La política de seguridad del gobierno de Cartes alimenta la violencia

Paraguay

Abel Irala

Rebelión

La Fuerza de Tarea Conjunta está perdida y desorienda en el norte del país, la “fórmula mágica” del presidente Horacio Cartes de dar carta blanca a los militares para actuar en cuestiones de seguridad interna y así aprisionar a los integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) sigue desgastándose sin resultado alguno. En el combate a la criminalidad los resultados son escasos o nulos; sin embargo en otros aspectos las fuerzas militares cumplen con un papel importante, me refiero a su función de crear miedo y estigmatizar a comunidades campesinas, comunidades que intentan mantener sus prácticas culturales, sus tradiciones, sus formas de producción diversificada, de autosostenerse y que se resisten a ser anexadas en la lógica de economía excluyente del agronegocio transnacional. Siguiendo a Salazar [1] (2011) este fenómeno se podría interpretar como una estrategia común de los nuevos gobiernos de derecha para garantizar la inversión extranjera, “...instrumentar la securitización como medida de control, represión y limpieza social en todos aquellos lugares donde las inversiones peligren, las comunidades campesinas se opongan a la extracción de minerales o represas de ríos y los movimientos populares cierren caminos para evitar la explotación”. El extraño caso de una supuesta guerrilla o grupo terrorista en Paraguay, alimenta la sed de violencia de la ultra derecha paraguaya y termina siendo funcional a grupos de poder para ejerecer diferentes tipos de violencia contra las comunidades campesinas empobrecidas. 
La presencia militar en el norte del país desde agosto del 2013 ha puesto especial énfasis en los controles de caminos vecinales, regulación de las actividades de pobladores/as, vigilancia de asentamientos campesinos, puestos de controles, en ocasiones extorsiones a motociclistas, allanamientos violentos, recogida de información sobre lo que ocurre en la comunidades, sus acciones gremiales, sus reivindicaciones, un estudio del terreno, justificado en la hipótesis gubernamental que las comunidades campesinas son el brazo logístico del EPP, para construir así un consenso social que apuntala la idea de que las personas que cuestionan los agronegocios, el avance de la soja y el envenenamiento de las comunidades simpatizan o apoyan de alguna manera al EPP, se vincula discursivamente: Terrorismo – EPP - Campesinado. 
Gran parte del esquema de seguridad de Cartes y su gobierno consiste en: Militares ayudando a combatir el crimen y a la vez someter en un estado de zozobra a las comundidades campesinas, retomando la noción del enemigo interno propio de la Doctrina de Seguridad Nacional, “donde la actuación militar, además de combatir el crimen, disuade e impone el terror y la angustia en las colectividades humanas mediante acciones ideológicas de presión, miedo discursivo, operativos sorpresas o súbitos, allanamientos domiciliarios sin orden de cateo, propaganda mediática, promoción de actos de delación y ejercicio militar” (Salazar, 2011). 
Para el combate al enemigo interno el gobierno insiste en que debe contar con el apoyo necesario para disponer de infraestructura, recursos, capacitaciones, asesoramiento y presupuestos para fortalecer su política de seguridad; el resultado es la configuración de una política criminal desde el mismo Estado, justificada desde las acciones terroristas o de crimen organizado; que en países con debilidades institucionales y con excesiva corrupción, por momentos se convierte en un verdadero problema la administración de la maquinaria de violencia, porque están en juego grandes cantidades de dinero, relaciones entre grupos mafiosos y políticos, disputa por controles de negocios al margen de la ley, etc. agrravado cuando en las cúpulas de poder se hacen presentes las divisiones coyunturales o desacuerdos temporales por determinados intereses. 
Lo importante para los gobiernos y su aliados -por encima de las contradicciones interna- es imponer una seguridad inspirada en la militarización de los conflictos sociales, de mano dura y/o tolerancia cero, se politiza la seguridad y sus organismos en contra de toda disidencia politica e ideológica, pero principalmente se obtiene una fórmula para neutralizar el conflicto social, principalmente basado en la histórica y mala distribución de la tierra en el caso Paraguayo. 
A los hechos de violencia los grupos de poder, siempre saben como sacarle ventajas, la violencia pasa a constituirse como un atributo del modelo económico-social, en donde las élites pueden gobernar y consesguir hegemonía a partir del cultivo de la violencia, el terror y el miedo en las personas, para ello necesitan instalar una fuente de peligro, que sea el riesgo constante, que se vuelva en el principal problema social, que amenaza la libertad y la vida de la ciudadanía, algo que sea más grave que el desempleo o la falta de comida, que centre la atención en lo que se haga o se deje de hacer ante esta fuente de peligro y que permita a los gobiernos aplicar mano dura, tolerancia cero, y erigirse como los únicos actores supuestamente capaces de proteger a la sociedad.

Notas

[1] Salazar Robinson (2001) “Plutocracia, nueva derecha y securitización de los recursos naturales estratégicos en América Latina: una reflexión necesaria”. Opción, Año 27, No. 64 (2011): 13 - 45 ISSN 1012-1587 

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