Ya en el año 2005 decíamos “Observadas hoy en día, todas las leyes de
semillas refieren a la represión. Tratan acerca de lo que los
agricultores no pueden hacer. Dictan qué tipo de semillas no pueden
venderse, no pueden intercambiarse y en algunos casos incluso no pueden
usarse. ¡Todo en nombre de la regulación comercial y la protección de
los productores agrícolas! Si algo ha cambiado desde entonces, es que
las estrategias de privatización se han multiplicado y se han hecho más
extremas y ambiciosas.
Introducción
Los intentos por privatizar las semillas
continúan desplegándose globalmente de las manos de los gigantes
corporativos del agronegocio. Detrás de ellos hay un objetivo claro de
apropiarse de las semillas de manera monopólica y de convertir la
práctica histórica y milenaria de mantener y reproducir semillas en un
delito.
América Latina no está libre de tales ataques
Aunque la agresión tiene actualmente como punta de lanza las leyes
UPOV, lo que en realidad se vive es una andanada de leyes, decretos y
regulaciones que incluyen patentes sobre eventos biotecnológicos, normas
sanitarias, normas de comercialización, leyes de certificación,
registros varios, reglas tributarias, las mal llamadas “buenas prácticas
agrícolas”, programas de investigación, políticas de establecimiento de
mercados de semillas y más.
Ya en el año 2005 decíamos “Observadas hoy en día, todas las leyes de semillas refieren a la represión. Tratan acerca de lo que los agricultores no pueden hacer.
Dictan qué tipo de semillas
no pueden venderse, no pueden intercambiarse y en algunos casos incluso
no pueden usarse. ¡Todo en nombre de la regulación comercial y la
protección de los productores agrícolas! En este sentido, las leyes
de semillas se complementan con los regímenes de derechos de propiedad
intelectual (DPI) como la protección de variedades vegetales y las
patentes. Los dos tipos de leyes — regulaciones para la comercialización
y derechos de propiedad— se refuerzan mutuamente. 1
Si algo ha cambiado desde entonces, es que las estrategias de
privatización se han multiplicado y se han hecho más extremas y
ambiciosas. Lo que empresas y gobiernos no esperaban es que
simultáneamente se han multiplicado las resistencias desplegadas a nivel
nacional y regional.
¿Que es UPOV?
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales
(UPOV) es una organización intergubernamental con sede en Ginebra
(Suiza). La UPOV fue creada por el Convenio Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales. El Convenio fue adoptado en
París en 1961, y fue revisado en 1972, 1978 y 1991. Según su propia
definición “la misión de la UPOV es proporcionar y fomentar un sistema
eficaz para la protección de las variedades vegetales, con miras al
desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la
sociedad”. 2 En el lenguaje de UPOV, "protección" significa
privatización.
La historia de UPOV muestra una expansión permanente y aparentemente sin
límite de los derechos de las empresas semilleras junto a una reducción
también permanente y sin límites de los derechos y libertades de agricultores y campesinos.
El Convenio original otorgaba derechos de propiedad solamente sobre
variedades que hubiesen sido desarrolladas por quien solicitaba la
privatización, concedía poco más que el derecho exclusivo de
comercializar una variedad privatizada y no establecía sanciones
específicas. Con las sucesivas transformaciones en 1972, 1978 y 1991,
UPOV actualmente concede propiedad sobre variedades "descubiertas" y
otorga derechos monopólicos sobre la producción, comercialización,
exportación, importación, además de permitir a las empresas pedir la
confiscaciòn de cultivos, plantaciones, cosechas y productos derivados
de la cosecha. Asimismo, establece que las empresas pueden demandar
penalmente, lo que implica penas de cárcel.
El Convenio UPOV 91 es el que hoy se está intentando imponer en todo el
mundo bajo el pretexto de la “protección”. Sin embargo en el presente
está ampliamente demostrado que UPOV 91 niega los derechos de los agricultores
tanto a nivel particular como en su sentido más amplio al cercenar su
derecho a guardar semilla para la siembra y permitir a las corporaciones
adueñarse de la biodiversidad, logrando un control comercial completo
sobre las semillas y los conocimientos de las comunidades. Además los
criterios de protección de obtenciones en UPOV exacerban la erosión de
la biodiversidad por promover la uniformidad de las semillas.
Esto es tremendamente peligroso pues la uniformidad conduce a pérdidas
de cosecha y a mayor inseguridad alimentaria. Finalmente la
privatización de las semillas afecta negativamente a la investigación y
el intercambio de conocimientos.
En América Latina y el Caribe son miembros de UPOV Argentina, Bolivia
(Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Trinidad y Tobago y Uruguay. De estos Costa Rica, Panamá, República
Dominicana y Perú son los únicos que en este momentos aplica UPOV 91. 3
El saco sin fondo de las ambiciones empresariales
Las leyes de semillas que hoy buscan imponerse son una aplicación irrestricta y a menudo ampliada de UPOV 91. Por lo tanto,
a) Permiten la privatización de variedades “descubiertas”, lo que además de ser absurdo desde el punto de vista de los supuestos principios de la propiedad intelectual (que dice privatizar sólo lo inventado), es un absurdo en el ámbito de las semillas, ya que toda variedad vegetal es obra humana. En otras palabras, las nuevas leyes permiten a las empresas o centros de investigación apropiarse del trabajo ajeno, más específicamente de las semillas campesinas. Este robo se ve facilitado por el hecho que la circulación de una variedad por circuitos locales campesinos no impide que quien se apropie de ella la defina como “nueva”.
b) El robo luego es llevado hasta límites impensables cuando las nuevas leyes expanden la propiedad otorgada a toda variedad “similar”, sin importar cuánto tiempo ella haya existido. Es decir, las leyes UPOV buscan imponer un robo con retroactividad. Una cláusula como ésta fue incluida en la resolución 970 del ICA en Colombia, inclusión que fue uno de los detonantes del Paro Agrario que se llevó a cabo en Colombia y que obligó al gobierno colombiano a retirar tal resolución.
c) Las sanciones contra quienes no obedezcan el absurdo aumentan significativamente, permitiendo la confiscación no sólo de las semillas que se consideren “ilegales”, sino también de los cultivos, plantaciones, cosechas y productos elaborados que provengan de tales semillas. Los procedimientos judiciales para tales confiscaciones serán del tipo sumario, lo que significa que se harán de manera rápida y con poca exigencia de pruebas. La experiencia práctica permite temer fundamentadamente que las empresas desplegarán estrategias de acusaciones múltiples sin mayores pruebas para amedrentar a campesinos y agricultores “díscolos”. La situación se agrava más aún por el hecho que al empresariado se le otorga explícitamente la posibilidad de perseguir penalmente a los agricultores, imponiendo penas de cárcel.
a) Permiten la privatización de variedades “descubiertas”, lo que además de ser absurdo desde el punto de vista de los supuestos principios de la propiedad intelectual (que dice privatizar sólo lo inventado), es un absurdo en el ámbito de las semillas, ya que toda variedad vegetal es obra humana. En otras palabras, las nuevas leyes permiten a las empresas o centros de investigación apropiarse del trabajo ajeno, más específicamente de las semillas campesinas. Este robo se ve facilitado por el hecho que la circulación de una variedad por circuitos locales campesinos no impide que quien se apropie de ella la defina como “nueva”.
b) El robo luego es llevado hasta límites impensables cuando las nuevas leyes expanden la propiedad otorgada a toda variedad “similar”, sin importar cuánto tiempo ella haya existido. Es decir, las leyes UPOV buscan imponer un robo con retroactividad. Una cláusula como ésta fue incluida en la resolución 970 del ICA en Colombia, inclusión que fue uno de los detonantes del Paro Agrario que se llevó a cabo en Colombia y que obligó al gobierno colombiano a retirar tal resolución.
c) Las sanciones contra quienes no obedezcan el absurdo aumentan significativamente, permitiendo la confiscación no sólo de las semillas que se consideren “ilegales”, sino también de los cultivos, plantaciones, cosechas y productos elaborados que provengan de tales semillas. Los procedimientos judiciales para tales confiscaciones serán del tipo sumario, lo que significa que se harán de manera rápida y con poca exigencia de pruebas. La experiencia práctica permite temer fundamentadamente que las empresas desplegarán estrategias de acusaciones múltiples sin mayores pruebas para amedrentar a campesinos y agricultores “díscolos”. La situación se agrava más aún por el hecho que al empresariado se le otorga explícitamente la posibilidad de perseguir penalmente a los agricultores, imponiendo penas de cárcel.
Este es el corazón de las leyes UPOV. Otros elementos altamente dañinos
también han sido introducidos en algunas propuestas de ley. El proyecto
chileno inicialmente entregaba el control de la aplicación de la ley a
las empresas semilleras, creando de facto una policía privada. El
proyecto argentino crea un registro obligatorio de usuarios de semillas,
lo que significa que todo el que quiera sembrar debe registrarse.
Pero los intentos de privatización van más allá de UPOV. La
certificación y las leyes de comercialización han sido centrales en la
privatización de semillas de México y Colombia. Brasil está utilizando
normas de comercialización. En Argentina avanza la privatización de
eventos biotecnológicos y en todo el Cono Sur las empresas están creando
su mundo legal paralelo a través de la imposición de contratos privados
para cobro de regalías. A ello se agregan casi universalmente las
políticas crediticias y de asistencia técnica que exigen el uso de
semillas provenientes de las empresas o de los centros de investigación.
Todos estos mecanismos actúan conjuntamente y complementándose para desde distintos frentes intentar el fin último del control absoluto de las semillas.
Todos estos mecanismos actúan conjuntamente y complementándose para desde distintos frentes intentar el fin último del control absoluto de las semillas.
La resistencia crece y se multiplica
Pero también es en América Latina donde las resistencias se están
expresando de manera más contundente y donde los pueblos han logrado
frenar en muchos países estos intentos de doblegar su autonomía. A
continuación hacemos un recorrido por la situación en los diferentes
países donde el protagonismo popular y campesino ha sido clave para
detener estos avances corporativos y donde las luchas hoy continúan cada
día.
Chile
La ofensiva de UPOV en Chile difiere poco de lo que está intentando
imponer en muchos otros países. Diversos artículos facilitan la
apropiación de semillas locales por parte de las empresas, criminalizan
el uso de semillas propias por parte del campesinado, e imponen
elementos absurdos como que aquellas empresas que registran alguna
variedad como propia luego pueden impedir el uso de cualquier semilla
que se le parezca. Y la amenaza de la confiscación de semillas, cultivos
y plantaciones es parte de las nuevas que se imponen a las familias
campesinas que osen continuar haciendo lo que han hecho toda su vida.
Lo que las empresas y el gobierno no esperaban es la reacción social que poco a poco se ha ido construyendo en Chile. La ley de semillas
de acuerdo a UPOV 91 fue aprobada en primer trámite en el año 2010, a
pesar de la fuerte oposición de diversas organizaciones campesinas —
especialmente de ANAMURI y de la CLOC-VC —, así como de grupos de la
sociedad civil.
A pesar de esta primera derrota, las organizaciones siguieron informando
y denunciando los contenidos de la ley, por lo que cuando Chile adhirió
al Convenio UPOV 91, la oposición fue muchísimo más amplia y activa, lo
que llevó a un grupo de senadores a solicitar que el Tribunal
Constitucional declarara la inconstitucionalidad de esta adhesión. Aquí
se sufrió una nueva derrota, pero el trabajo de información siguió y se
amplió, entre otros medios, a través de las muchas movilizaciones
sociales que se han realizado en el país desde 2011.
Actualmente, el rechazo a la privatización de las semillas y a la Ley
UPOV 91 es una preocupación nacional y transversal que hasta hace poco
había impedido que la ley fuese aprobada en segundo trámite. Sin
embargo, el gobierno de derecha —bajo la presión del gobierno de Estados
Unidos— le dio urgencia a este segundo trámite, intentando empujarla
sin que las organizaciones pudiesen reaccionar. La movilización esta vez
fue a nivel nacional y por todo tipo de medios, desde marchas en todo
el país que causaron gran impacto, a campañas de información por
internet, a programas de radio, entrevistas por televisión, a talleres
de información en comunidades rurales, universidades, reuniones con
autoridades religiosas, conversaciones e intercambio de información con
senadores, etc.
El impacto de miles de personas movilizándose, presionando a senadores y
protestando, fue suficientemente fuerte como para romper al menos
parcialmente el férreo cerco informativo que se vive en Chile y para
convencer a una mayoría de los senadores (21 de 38) a comprometerse a
votar en contra del proyecto de ley.
Ante esta nueva situación, el gobierno retiró la ley de la votación, con
el fin de postergarla hasta después de las elecciones que se harán en
noviembre de 2013, cuando varios de los senadores actualmente
comprometidos contra la ley habrán cesado sus labores parlamentarias.
A la fecha en que se escribe esta nota, comienzos de octubre de 2013,
las organizaciones campesinas y de la sociedad civil seguirán
movilizándose para exigir que el voto de rechazo se haga efectivo a la
brevedad.
Argentina
El Proyecto de modificación de la Ley de Semillas en Argentina es fruto de un lobby concreto de Monsanto
que comenzó en el 2003 cuando la empresa comenzó a solicitar que se
cambiara la Ley de Semillas para garantizar la “seguridad jurídica” de
sus inversiones en transgénicos. En ese entonces no encontró ecos en el
gobierno y anunció que se retiraba del país no introduciendo nuevos
eventos. En su lucha por el cobro de regalías, Monsanto frenó embarques
enteros de soja transgénica en puertos de Europa con demandas judiciales
porque contenían genes de su propiedad y Argentina no admitía el pago
de regalías. Finalmente esta demanda fue ganada por Argentina cuando los
tribunales europeos desestimaron la demanda de Monsanto.
Si bien durante los últimos años de la década pasada el gobierno anunció en varias ocasiones que iba a presentar una nueva Ley de Semillas
al Congreso fue recién en el año 2012 que se produce un radical cambio
de postura sobre el tema. En junio del 2012 la presidenta Cristina
Fernández anuncia en el
Consejo de las Américas que a partir de sus conversaciones con Monsanto
la empresa volvería a realizar inversiones en el país con eje en una
planta de procesamiento de maíz transgénico en el Barrio Malvinas
Argentinas en la Ciudad de Córdoba.
A los pocos meses, en una conferencia de prensa conjunta, el Ministro de
Agricultura Norberto Yahuar y Pablo Vaqueros, Presidente de Monsanto
Argentina anunciaron la aprobación y lanzamiento de la nueva soja
transgénica RR2 “Intacta” (resistente al glifosato e insecticida) y la
modificación de la Ley de Semillas
para proteger a los inversores por “los grandes gastos que tienen”. El
compromiso allí explicitado fue presentar la Ley al Congreso antes de
fines del 2012 para que fuera tratada y aprobada.
La reacción de las organizaciones sociales no se hizo esperar y fue
mucho más contundente cuando se hizo público que el borrador en
discusión estaba siendo negociado en secreto dentro del Ministerio de
Agricultura por las grandes cámaras semilleras y los grandes
terratenientes del país. El rechazo a la modificación de la Ley de
Semillas se extendió ampliamente en la sociedad y diferente colectivos
incluyeron la demanda en diferentes actividades, movilizaciones, charlas
y documentos.
Los análisis de las organizaciones sociales de una copia filtrada del
proyecto en discusión encontraron que el mismo introducía, a partir de
modificaciones en el articulado de la Ley vigente (que data del año
1973), casi todos los contenidos de UPOV 91 y las restricciones que esta
norma impone.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena junto a Amigos de la Tierra y
GRAIN comenzó una campaña de recolección de firmas que hacia fines de
noviembre contaba ya con más de 500 adhesiones de organizaciones
sociales y más de 3 mil 500 firmantes particulares.
El documento “10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que
pretende privatizar las semillas en la Argentina” 4 expresa que “la ley
propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta
la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio
colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y
los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio inaceptable,
el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas
formas de vida” y que “Abre las puertas para que se profundice la
expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de
Argentina. El proyecto de ley hace posible la mayor privatización de
los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al
expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies
vegetales”. Además “ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han
estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el
seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar
semilla libremente a partir de la cosecha anterior”.
El documento concluye con un llamado a “Rechazar un proyecto de ley que
atenta gravemente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país.
La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene
la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo
la seguridad y soberanía alimentaria de Argentina a través de la
concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que
están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de
soberanía para nuestro pueblo”.
El extendido rechazo que muy pronto encontró eco en varios sectores del
oficialismo produjo que el Proyecto nunca ingresara al Parlamento, lo
que fue entendido por las organizaciones como una victoria parcial.
Durante los primeros meses del año 2013 el Ministro de Agricultura
expresó que por ser un año electoral el Proyecto no sería enviado al
Congreso pero ante evidentes nuevas presiones de Monsanto
a las pocas semanas el Secretario de Agricultura anunció que ni bien
concluyeran las elecciones el Proyecto ingresaría al Congreso.
Mientras tanto Monsanto no permanece en actitud de espera si no que
mantiene su ofensiva obligando a los compradores de la nueva soja
transgénica rr2 “intacta” a firmar un “contrato de regalías extendidas”.
Monsanto informa en su página web para esta soja 5 que "Los productores
que deseen optar, a su criterio y decisión, por utilizar semillas de
soja conteniendo la tecnología intacta rr2 deberán suscribir con
Monsanto una licencia limitada de uso de la tecnología". Una particular
manera de entender el “criterio propio y decisión” de los productores
que ronda la ilegalidad.
La movilización y la atención de la sociedad sigue de cerca cada paso
que se da tratando de avanzar con La ley y hoy está presente en la lucha
que los vecinos de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y las Madres
de Barrio Ituzaingó Anexo están dando en el Bloqueo a la Planta que
Monsanto está intentando construir allí y que lleva mas de tres semanas
de bloqueo.
Colombia
En abril del año 2102 el Congreso de la República de Colombia aprobó la
Ley 1518 por medio de la cual se aprobó el "Convenio Internacional para
la Protección de las Obtenciones Vegetales" cumpliendo los “deberes” que
el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos le imponía para
proteger los intereses de las grandes corporaciones del agronegocio.
La organizaciones sociales denunciaron rápidamente que la aprobación se
había realizado desconociendo disposiciones de rango superior y
desarrollos normativos y jurisprudenciales internacionales que consagran
las obligaciones del Estado de garantizar y respetar los derechos de
quienes están bajo su jurisdicción y específicamente la obligación de
velar por la soberanía y seguridad alimentaria de la población.
Según el Grupo Semillas y la Campaña Semillas de Identidad el Convenio
Internacional fue ratificado “sin garantizar el derecho fundamental a la
consulta previa de las minorías étnicas” y su objetivo principal es
buscar “la concesión y consecuente protección de derechos de obtentor de
géneros y especies vegetales estableciendo, por un lado, determinadas
condiciones que no pueden cumplir las variedades nativas y criollas
porque el mejoramiento genético que han realizado los agricultores se
basa en un enfoque y principios totalmente diferentes al que realizan
los fitomejoradores modernos, y por otro, los alcances de su
reconocimiento protegiendo intereses económicos de algunos e imponiendo
el uso de semillas protegidas legalmente por requerimiento de las
empresas transnacionales”. 6
A partir de este análisis diversas organizaciones realizaron una
presentación ante la Corte Constitucional logrando en diciembre del 2012
que la Corte Constitucional declarara INEXEQUIBLE la Ley 1518. 7 De
esta manera se logró frenar el avance de UPOV 91 bajo el argumento de la
falta de consulta previa a los pueblos indígenas y tribales sobre
medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente,
bajo el amparo del Convenio 169 de la OIT, en cuyo artículo 6º se
establece la obligatoriedad de dicha consulta. Si bien la amenaza de la
aprobación de UPOV aún permanece, hasta el momento no se ha puesto en
marcha el proceso de consulta requerido por la Corte. Esto produjo la
preocupación de los Estados Unidos que hizo conocer a través de los
medios su “pleno derecho de pedir que Colombia compense los perjuicios
ocasionados por la decisión de la Corte Constitucional colombiana de
declarar inexequible las Leyes 1518 y 1520, que establecieron una serie
de normas requeridas para la firma del Tratado de Libre Comercio con ese
país”. 8
Pero durante el año 2013 los acontecimientos ligados a las luchas
campesinas volvieron a poner a las semillas en el centro de la escena.
Fue a partir de la difusión del Documental “9.70 la historia de la
semilla privatizada”9 de la joven directora Victoria Solano, que se
comenzó a multiplicar entre la sociedad el impacto de las normas que
privatizan las semillas.
La disposición 9.70 del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) data del
año 2010 y pretende controlar la producción, uso y comercialización de
semillas en el país. Esta resolución aplica los conceptos de la
propiedad intelectual a las semillas y fue promulgada como requisito
para la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y
Estados Unidos. “El documental analiza los impactos de la resolución
tomando como ejemplo el caso Campoalegre, un pueblo al sur de Colombia
donde se aplicó la resolución. En el 2011 el Instituto Colombiano
Agropecuario, ICA, llegó hasta el municipio e incautó 70 toneladas de
arroz, luego volvió con fuerza pública, y finalmente destruyó la semilla
en un basurero por considerarla ilegal” exponen sus autores.
El fuerte impacto público que tuvo el documental coincidió con el inicio
de las movilizaciones campesinas del 19 de agosto que conmovieron al
país y rápidamente el rechazo a la disposición 9.70 se sumó a los
múltiples reclamos campesinos.
A partir de estas luchas la norma 9.70 fue “congelada por dos años”, lo
que representa un inmenso triunfo de las organizaciones campesinas y
sociales de Colombia. Sin embargo, en el presente resulta claro que lo
que el pueblo de Colombia exige es que esta resolución sea completamente
derogada de la misma forma que cualquier intento de imponer UPOV 91 por
otras vías. 10
Venezuela
En Venezuela está en la pauta para el tratamiento de la Asamblea
Nacional un proyecto de modificación de la Ley de Semillas que ha
provocado mucha preocupación en las organizaciones sociales. Por un lado
este Proyecto de Ley plantea una situación muy compleja pues pretende
reglamentar la prohibición de los transgénicos en Venezuela y al mismo
tiempo legislar las cuestiones de propiedad intelectual.
La Campaña Venezuela Libre de Transgénicos 11 ha venido dando seguimiento a este proyecto y realizado observaciones proponiendo la “prohibición de las semillas transgénicas en el país, la prohibición de cualquier figura de derecho de propiedad intelectual o patentes sobre las semillas, y la solicitud de ampliar el debate de la ley desde la construcción colectiva con los colectivos y movimientos populares revolucionarios”.
Las declaraciones públicas de los impulsores de la ley hablan de que la misma prohibirá los transgénicos en Venezuela pero la campaña ha expresado sus preocupaciones en relación al “articulado de la propuesta de ley que continúa reconociendo derechos de obtentor (figura de propiedad intelectual sobre la semilla), no define claramente los mecanismos de control y sanción de las semillas transgénicas, establece fiscalizaciones rigurosas a la semilla campesina, establece sanciones que pueden criminalizar las prácticas de intercambio tradicionales, aún no establece mecanismos de participación del poder popular, entre otros, todos aspectos que consideramos elementos de lucha del movimiento popular en el debate de esta ley”.
El compromiso de un amplio debate público y la fuerte movilización de los movimientos sociales abre las puertas para que se produzcan en el proyecto modificaciones que respondan a las demandas que se están realizando.
La Campaña Venezuela Libre de Transgénicos 11 ha venido dando seguimiento a este proyecto y realizado observaciones proponiendo la “prohibición de las semillas transgénicas en el país, la prohibición de cualquier figura de derecho de propiedad intelectual o patentes sobre las semillas, y la solicitud de ampliar el debate de la ley desde la construcción colectiva con los colectivos y movimientos populares revolucionarios”.
Las declaraciones públicas de los impulsores de la ley hablan de que la misma prohibirá los transgénicos en Venezuela pero la campaña ha expresado sus preocupaciones en relación al “articulado de la propuesta de ley que continúa reconociendo derechos de obtentor (figura de propiedad intelectual sobre la semilla), no define claramente los mecanismos de control y sanción de las semillas transgénicas, establece fiscalizaciones rigurosas a la semilla campesina, establece sanciones que pueden criminalizar las prácticas de intercambio tradicionales, aún no establece mecanismos de participación del poder popular, entre otros, todos aspectos que consideramos elementos de lucha del movimiento popular en el debate de esta ley”.
El compromiso de un amplio debate público y la fuerte movilización de los movimientos sociales abre las puertas para que se produzcan en el proyecto modificaciones que respondan a las demandas que se están realizando.
México
Tras la puesta en vigor del TLCAN, se fue articulando un escenario de
leyes combinadas 12 que incluyó a “la ley de Variedades Vegetales”
(1996) 13, la puesta en vigor de la ley de Bioseguridad de 2005 14 y la
nueva ley de Semillas, de 2007 15 mediante las cuales el sistema
jurídico mexicano dio un paso muy grande hacia el registro, la
certificación, el patentamiento
y privatización de las semillas, buscando imponer semillas de
laboratorio diseñadas y criminalizando la custodia e intercambio de
semillas nativas por los canales de confianza que durante siglos fueron
la base de los sistemas alimentarios indígenas, campesinos, a nivel
nacional.
Aunque México no se ha suscrito a la versión 1991 del Convenio, ya su
ley de Semillas de 2007 explícitamente promueve la criminalización de
las semillas nativas, criterios inconsistentes con el comportamiento de
las semillas en la vida cotidiana de las comunidades estableciendo
criterios abstractos de calidad y una “estabilidad” que implicaría un
congelamiento de sus características, casi que la “obligación de no
seguir evolucionando”. 16
Esto, junto con la Ley de Variedades Vegetales, de 1996 (parte de las
obligaciones de ser miembro de UPOV) y su reglamento de 1998, abrió la
explotación y aprovechamiento privados de variedades vegetales y
materiales de propagación y su concesión pagada y venta mediante
reglamentaciones muy favorables a las corporaciones.
En 2012, un sinnúmero de organizaciones campesinas y de la sociedad
civil lograron detener el intento de que la Ley Federal de Variedades
Vegetales se reformara hacia lineamientos más afines con UPOV 91. La
reforma habría sido muy grave, porque concedía a los obtentores privados
“el beneficio exclusivo [monopólico] procedente de ventas de semillas u
otros materiales vegetales hasta por 15 años, o 18 en el caso de
plantas perennes, ornamentales, forestales —aun cuando las plantas que
se utilicen para desarrollar nuevas variedades sean del dominio
público”. 17 Se incluían los organismos genéticamente modificados en
coherencia con la ley de Bioseguridad, “lo cual es absurdo dado que los
OGM son creados por la introducción de material genético que no es
vegetal”. 18
La Ley de Variedades Vegetales recargada habría sido clave para
potenciar a la ley de Semillas de 2007, pues habría promovido una
policía de las semillas, un sistema de fiscalización y decomiso de las
semillas no certificadas, clasificadas absurdamente como “piratas”, por
no contar con factura, registro o certificación, pese a haberse guardado
e intercambiado por lo menos hace 6 mil años. La reforma de la Ley de
Variedades está pospuesta, pero seria un error pensar que está
desactivada su aprobación. 19
En el resto de América Latina y el Caribe la situación difiere según
existan o no Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con los Estados
Unidos. Es el caso de Costa Rica y República Dominicana que por la firma
del CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica-República
Dominicana y Estados Unidos) han debido cambiar sus legislaciones para
adaptarse al TLC o de Perú que también ha firmado un TLC con EEUU. En el
resto del Continente y aunque en estos momentos no haya ofensivas las
presiones para la adhesión a UPOV 91 son permanentes y es muy posible
que en algunos países, como Paraguay, por ejemplo, en los próximos meses
se produzcan embates en esa dirección.
Las resistencias dan sus frutos
Lo sorprendente en un contexto de avance del agronegocio en toda la
región es que las resistencias al control corporativo de las semillas
han dado sus frutos en casi todos los países donde se han presentado
estas ofensivas.
En Argentina el Proyecto de Ley de Semillas no salió de su ámbito de
discusión secreto en el Ministerio de Agricultura y jamás tomó estado
parlamentario.
En Chile las organizaciones lograron que una mayoría de los senadores se
comprometieran a votar contra el Proyecto de Ley Monsanto.
En Colombia la movilización campesina logró que la Resolución 9.70 fuera frenada.
En Venezuela existen firmes compromisos para que los principios que impulsó Hugo Chávez no sean traicionados.
También en México las luchas sociales impidieron que Ley Federal de
Variedades Vegetales se reformara hacia lineamientos más afines con UPOV
91.
Todo esto para el mes de octubre del 2013. No sabemos que ocurrirá en
los próximos meses. Pero está claro que estas victorias no significan
que las batallas contra la apropiación estén ganadas. Los movimientos
sociales son muy consientes de que la situación actual plantea el
desafío de seguir construyendo articulaciones, conciencia y nuevos
aliados para enfrentar los embates que habrá de aquí en adelante y
seguir defendiendo a las semillas como Patrimonio de los Pueblos al
Servicio de la Humanidad; poniéndole el cuerpo a esta hermosa consigna
de la Campaña de la Semilla de la Vía Campesina.
Fuente. EcoPortal.net
Grain
