos las más visibles, las más reivindicativas, las que no tenemos esa visión de la cooperación caritativa o de donativo”.
Sobre el rol de los medios de comunicación, Silvia M. Pérez afirma su preocupación porque “medios como El País dediquen en su edición digital una sección exclusivamente a temas de Desarrollo, pero que este eje no cale en el resto de las noticias nacionales o internacionales”. Además, “¿qué tipo de “desarrollo”, qué tipo de mensajes y de organizaciones se nos están vendiendo en un medio como El País?”, se pregunta. O incluso en medios más críticos, como eldiario.es, “que aunque en general vayan por otro camino en el resto de las secciones, en la cuestión del Desarrollo se produce como una disparidad”.
Además, “cuando hablamos de desigualdad las fuentes informativas son las que todos conocemos; aunque también es cierto que el discurso contrahegemónico cunde en las ONG que tenían una tradición más asistencialista. Por ejemplo, el mensaje de “pobreza cero” ha ido cambiando a lo largo de los años para exigir justicia fiscal; pero en el enfoque de “derechos” aún nos queda mucho camino”. “El contexto de crisis no ha favorecido”, opina Silvia Gregorio. “Algunas ONG han tenido que discutir con tertulianos si primero son los pobres de aquí o los de allí; te pueden llevar a enfrentar solidaridades”. “El terreno de los medios es muy resbaladizo”, remata.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

La semilla no nos pertenecen, nosotros y nosotras pertenecemos a la semilla

Del Rosario Ignacio Denis

Rebelión

El modo de reproducción del capital tiene una fuente ideológica recreadora ineficiente, seductora, engañosa y voraz a la hora de abordar modelos teóricos que disociaron la armonía existencial, originaria, ontológica, cosmogónica entre la naturaleza, la cultura y la sociedad, jamás descansaran por tratar de divorciar verdades jurídica de verdades política para imponer su verdad verdadera, la de maximizar ganancia a costa de la naturaleza sin importar muchas de las especie de vida, incluido la especie humana, sus principios extractivista argumentan desde la engañosa libre regulación del mercado, ejercen esa libertad anti-democrática y buscan siempre legitimar a un entes, a una institución, es decir una minoría representativa, son los experto encargado para: certificar, investigar, fiscalizar, custodiar, ostentar o patentar los derechos y saberes, en nombre de la tecnificación, el crecimiento desde la mayor productividad y como la única vía para alcanzar el desarrollo y el progreso ilimitado avasallando vidas muy limitadas como: la tierra, la semilla, el agua, bosques, ninguno de estos no nos pertenecen, porque nosotros y nosotras es la que pertenecemos a ellas.

El debate constituyente de la ley de semilla en Venezuela desde el poder popular trasciende de un tema meramente jurídico, de esa manera se vienen asumiendo desde el 1er Encuentro internacional de Guardianes de Semillas en Monte Carmelo, Estado Lara, donde más de 300 personas, pertenecientes a 100 organizaciones, con representación de hermanos y hermanas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela, reunidos del 26 al 29 de octubre de 2012 declararon:

“En el caso de Venezuela tenemos un reto inmenso: apropiarnos del sentir de que la agroecologia es la vía de la verdadera emancipación en el marco de una economía rentista petrolera que sigue mercantilizando la naturaleza con sus prácticas extractivistas. Reconocemos que la transformación de este modelo vendrá cargada de tensiones y contradicciones, y por tanto entendemos la necesidad de comenzar lo antes posible. Es urgente, inevitable y es en este contexto que invitamos al país a asumir la semilla campesina e indígena como fundamento para la construcción del Eco socialismo, a través del rescate de las prácticas ancestrales de producción, custodia y multiplicación de las mismas.

Consideramos que la Maestra Naturaleza es la escuela viva más lucida y vigente a la cual podemos acceder para despertar nuestras conciencias. Reconociendo que los indígenas, conuqueros, campesinos y campesinas de pequeña escala y luchadores agroecológicos son sus intérpretes más atentos, pensamos que son ellos y ellas quienes pueden orientarnos en este camino hacia el postcapitalismo.

En esta declaración sintetizan un claro visión de mundo radicalmente anticapitalista, humanista y como pilares fundamentales para el Eco-Socialismo: como guardianes de semilla dejaron propuesta concreta orientada en cuatro ejes fundamentales: 1) Producción, custodia, multiplicación, 2) Legislación y políticas públicas 3) Investigación y educación, 4) Comunicación.

El papel histórico del pueblo campesinos, campesinas, indígenas es trascendental en estos temas, en una revolución política, económica, el hilo conductor cultural es la sabiduría popular, la esencia esta en esa capacidad integradora, de lo humano y de la naturaleza para equilibrar en lo ético como en lo ecológico, con esa actitud nos plantean y nos comprometen el comandante supremo Hugo Chávez en el quinto objetivos histórico del plan de la patria, con esa misma actitud el hermano Evo Morales plantean y claman a los países del mundo, por el derecho a la madre tierra, con sus diez mandamiento para salvar al planeta, a la humanidad y a la vida.

La naturaleza hoy en día es el conjunto de la socio-economía del universo, también un centro de preocupación global, sin embargo existen poco los sujetos histórico que asumen de manera coherente un otro modo metabólico del capital, la naturaleza tiene cosa tangible que tiene ciclos energéticos, pero que debe y tiene que estar equilibrada junto a la cultura y la sociedad, por el contrario a lo que ocurre en la actualidad porque está roto el equilibrio, desbordado en el dominio de la sociedad sobre la naturaleza y preocupado siempre a quien van a pertenecer.  

La palabra agricultura viene del latín, formada ager, agri, (campo, cultivo) y cultura (actividad del cultivo, cultivado), derivan del verbo colere (cultivar, habitar), siguiendo al diccionario RAE, el sufijo –ura tiene una cualidad relacionada con la palabra de la que derivan, donde cultura, por tanto, seria lo esencial del hábitat, cuidado, labrado, honra, respeto, celebración.

La consolidación de una agricultura coherente a un proyecto Eco-socialista, a una revolución económico, a una revolución cultural, inevitablemente obligan problematizar a la llamada ciencia moderna, mecanicistas, mercantil, me refiero a esa fuente ideológica recreadora ineficiente, seductora, engañosa y voraz que colocan a todos y todas de rehén en este único planeta, según los defensores del “Agro-como-Negocio” solo hacen uso de la tecnología y de la ingeniería genética para mejorar la productividad del suelo y de los cultivos para reducir el hambre en el mundo, la ciencia ha logrado que las semillas sean modificado genéticamente solo para más resistentes a las plagas y puedan adaptarse a distintos climas y suelos generando mas productividad, es el engaño que siembran las transnacionales para arrodillar al mundo con la comida imponiendo su paquete tecnológico, es el rostros visible del hambre, de la contaminaciones, tiene mucho que ver con el calentamiento global, crisis económica, crisis alimentaria.

La agricultura, la agroecologia es un hecho político para la liberación y para la vida, viene de la cultura de la paz, el Agro-Negocio y la llamada revolución verde es para la dominación y destrucción, proveniente de la guerra.  

Sigamos defendiendo una nueva ley de semilla como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, apostando desde el poder popular con la agroecologia, mas allá de un modelo productivo, como la herramienta de lucha para la soberanía agroalimentaria y el EcoSocialismo, por la defensa del planeta y la humanidad.  

“Yo tengo pruebas irrefragable del tino del pueblo en las grandes resoluciones; y por eso es que siempre he preferido sus opiniones a las de los sabios”

Hugo Chávez

“Articulemos la sabiduría popular, tenemos el conocimiento, la cultura política, articulemos el patrimonio bolivariano y chavista y ustedes verán que el socialismo como milagro humano se hará realidad en nuestra patria progresivamente y lo veremos con nuestros ojos, el socialismo como una sociedad superior.”

Nicolás Maduro

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Barquisimeto, estado Lara

Del Rosario Ignacio Denis. Ingeniero Agroecologico graduado en Instituto Latinoamericano de Agroecologia Paulo Freire (IALA) 

Twitter: @yiyoparaguay 

Blog del Autor : http://ayvuguasu.blogspot.com/

Nota:

http://www.aporrea.org/actualidad/n217368.html

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=185935

http://www.el-nacional.com/siete_dias/cierran-entrada-transgenicos-morimos-hambre_0_473952720.html

http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Venezuela_Semilla_patrimonio_legitimo_y_sabiduria_del_poder_popular_al_servicio_de_la_humanidad

http://ayvuguasu.blogspot.com/2014/08/eco-patria-comunal-propuesta-y.html

El modelo económico capitalista es quien ha destruido y sigue destruyendo el ambiente

Por: Jesús Faría

APORREA.ORG 

El concejal por el Partido comunista Leonardo Rodríguez quien preside la comisión de protección ambiental y turismo del Concejo Municipal Barinas sentenció que es el modelo económico capitalista el que afecta, destruye y se aprovecha desproporcionadamente de los ecosistemas, la diversidad biológica y la naturaleza en general. A pesar de grandes avances sociales y políticos que se han conquistado en el proceso de cambios, el modelo capitalista aún persiste en Venezuela y en casi todo el planeta, por lo tanto el daño es a escala mundial.

Esta afirmación y reflexión hecha por el concejal comunista la realizó al constatar la denuncia hecha por algunos concejos comunales y vecinos de la Parroquia Alto Barinas Sur específicamente en la laguna natural que colinda con la calle Cataluña del sector, donde se apersonó con su equipo de trabajo. Rodríguez dijo que lo presenciado en el sitio no es más que la continuación de la anarquía reinante y las desmedidas acciones de constructoras privadas y públicas que comenzó por Alto Barinas Norte y se trasladó a la parte Sur, pero que también se refleja en casi todo el municipio Barinas, han colocado como prioridad la construcción de centros comerciales, hoteles y urbanismos sin tomar en cuenta el impacto ambiental y socio cultural que esto produce, aseveró. 

El concejal afirmó que es necesario y hace un llamado a la fiscalía numero 11 del Ministerio Público para que actúe con todo el peso de la ley penal del ambiente y que los involucrados sean los apellidos que sean asuman sus consecuencias. Rodríguez dijo esto es sólo una parte de la gravedad del problema ambiental, a lo que informó que en menos de 15 días entregará junto a su equipo de trabajo y de movimientos ecologistas un informe contenido de denuncias sobre delitos al ambiente en todo el municipio barinas, esto es parte de lo que tenemos programado antes que termine el año, así como otras actividades que las informaremos oportunamente, puntualizó. 

Finalizó el concejal comunista diciendo que la salvación de la “Pacha Mama” solo será posible si paramos la vorágine del sistema capitalista, que en su afán de seguir acumulando capital destruye todo a su paso, la única vía y alternativa es el socialismo indicó, donde se planifica verdaderamente en base a las necesidades humanas y en equilibrio con la naturaleza.

Jesús Faría

Economista. Diputado a la Asamblea Nacional y Vicepresidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. Miembro del Dirección Nacional del PSUV.

La casta y la caza. El neocaciquismo del siglo XXI

Yayo Herrero

El Diario

En los últimos meses, asistimos con preocupación al intento de reforma de la Ley de Parque Nacionales. Se trata de aplicar a los espacios naturales que sobreviven los mismos criterios que han ido arrasando el resto del territorio: la eliminación de cualquier tipo de traba social, ecológica o humana a la compulsiva obtención de beneficios y al disfrute privilegiado de quienes poseen fincas dentro de los mismos.La vuelta de tuerca se produjo cuando, en el último minuto, la ministra Tejerina y el Partido Popular intentaron introducir una enmienda en el Senado que permitiera saltar por encima de la disposición que situaba en el año 2017 el final de las monterías en fincas privadas. La enmienda señalaba que la administración impulsaría ”acuerdos voluntarios” para que los “titulares de derechos” fueran indemnizados a cambio de renunciar a su actividad cazadora, dejando la puerta abierta a que los grandes latifundistas elijieran libremente entre la caza o la indemnización con dinero público, así como a que se mantuvieran otras actividades consideradas incompatibles con un parque nacional. El argumento del Gobierno era la necesidad de velar por la “seguridad jurídica” de los grandes propietarios privados. Detrás del genérico “titulares de derecho” se esconden, por ejemplo, personas como Alberto Alcocer, Alberto Cortina o el naviero Alejandro Aznar, marido de Mónica Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios.
Como bien sabemos por los medios de comunicación, la caza es una actividad bien valorada por la casta de este país a la hora de hacer ostentación de lo conseguido o lo sustraído. Agotados de presionar para que se recorten los servicios públicos, cansados de negociar adjudicaciones de obras públicas y donaciones a partidos, extenuados de reunirse con sus abogados para ver cómo evitar la ejecución de la sentencia que les condena a demoler su última obra ilegal, agobiados de revisar sus cuentas de resultados que, siendo cada vez más altas, cada vez les parecen menos satisfactorias... necesitan relajarse o buscar nuevos negocios, y lo hacen cazando.
Y si las leyes les impiden cazar, hacen lo mismo que cuando las leyes les impiden construir promociones inmobiliarias o infraestructuras, chasquean los dedos, acuden al conseguidor de turno, utilizan sus contactos, y consiguen que las leyes cambien, los suelos se recalifiquen o las sentencias no se ejecuten. Así es como se protege a estos “titulares de derechos” y se les garantiza su “seguridad jurídica”. Es el neocaciquismo del siglo XXI.
Puede que haya quien piense que el fin de la protección de los Parques Nacionales no es tan importante si lo comparamos con el desmoronamiento de las instituciones y servicios que garantizan la cohesión social. Pero, ¿para qué sirve un parque nacional?
Como ecologista que soy, podría hablar del valor intrínseco que tiene lo vivo y de la imposibilidad de vivir sin bosques, sin agua limpia, sin tierra fértil, sin una composición de la atmósfera o una temperatura media global compatible con el animal que somos; podría intentar convencer de que sin lo que nuestro planeta produce, nuestra especie y toda su tecnosfera no se pueden mantener; podría tratar de advertir, una vez más, de que nuestro mundo físico se nos cae literalmente a trozos y que no queda mucho tiempo para intentar evitar un colapso que cada vez parece más cercano.
Pero quizás se entienda mejor para qué sirve un parque nacional si sugerimos fijar la atención no en el parque, sino en lo que hay alrededor de él, fuera de sus límites. Las urbanizaciones de viviendas adosadas de primera, segunda, tercera y hasta enésima línea de playa, esas que se pasan vacías una media de 340 días al año, amenazan con tragarse esos pocos kilómetros de playa que heroicamente resisten en el parque de Doñana; el valor del Parque de Ordesa puede comprenderse si observamos el destrozo de pistas de esquí en el Pirineo, de los apartamentos y de las infraestructuras necesarias para llegar a ellos; las Tablas de Daimiel se comprenden cuando miramos los monocultivos que a su alrededor desecan el subsuelo...
En estas sociedades, en las que los individuos viven bajo la idea ilusa de haberse emancipado de la naturaleza, los parques nacionales, apenas un 0,7% del territorio del estado, son la memoria de la tierra. Son trozos de vida compleja resistiendo a un modelo cultural y económico que crece como un tumor devorando la tierra viva sin la que, paradójicamente, no se puede mantener.
Los parques nacionales son el testimonio vivo de la incapacidad de las sociedades autodenominadas desarrolladas para convivir y conservar la naturaleza de la que dependen. Su contraste con el paisaje gris de fuera ayuda a comprender qué sucede en el territorio cuando a la ambición de los beneficios no se le pone ningún freno. Si desaparecen, corremos el riesgo de creer que la pseudonaturaleza que maquilla los parques temáticos y las urbanizaciones, es la tierra viva. Los parques nacionales recuerdan permanentemente que esta forma de entender la economía y la sociedad es suicida.
Las justificaciones para intentar cambiar la ley de Parques Nacionales serán, probablemente, las de siempre: el desarrollo, el progreso y la generación de toneladas de puestos de trabajo directos e indirectos. Las mismas que sirvieron para legitimar toda la borrachera urbanística que nos ha conducido a este desastre de corrupción, precariedad y cementación del territorio vivo.
Cuando veo las fotos de Blesa, posando virilmente con el rifle en la mano y con la cebra, el ciervo o el hipopótamo a sus pies, cuando pienso en Granados, u otros como él, colocándose por encima las vísceras sangrientas del animal cazado, no puedo dejar de pensar en que esas imágenes son una buena metáfora del dominio de los nuevos caciques.
A sus pies de machos depredadores, no solo están la cebra, el hipopótamo, el león o el ciervo muerto, están la familia que no puede pagar la factura de la luz, la mujer que no sabe cómo hacer para cuidar a su padre, trabajar empleada y hacerse cargo de sus hijos, el parado, los migrantes sin papeles, las trabajadoras con salario y aun así pobres, las y los jóvenes sin futuro que no se pueden quedar en su ciudad... A los pies del cacique están todas esas personas que no son sujeto, ni titulares de derechos, que no merecen seguridad jurídica, económica o alimentaria. No merecen ni que la tierra que pisan esté viva. A los pies de los señoritos, lo que aparece es el conjunto de la vida abatida, humillada, sometida, muerta.
Delibes narra en los Santos Inocentes la explosión de la dignidad y la rebeldía de Azarías, cuando el señorito abate a su milana bonita, símbolo de la libertad y de la vida no humillada. Ojalá la visión de la vida abatida a los pies de esos indignos ejemplares de nuestra especie, haga brotar a chorros la dignidad, la rebeldía y la confianza en construir un mundo que no pise efímeramente sobre lo muerto.

Fuente: http://www.eldiario.es/ultima-llamada/Caza-casta-parques_nacionales_6_323077708.html

Ayotzinapa: reflejo y resultado de la violencia política estructural

Entre la complicidad, la impunidad y la negligencia

Guillermo Castillo Ramírez

Rebelión

“El hecho de que todo mundo se haya indignado por lo que pasó el 26 de septiembre refleja claramente que no somos solamente nosotros los indignados, como estudiantes de Ayotzinapa, (sino que) es todo un país el que ha sufrido durante muchos años estos atropellos. Y no sólo se trata de la indignación por tanta delincuencia e inseguridad, sino que hay indignación también cuando vemos al campesino sin trabajo, al obrero sin trabajo, al estudiante que después de cursar una carrera no tiene acceso a una plaza (…) Cada indignación de la población tiene que llegarnos hasta el fondo, no sólo cuando se mata o se desaparece a 43 estudiantes. Las cifras aquí no importan, somos miles en el país, somos miles de inconformes y de atropellados, diariamente, y ese es el problema”. 

Omar García, estudiante de Ayotzinapa [En Ojorasca, La Jornada, 8, noviembre, 2014].

Ayotzinapa, el reclamo de justicia continúa….
Desde los asesinatos y desapariciones de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos la tarde-noche del 26 de septiembre en Iguala, y en respuesta y respaldo a las convocatorias y acciones de los padres y compañeros de los normalistas, en el transcurso de estas semanas y organizadas en torno a tres jornadas globales de apoyo, se han llevado a cabo manifestaciones masivas de miles de personas y organizaciones sociales y políticas en muchas ciudades de México, marchas multitudinarias en las principales megalópolis del país, diversos paros de labores en varias instituciones públicas de educación superior organizados por estudiantes, así como muchas otras acciones de protesta e inconformidad en apoyo a los normalistas; a esto se ha sumado un consistente y creciente respaldo internacional. La cobertura y seguimiento que diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros han realizado sobre las desapariciones de Ayotzinapa y las movilizaciones para la presentación con vida de los normalistas han hecho visible la gravedad de la situación y han contribuido a que diversas instancias internacionales (ONU, CIDH, HRW, AI, Parlamento Europeo) y algunos Jefes de Estado de diversos países (entre ellos Obama) hayan expresado su condena y se pronunciaran por encontrar con vida a los desaparecidos. Tras generar una presión política directa sobre el Estado mexicano (principalmente a nivel federal), las movilizaciones sociales y la cobertura mediática nacional e internacional han contribuido de manera decisiva a que acontecieran los siguientes hechos: intensificación de las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, la reciente captura de los presuntos autores intelectuales (el ex-alcalde de Iguala y su esposa), el arresto de los perpetradores materiales de los asesinatos y desapariciones de los estudiantes (entre policías municipales y miembros del crimen organizados hay más de 50 individuos detenidos), la desarticulación de uno de los grupos del crimen organizado activos en Iguala y sus alrededores, la destitución del ex–gobernador de Guerrero y de varios funcionarios estatales. No obstante, a pesar de todo esto, aún no se sabe a ciencia cierta el paradero de los 43 normalistas y, por tanto, sigue irresuelta una de las principales demandas de los padres y compañeros de los estudiantes secuestrados: la presentación con vida de los desaparecidos.
Ayotzinapa, reflejo de la inseguridad, la descomposición social y la violencia política.

Los acontecimientos del 26 de septiembre en Iguala tienen un carácter atroz e indolente no sólo por la violencia y la saña con que fueron perpetrados los asesinatos y desapariciones, sino también por el papel que el Estado jugó y por los sujetos sociales a los que se agredió: jóvenes normalistas campesinos e indígenas que estaban indefensos y desarmados. Los sucesos de Ayotzinapa representan un reflejo cruento de una serie de problemas estructurales de carácter político que han delineado la vida contemporánea del país.
(1) Desapariciones. Como aconteció con los estudiantes normalistas secuestrados y privados de la libertad el 26 de septiembre, desde el 2006 (en el contexto de la guerra contra el narcotráfico que inició el sexenio pasado) y hasta la fecha, las desapariciones forzadas (a veces de carácter masivo) vinculadas a hechos delictivos donde están involucrados grupos del crimen organizado (y en no pocas ocasiones fuerzas de seguridad del Estado) han sido uno de los acontecimientos violentos más recurrentes de la historia reciente de México; según cifras conservadoras, se calcula en más de 24 ó 26 mil el número de desaparecidos durante el gobierno de Calderón y lo que va de la presente administración federal.
(2) Asesinatos. En el mismo tenor de los hechos de Iguala del pasado septiembre donde fueron asesinadas seis personas (entre ellos tres estudiantes normalistas), de 2006 a 2014 se han registrado más de 100 mil asesinatos relacionados a hechos violentos donde intervinieron grupos delictivos del crimen organizado (cárteles del narcotráfico) y diversas fuerzas de seguridad del Estado (principalmente policías municipales); dentro de estas formas de violencia y privación de la vida también se encuentran los feminicidios.
(3) Violencia política selectiva. Además, a semejanza de la violencia específicamente dirigida a los normalistas de Ayotzinapa, en México se han vuelto cada vez más recurrentes las agresiones físicas (que en no pocas ocasiones terminan con la privación de la vida) deliberadamente orientadas a grupos sociales de diverso tipo (jóvenes, campesinos, indígenas, maestros) que se oponen a los poderes fácticos imperantes (el crimen organizado, el Estado en sus diversas escalas, los monopolios y las transnacionales).
(4) Deterioro del tejido social. 
De manera paralela, derivado de la privación forzada de la vida y en consonancia con lo que ahora experimentan los deudos de los normalistas de Ayotzinapa, en los últimos años en México decenas de miles de familias han sido golpeadas y fracturadas por las más de 26 mil personas desaparecidas y los más de cien mil asesinados; en México, como en Ayotzinapa y Guerrero, hay un severo deterioro del tejido social. Si se analiza la abismal desproporción entre los miles de delitos cometidos y los contados casos donde se llevan a buen término los procesos jurídicos y judiciales de impartición de justicia, hay de facto un claro desdén por las víctimas y sus deudos de parte del Estado mexicano.
(5) Ausencia crónica del cumplimiento y ejercicio de la ley. De este modo y como hasta la fecha ha venido aconteciendo en torno al caso de los normalistas asesinados y desaparecidos, históricamente (pero particularmente en las dos últimas administraciones federales) hay una ausencia crónica del cumplimiento y ejercicio de la ley por parte de las autoridades estatales. Pocas veces el sistema jurídico-judicial del Estado mexicano juzga a los responsables de los asesinatos y desapariciones, quedando sin castigo los crímenes cometidos. Hoy día la justicia es una deuda permanente y la impunidad es una constante entre los poderes fácticos. Expresión clara de esto es que, como con los normalistas de Ayotzinapa, aún están pendientes las investigaciones de las decenas de miles de desaparecidos y los más de 100 mil asesinatos y muertes violentas acontecidas entre 2006 y 2014.
Entre la complicidad, la impunidad y la negligencia.
Desde la consideración de sus diversas escalas o niveles, el Estado fue cómplice y participe en los asesinatos y desapariciones de Ayotzinapa, pero también, a través del conjunto de sus instituciones de investigación e impartición de justicia, mostró y propició impunidad, negligencia e indiferencia en torno al caso. A nivel municipal, el Estado estuvo involucrado directamente en los sucesos de Iguala, tanto porque el ex presidente municipal y su esposa fueron los presuntos autores intelectuales de estos crímenes, como por el hecho de que los policías municipales fueron los perpetradores materiales de las agresiones (dentro de ellas 6 asesinatos) y el secuestro (privación forzada de la libertad) de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre.
En lo concerniente al ámbito de la entidad federativa, el gobierno de Guerrero propició la impunidad y la negligencia. Las autoridades estatales pese a que tuvieron información el mismo día 26 de septiembre de lo que estaba ocurrieron no hicieron nada para frenar las agresiones ni trasladarse al sitio de los hechos e iniciar de manera inmediata las indagaciones. Posteriormente, frente a la evidente participación de autoridades locales y policías municipales en los hechos violentos, el gobierno estatal actuó de manera tardía, propiciando de facto con su actuar errático la fuga de varios de los responsables y obstaculizando las investigaciones.
A nivel federal también hubo rasgos de impunidad y negligencia en múltiples situaciones. Desde mucho antes de los asesinatos y las desapariciones del 26 de septiembre, instancias federales (la Secretaría de Gobernación y la PGR) habían recibido información de hechos delictivos (los asesinatos de tres miembros de Unión Popular) en los que había estado involucrado directamente el ex-alcalde de Iguala y no iniciaron los procesos de indagación correspondientes; había, pues, datos sobre la violencia en la región y los antecedentes criminales de Abarca. Por otra parte, una vez ocurridos los hechos de Iguala, la atracción del caso por parte de las autoridades federales fue tardía y ambigua, mostrando falta de coordinación y de voluntad de cooperación con las autoridades de Guerrero y con el Equipo Argentino de Antropología Forense. En este contexto, surge la interrogante: ¿por qué las autoridades federales, que un principio se deslindaron del caso y lo redujeron a una situación de violencia focalizada y crimen local, posteriormente hicieron un vistoso despliegue de recursos e información? Probablemente la respuesta tiene que ver, más que con una real voluntad política con los deudos de los normalistas y el esclarecimiento de lo sucedido, con una visión pragmática de las autoridades federales y sus estadistas de resolver a toda costa la crisis política y de seguridad que ha tirado por tierra la imagen ficticia de México que el gobierno en turno había proyectado en el exterior. Hoy, como desde el 26 de septiembre, sigue el reclamo de la aparición con vida de los normalistas, el esclarecimiento de los hechos y la impartición de justicia.

FUENTE: REBELION.ORG 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Pronunciamiento de la CLOC- Vía Campesina Sudamérica frente al Caso Curuguaty

CLOC- VÍA CAMPESINA

Publicado el Martes, 11 Noviembre 2014 00:04

La  CLOC- Vía Campesina Sudamérica, en reunión orgánica desarrollada en Santiago de Chile deL 5  al 8 de noviembre, con respecto al inminente juicio oral y público contra los campesinos y las campesinas procesados por el caso de la masacre de Curuguaty, hecho ocurrido el 15 de junio de 2012, en Paraguay, manifiesta ante la opinión pública lo que sigue:

El 17 de noviembre próximo está fijado en los tribunales de la ciudad de Saltos del Guairá (Canindeyú), el inicio del juicio por el Caso Curuguaty, en donde los únicos procesados son 12 campesinos y campesinas sin tierra, empobrecidos y con posibilidades apenas de hacerle frente a un sistema judicial que les resulta contrario.

Ante tantas irregularidades que se han dado a lo largo del tiempo desde los inicios del caso, pasando por la investigación fiscal deficiente, la audiencia preliminar en donde se atentó contra el derecho a la presunción de inocencia y otras formas violatorias de las garantías procesales y, en medio de eso, el asesinato aún impune del dirigente Vidal Vega, como Vía Campesina consideramos que el juicio oral debe ser anulado para que no se cometa un acto de extrema injusticia social y terrorismo de Estado en el país hermano, Paraguay.

El gobierno de Horacio Cartes no ha dado muestras fehacientes de una intención de resolver el problema de las tierras de Marinakue, que son públicas, pertenecientes al Estado paraguayo, y usurpadas por una familia en particular, los Riquelme, cuyo patriarca fue un poderoso político perteneciente al Partido Colorado, otra vez oficialista. Lejos de mostrar voluntad por finalizar el conflicto, el gobierno de Cartes se esfuerza por fragmentar la lucha y debilitar la organización de las familias al imputar a los principales referentes de la Comisión de Víctimas.

Mientras tanto, estas familias siguen sin tierra y cada vez más empobrecidas. Los imputados e imputadas no tienen posibilidad de trabajar dignamente, por su condición de sometidos a este proceso judicial kafkiano.

El caso del dirigente sin tierra, Rubén Villalba, es un ejemplo del objetivo de condenar sin causa ni pruebas a los campesinos acusados de perpetrar la masacre de otros 11 campesinos –para más señas, sus propios compañeros– más 6 policías, en el marco de la toma de tierra en Marinakue en 2012. Tras la segunda huelga de hambre mantenida este año, y después de 58 días sin probar alimentos sólidos, a Rubén se le otorgó el arresto domiciliario, al igual que a los otros campesinos huelguistas, pero para evitar que gozara de esta medida, se reabrieron en su contra dos casos anteriores, ya fenecidos según entiende el Código Procesal Penal, a objeto de mantenerlo en prisión. En septiembre pasado, Rubén intentó realizar su tercera huelga de hambre, esta vez en solitario, y tras 12 días, el cuerpo le dijo “es suficiente”, por lo que tuvo que levantar su medida de protesta, con graves secuelas en su salud (está perdiendo la vista).

Por todo esto, consideramos que no hay garantía alguna de realizarse un juicio justo.

Por eso exigimos:

¾    La nulidad del juicio y una nueva investigación.

¾    Marinakue para las familias afectadas por la masacre del 15 de junio de 2012.

¾    Castigo para los verdaderos responsables.

¾    Indemnización para familiares de las víctimas y para los imputados e imputadas.

¡Marinakue, Pueblo mba’e!

¡Por tierra, justicia y libertad para Curuguaty!

Conversaciones de paz en La Habana y asesinatos en Colombia

La estrategia dual del régimen del presidente Santos

James Petras

Rebelión

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Las negociaciones de paz que mantienen el régimen del presidente Santos y las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) se asientan sobre diversas mentiras y falsos postulados. La más flagrante es suponer que Colombia es una democracia. La siguiente, que el régimen de Santos quiere facilitar la actividad política y social no-violenta con el fin de integrar a la insurgencia armada en el sistema político. Hay pruebas suficientes para cuestionar ambas afirmaciones. En las últimas dos décadas y media, han sido asesinados en Colombia casi 3.000 sindicalistas, tanto líderes como afiliados de base; más de 4,5 millones de campesinos han sido despojados de sus tierras y obligados a desplazarse por el ejército y los grupos paramilitares; y más de 9.000 presos políticos se pudren en las cárceles por participar en actividades político-sindicales no-violentas. Además, han sido asesinados decenas de abogados, activistas y defensores de los derechos humanos.La mayoría de las víctimas son producto de la represión militar y policial del régimen o de operativos de los escuadrones de la muerte, paramilitares que actúan en connivencia con el ejército y con los políticos favorables al gobierno. La escala y el alcance de la violencia del régimen contra la oposición social descartan de pleno cualquier presunción de que Colombia sea una democracia. Las elecciones celebradas bajo el terror generalizado, creado por grupos aliados con el Estado que actúan con total impunidad, carecen de cualquier legitimidad. No obstante, la reelección del presidente Santos y la convocatoria de negociaciones de paz con las FARC para acabar con la guerra civil más prolongada en Latinoamérica es, sin duda, un paso adelante que debemos celebrar, imprescindible para poner fin al baño de sangre y crear las bases para una transición a la democracia.
Aunque el gobierno de Santos ha suavizado el régimen de terror generalizado, que, con el apoyo de EE.UU., caracterizó a su predecesor, Álvaro Uribe, lo cierto es que se siguen produciendo asesinatos políticos y que sus autores actúan con impunidad.
Para llevar a buen término cualquier proceso de paz, es necesario que los compromisos firmados por ambas partes se implementen efectivamente. Otros acuerdos firmados anteriormente terminaron en auténticas masacres de los guerrilleros desmovilizados y convertidos en activistas de la sociedad civil y representantes políticos electos. Las negociaciones de paz llevan dos años en marcha y han logrado ya algunos acuerdos importantes en áreas vitales de mutuo interés. En concreto, ambas partes han firmado tres de los cinco puntos de la agenda: desarrollo rural, participación de la guerrilla en la vida política y política sobre narcotráfico. En estos momentos se debate un tema conflictivo: la “justicia de transición” para las víctimas del conflicto. Casi todos los expertos y los grupos de derechos humanos coinciden en que la mayoría de las víctimas son producto de la represión militar y paramilitar. Sin embargo, el régimen de Santos y sus partidarios en los medios de comunicación sostienen lo contrario y culpan a las FARC.
¿Existe un “Proceso de Paz”?
El presidente Santos ha rechazado en tres ocasiones propuestas de alto el fuego de las FARC, que siguieron adelante de forma unilateral. El régimen ha decidido continuar la guerra en Colombia mientras negocia la paz en La Habana. Los dos años transcurridos desde el inicio formal de las negociaciones (en octubre de 2008) nos permiten tener una buena perspectiva sobre la viabilidad de los acuerdos firmados en Cuba. Los grupos colombianos e internacionales de derechos humanos y los movimientos sociales proporcionan puntualmente informes sobre el alcance y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos y políticos que continúan produciéndose en Colombia mientras se desarrollan las negociaciones de paz. Si tenemos en cuenta los datos recopilados por abogados y expertos de derechos humanos afiliados a la Marcha Patriótica (una alianza de docenas de organizaciones vecinales, campesinas, sindicales y de derechos humanos) entre abril de 2012 y enero de 2014, es evidente que el terror impuesto por fuerzas del Estado y paramilitares continúa reinando en paralelo a las negociaciones de paz.
Durante dicho periodo de veintiún meses, 29 activistas de la Marcha Patriótica han sido asesinados y otros 3 fueron “desaparecidos” (y están presumiblemente muertos). Muchos más han recibido amenazas. El origen de clase de las víctimas muestra la vulnerabilidad de los acuerdos de paz. 23 de los 29 miembros de la Marcha Patriótica asesinados eran líderes campesinos y activistas que promovían la reforma agraria, las devoluciones de tierra en virtud de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (2011) o estaban comprometidos en otras actividades pacíficas de la sociedad civil. Otras 4 víctimas eran activistas de movimientos sociales que luchan por un programa de “paz con justicia social”; 2 eran abogados de derechos humanos; otros 2 eran líderes comunitarios y 1 era dirigente de un movimiento juvenil local.
Ninguno de los agresores fue detenido. Los oficiales del ejército o de la policía que habían sido previamente alertados de las amenazas de muerte no tomaron ninguna medida de precaución. Tampoco se inició ninguna investigación, ni siquiera cuando los familiares o los vecinos conocían pruebas relevantes.
A la vista de la falta de voluntad del gobierno para limitar la complicidad de militares, policías y escuadrones de la muerte en el asesinato de activistas campesinos durante las negociaciones de paz, ¿podemos confiar en que el régimen lleve a cabo el acuerdo sobre “desarrollo rural”? ¿Tiene el gobierno capacidad para garantizar la seguridad de las guerrillas cuando, una vez desarmadas, entren en el juego político si más de cien activistas de derechos humanos recibieron amenazas de muerte tan solo en el mes de septiembre de 2014?
Según Amnistía Internacional, en el año 2013 fueron asesinados en Colombia 73 defensores de los derechos humanos, entre ellos líderes indígenas y afrocolombianos, y 27 miembros de sindicatos. Las unidades militares fueron las ejecutoras de al menos 48 muertes. Oficiales del ejército participaron en operaciones de “falsos positivos”, asesinatos de civiles a los que se les acusaba falsamente de “insurgentes armados”. Las ejecuciones extrajudiciales han continuado durante la presidencia de Santos.
Otra mala señal es la incapacidad de Santos para disolver los escuadrones de la muerte paramilitares. Como consecuencia, el régimen no puede garantizar la seguridad de quienes reclaman tierras. Los campesinos y agricultores desposeídos que han intentado hacer valer sus derechos bajo la ley de restitución de la tierra aprobada por el gobierno de Santos han recibido amenazas de muerte o han sido asesinados por los paramilitares. Es decir, la aprobación de la ley no ha tenido prácticamente ningún impacto y los campesinos no han podido volver a sus tierras por las represalia de los terratenientes.
De hecho, el número de campesinos desplazados ha aumentado: según la ONU, 55.157 colombianos, la mayoría campesinos, tuvieron que abandonar sus hogares entre enero y octubre de 2013 a causa de la guerra entre bandas de narcos y paramilitares.
La guerra del presidente Santos contra la sociedad civil


La permanente inseguridad presente en las zonas rurales, los asesinatos, las desapariciones y el encarcelamiento de activistas sociales que acompañan a las negociaciones de paz ponen en cuestión los “acuerdos” alcanzados hasta ahora entre las FARC y el régimen. Los partidarios de este arguyen que el número de asesinatos cometidos por el Estado ha descendido en los últimos tres años. Sus adversarios contraargumentan que una reducción relativamente pequeña del número de asesinatos tiene el mismo efecto a la hora de generar miedo, limitar la participación ciudadana y la transición a un sistema político democrático.
Los buenos resultados de un proceso de paz se basan en la hipótesis de que los acuerdos producirán garantías constitucionales de una participación ciudadana libre y democrática. Sin embargo, el régimen no ha demostrado, a lo largo de los dos años que lleva en marcha el proceso, un compromiso claro y consecuente con los derechos elementales. Si esto es así durante las negociaciones con la insurgencia popular, todavía activa y armada, ¿cómo resultará ser una vez que el ejército, la policía y los paramilitares tengan las manos libres para tomar represalias, intimidar y matar a disidentes políticos desarmados que intentan competir en elecciones locales o nacionales?
Por lo que parece, el régimen de Santos ha adoptado una estrategia dual, combinando la represión violenta de los movimientos sociales en Colombia con un lenguaje de paz, justicia y reconciliación en la mesa de negociaciones en La Habana. El gobierno puede prometer muchos cambios democráticos, pero su práctica durante los dos últimos años sugiere un régimen autoritario y por encima de la ley que se conforma con mantener el statu quo.
El régimen tiene tres objetivos estratégicos: desarmar a la insurgencia popular, recuperar el territorio controlado por la guerrilla y debilitar y minar los movimientos sociales populares y los grupos de derechos humanos que probablemente establecerían alianzas políticas con los insurgentes en el caso de que estos entraran a formar parte del sistema político.
Resulta improbable que las FARC entreguen sus armas en medio de un clima político en el que los asesinos paramilitares operan con total impunidad, los oficiales del ejército participan en operaciones de “falsos positivos” y los proyectos de desarrollo rural resultan inoperativos por las tácticas terroristas de los terratenientes.
A menos que los acuerdos de paz se vean acompañados de cambios profundos en el ejército, a menos que las fuerzas paramilitares sean efectivamente desmovilizadas, a menos que el gobierno reconozca la legitimidad de las demandas de los movimientos sociales y grupos de derechos humanos a favor de una asamblea constituyente libremente elegida, el proceso de paz acabará en fracaso.
Conclusión: Cuatro hipótesis sobre la estrategia de guerra y paz de Santos
Diversas hipótesis pueden explicar por qué el régimen de Santos negocia un acuerdo de paz a la vez que viola de forma masiva y cotidiana los derechos humanos.
1ª Hipótesis
El régimen está dividido, con un sector a favor de la paz y otro opuesto a ella. Esta hipótesis carece de una base creíble, pues no hay signos de conflictos internos y el régimen actúa bajo un mando unificado. Aunque parte de la violencia del Estado provenga de algunos oficiales del ejército que la ejerzan de forma autónoma, en ningún momento se ha producido una reprimenda de los altos mandos a los trasgresores locales.
2ª Hipótesis
El régimen mantiene activamente la violencia contra los movimientos sociales para reforzar su posición en la mesa de negociaciones, buscando conseguir un acuerdo más favorable; es decir, hacer las mínimas concesiones sociales para poder aplacar a los oligarcas críticos con cualquier negociación. Esta hipótesis explicaría la “estrategia dual” que defiende el gobierno en relación con las FARC, hablando de paz en La Habana y rechazando un alto el fuego en Colombia, continuando la guerra mientras negocia la paz. Pero también desacredita la afirmación del régimen de que Santos pretende incorporar la guerrilla al sistema político.
3ª Hipótesis

El régimen mantiene un acuerdo tácito con el antiguo presidente Álvaro Uribe, acusado de estar detrás de los escuadrones de la muerte. En ese caso, el aparato militar del gobierno mantendría lazos con los grupos paramilitares y trabajaría conjuntamente con terratenientes, narcotraficantes y empresarios. No cabe duda de que Santos mantiene lazos duraderos con Uribe (fue uno de sus ministros de defensa). Además, desde que le derrotara por un escaso margen en la batalla por la presidencia, Santos ha buscado un acercamiento político a los seguidores de Uribe en el Congreso y en el mundo empresarial. Por otro lado, Santos reconoce que su estrategia económica, especialmente su interés en promover el comercio con otros países de la región (sobre todo con su vecino Venezuela), y su fuerte apuesta por la explotación del sector energético y minero dependen de que se logre un acuerdo de paz con las FARC, las cuales controlan regiones de gran riqueza mineral. De ahí que Santos firme “acuerdos de papel” con las FARC mientras aplica una política de mano dura a los movimientos sociales.
4ª Hipótesis
El importante incremento de los movimientos sociales de masas, incluyendo la Marcha Patriótica, que exigen la puesta en marcha efectiva de la reforma agraria que permita el “desarrollo rural” y la restitución de tierras a 3,5 millones de familias campesinas, y el creciente papel que desempeñan los grupos de derechos humanos en la supervisión de las violaciones que continúan produciéndose suponen que el régimen de Santos no podrá asegurar la paz simplemente por firmar unos acuerdos con las FARC en La Habana. Si el objetivo de Santos en las negociaciones es conseguir desarmar a la guerrilla e incorporarla al sistema electoral, sin abordar profundas reformas estructurales socioeconómicas, necesita debilitar a los movimientos populares de la sociedad civil.
Esta es la hipótesis más verosímil. El presidente Santos es capaz de prometer a las FARC todo tipo de “reformas democráticas” y está deseoso de rubricar cualquier acuerdo contra el narcotráfico y, si me apuran, hasta el “desarrollo agrario”. Pero lo que no está dispuesto a aceptar es a una masa de campesinos organizados en movimientos y luchando activamente por el cambio de tenencia de la tierra y la recuperación de sus granjas y reclamando millones de hectáreas cedidas a grandes consorcios mineros extranjeros.
Santos no “desmovilizará” a los grupos paramilitares porque son instrumentos de los grandes terratenientes y protegen las cesiones del Estado a las grandes compañías mineras. Pero intentará restringir las víctimas escogidas por los escuadrones de la muerte a activistas y organizaciones específicos en las regiones conflictivas.
Ni siquiera ha puesto coto a los ataques transfronterizos de grupos paramilitares colombianos, que recientemente asesinaron a un líder del Congreso venezolano. Ha ampliado los vínculos militares con Estados Unidos buscando acuerdos de colaboración con la OTAN y ofreciendo unidades de combate para las guerras de Oriente Próximo.
Lo que resulta del todo claro es que el régimen no ha cumplido las mínimas condiciones necesarias para implementar cualquiera de los cinco puntos de la agenda de reformas planteada en La Habana. Impunidad militar, escuadrones de la muerte, amenazas de muerte cotidianas a los activistas de derechos humanos, más de 9.000 prisioneros políticos y docenas de asesinatos a líderes campesinos sin resolver no son compatibles con la transición hacia una paz democrática. Todos esos desmanes corresponden más bien con la continuidad de un régimen oligarca autoritario. Para conseguir una transición democrática y un acuerdo de paz es preciso que se produzca un cambio fundamental en la cultura política y las instituciones políticas del Estado colombiano.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.