Nueve mujeres que han vivido el drama de la desaparición forzada, piden justicia y dicen que nunca dejarán de buscar a sus familiares
El Espectador
El 30 de agosto es un día para recordarle a la humanidad a las personas desaparecidas, esas que son esperadas por sus parientes cada día. Como dice doña Fabiola Lalinde, “a los desaparecidos hay que buscarlos toda la vida, así uno no los encuentre”.En una reunión con nueve mujeres víctimas de desaparición forzada en Bogotá, oímos las voces de este drama del Palacio de Justicia, de Buenaventura, de La Escombrera de Medellín, de otras tragedias. Mujeres que buscan, luchan y guardan esperanzas.
En Colombia hay 45.000 personas que no se sabe dónde están. Adriana Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad, con sede en Medellín, dice: “Tenemos esposos, hijos, hermanas, que no sabemos dónde están. Los pudieron haber desaparecido hace muchos años, pero hoy siguen desaparecidos. No es en esta fecha que queremos poner el tema en la mesa, lo hemos venido haciendo desde hace más de 30 años”.
Este es un país indolente frente a la desaparición forzada. Martha Burbano, de la Corporación para el Desarrollo Regional en el Valle del Cauca, considera que “no es solamente que esas 45.000 personas no aparecen, sino que no hay información sobre qué sucedió, quiénes son los responsables, ni mucho menos sanciones. Hay que hacer una reestructuración de la Comisión Nacional de Búsqueda que para nosotros no representa una garantía de hacer su trabajo adecuadamente en un periodo de posacuerdo. Hay necesidad que la Fiscalía no se escude solo en la falta de recursos económicos para no hacer su trabajo”.
En La Habana se ha avanzado y así lo reconocen en materia del reconocimiento a las víctimas, pero “estamos preocupadas por qué tipo de mecanismo de búsqueda se va a implementar”, rechazando mecanismos ineficaces, dice Yannette Bautista, directora de la Fundación Nydia Érika Bautista.
Adriana Arboleda insiste en dos cosas: violaciones de derechos humanos que son responsabilidad del Estado “y eso para nada tiene que ver con que se llegue o no a un acuerdo en La Habana. Las búsquedas e identificaciones no pueden supeditarse a si hay un acuerdo con la guerrilla. Y lo segundo es que se necesita una política de Estado que tampoco depende de esos acuerdos”.
Sobre el tema del perdón, Diana Arango, de Equitas, sostiene que “ese tema se está tocando muy a priori, sin solucionar antes algunas cosas. El perdón es un acto personal que no se decreta por una política pública que defina el Estado ni en el marco de negociación de La Habana. No puede haber reconciliación (que es otra cosa) sin saber qué pasó, por qué se los llevaron, quiénes fueron los perpetradores”.
Yannette Bautista confiesa que “personalmente no perdono al general Velandia ni a la Brigada XX cuando nos siguen persiguiendo, nos siguen poniendo encapuchados a las puertas de las oficinas, cuando nos siguen mandando carros sin placas, nos siguen llamando diciendo que nos van a matar. Queremos que se rompa el pacto de silencio entre militares”. Gladys López, de la organización Familiares Colombia, concluye: “¿Perdonar a quién? Si no sabemos la verdad, no sabremos a quién tenemos que perdonar”.
Pilar Navarrete, familiar de los desaparecidos del Palacio de Justicia, agrega: “Perdonar a quién, si no nos han pedido perdón; los gobiernos de Uribe y de Santos han salido a respaldar a las Fuerzas Militares, han puesto en peligro nuestras vidas al decir que nosotros somos los que tenemos que pedir perdón a las Fuerzas Militares, por haberlos juzgado de la desaparición de nuestros familiares”.
Ante el estigma de que los desaparecidos eran guerrilleros, Gladys López aclara que si así fuera, “ese no es un motivo para que los desaparezcan. A los desaparecidos les niegan el derecho a la justicia, los desaparecen porque hay una política de Estado para desaparecer la gente”. Y Adriana Arboleda complementa que “no importa la calidad de la víctima, sino la responsabilidad del Estado. Para el caso de La Escombrera, hace poco Marta Lucía Ramírez justificaba la Operación Orión como necesaria”.
Las respuestas del Estado a veces rayan en el absurdo. Pilar Navarrete dice: “Llevamos dando peleas para que nos entreguen a nuestros familiares y la Comisión de Búsqueda nos dice que si les podemos dar las coordenadas de nuestros familiares. Eso es humillarnos”.
Gladys piensa que “para nosotros las víctimas ya no hay descanso, porque nos quitaron lo más sagrado que era nuestro familiar. Llevamos más de 30 años luchando para que no haya más desaparecidos en el país”.
Me llama la atención que en el grupo no hay hombres y me aclaran: “La gran mayoría de los desaparecidos son hombres”. Adriana Arboleda: “Nosotros en la Comuna 13 ahora nos llamamos Mujeres Caminando por la Verdad. También porque hay un extra de las mujeres y es que nos mueven el amor y la solidaridad”.
“En el caso del Valle del Cauca, las luchas las han avanzado las mujeres”, añade Martha Burbano de Cali. Y Luz Dary Santiestevan de Buenaventura concluye: “porque las mujeres somos las que parimos. Cuando nos desaparecen un hijo es el vientre de una mujer el que está golpeado. Somos las creadoras, parimos hijos para la vida, no para la guerra”.
Víctor de Currea-Lugo es Profesor Universidad Nacional de Colombia.
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